Defensa de González Urrutia pide a fiscal "no criminalizar" política en Venezuela
La defensa del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia pidió este miércoles a la fiscalía "no criminalizar" la política, tras la emisión de una orden de captura en su contra como parte de una investigación relacionada a sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales.
"Se hace un llamado al fiscal general de la República a no criminalizar, a no judicializar hechos que no revisten carácter penal, a no iniciar una persecución política", dijo a la prensa el abogado José Vicente Haro en un intento por frenar la investigación iniciada contra el opositor por la difusión de copias de las actas electorales en una página web.
La oposición liderada por María Corina Machado asegura que esa plataforma es prueba de la victoria de González Urrutia con más del 60% de los votos en la elección en la que fue proclamado Nicolás Maduro reelecto para un tercer período, sin que las autoridades presentaran el detalle del escrutinio como exige la ley.
La fiscalía acusa a González por supuesta "desobediencia de leyes", "conspiración", "usurpación de funciones" y "sabotaje".
Haro acudió a la fiscalía general para entregar un escrito legal en el que se justifica la ausencia de su defendido en las tres citaciones emitidas por ese despacho y que derivaron en el pedido de arresto.
"En términos generales contiene las razones desde el punto de vista constitucional, jurídico y legal, por las cuales él no compareció ante el Ministerio Público, ante la representación fiscal que se le indicó", sostuvo Haro, que además denunció irregularidades al momento de entregar el documento.
"Prácticamente me lo confiscaron", dijo al señalar que no le dieron acuse de recibo por supuestas fallas en el sistema. Lo convocaron de nuevo para la tarde.
"Este es el tipo de situaciones por las cuales el señor Edmundo González Urrutia no compareció para la citación que se le hizo", añadió.
González Urrutia y Machado se encuentran en la clandestinidad desde hace más de un mes.
Opositores y juristas coinciden en señalar que la justicia venezolana opera al servicio del chavismo gobernante.
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