Dudas sobre el impuesto del 100% a compras inmobiliarias de extranjeros en España

La propuesta del Gobierno español de izquierda de imponer un impuesto de hasta el 100% a los extranjeros no europeos que compren bienes inmuebles es una medida de alto valor simbólico pero cuya eficacia genera dudas.

La medida, que busca contribuir a la lucha contra la crisis inmobiliaria y que aún no ha sido aprobada por el Parlamento, sigue a la eliminación de los llamados "visados de oro", el permiso de residencia que se otorgaba a los extranjeros no comunitarios que invertían 500.000 euros (unos 514.000 dólares) en una empresa o propiedad española.

- ¿Cuáles son las cifras?

"Solo en el año 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron en España alrededor de 27.000 casas y pisos", señaló el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Ese año se registraron 638.552 transacciones inmobiliarias, de ellas 123.159 realizadas por extranjeros, residentes o no u originarios o no de la UE, el 19,3% del total, según cifras del Ministerio de Vivienda.

La medida hará "más difícil la compra de viviendas por parte de no europeos, pero eso no va a hacer automáticamente que las viviendas sean más baratas, primero porque el porcentaje de compras de este público tampoco es tan alto", apunta Joan Carles Amaro, profesor de Economía en la escuela de negocios Esade, con sede en Barcelona.

En algunas regiones, concretamente en las zonas costeras y los archipiélagos de Canarias y Baleares, el porcentaje de viviendas adquiridas por extranjeros (sin distinción) es significativamente superior al nacional: en 2023, alcanzó el 31,5% en Baleares, 29,2% en Valencia y 28,6% en Canarias.

Por el contrario, en Madrid, donde la crisis inmobiliaria también es fuerte, la tasa es de solo 6,3%.

- ¿Quiénes son los compradores?

Según datos del registro inmobiliario, los británicos, que desde el Brexit son ciudadanos extracomunitarios, encabezaron en 2023 las compras de propiedades, con un 9,5% de todas las transacciones realizadas por extranjeros.

Detrás de ellos, alemanes (7,2%) y franceses (6,7%), aunque pertenecen a la UE; luego marroquíes (5,4%) y otras comunidades europeas (Bélgica, Italia, Rumania, Países Bajos).

- ¿Existen precedentes?

Hoy en España, para comprar una propiedad antigua se paga un impuesto de transmisiones patrimoniales del 6% al 11% del precio de compra, o si es vivienda nueva, un IVA del 10%, sin distinción según el origen del comprador.

Sánchez explicó que su medida se inspira en disposiciones similares en Dinamarca y Canadá.

Canadá prohíbe la compra de viviendas a extranjeros no residentes para "utilizar todos los medios posibles para que la vivienda sea más asequible", según el Ministerio de Finanzas.

La medida, implementada a principios de 2023, fue prorrogada a principios de año hasta el 1 de enero de 2027.

En Dinamarca, para un extranjero no residente es casi imposible comprar una vivienda: el acceso a la propiedad está reservado a personas que hayan vivido en el país al menos cinco años y hayan obtenido una autorización especial de la cancillería. Para los ciudadanos de la UE los requisitos son más laxos.

- ¿Cómo ha sido recibida la medida?

En una zona con alto porcentaje de compradores extranjeros, la isla balear de Mallorca, Bernd Kunze, socio de una agencia inmobiliaria, se muestra escéptico: "Esta ley no ayudaría a los ciudadanos españoles porque necesitan viviendas baratas para alquilar" y no propiedades de lujo, como las que maneja su agencia, dice.

En el Reino Unido, que tiene a unos 100.000 jubilados viviendo en España, según cifras de Richard Donnell, director del sitio web británico de anuncios inmobiliarios Zoopla, el anuncio de Pedro Sánchez no ha pasado desapercibido.

"Cientos de miles de británicos, jubilados o todavía activos, están abandonando el Reino Unido en busca de climas más cálidos en Europa", afirma Stephen Abletshauser, un abogado del gabinete Spencer West.

Y las medidas anunciadas por Sánchez pueden suscitar preocupación.

"La simple introducción de un impuesto tan draconiano sugiere la posibilidad de impuestos adicionales a los propietarios de bienes inmuebles que ya se encuentran en España, sobre todo aquellos que no son de la UE", agrega.

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