EEUU: 3ra persona se declara culpable en investigación de corrupción contra representante Cuellar
AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Investigadores federales aseguraron una declaración de culpabilidad de una tercera persona como parte de una pesquisa en torno al representante federal por Texas Henry Cuellar por cargos de que aceptó sobornos por casi 600.000 dólares de parte de una compañía energética controlada por Azerbaiyán y de un banco mexicano.
Irada Akhoundova, de 67 años, se declaró culpable el 1 de mayo ante un tribunal federal de Houston de haber actuado como agente para Azerbaiyán sin antes haberse registrado ante las autoridades federales. Los detalles de su declaración de culpabilidad fueron desprecintados el 9 de mayo.
Las autoridades federales han acusado a Cuellar, de 68 años, y a su esposa Imelda Cuellar, de 67, de aceptar el dinero entre 2014 y 2021 a cambio de que el legislador promoviera los intereses de la antigua república soviética y del banco mexicano en Estados Unidos. Cuellar asegura que son inocentes.
Uno de los principales colaboradores de Cuellar, Colin Strother, y una asesora política y empresarial de Texas, Florencia Roden, concretaron acuerdos de culpabilidad en marzo pasado por cargos graves de lavado de dinero en relación con el banco mexicano.
Según los registros de la corte, el acuerdo de culpabilidad de Akhoundova es parte de la misma investigación, y a diferencia de los otros dos, establece que “coopera plenamente con Estados Unidos”. Los supuestos sobornos para promover intereses azerbaiyanos superaron los 300.000 dólares.
“Siempre que Akhoundova diga la verdad, no tenemos nada de qué preocuparnos”, dijo el abogado de Cuellar, Chris Flood. “El congresista Cuellar nunca accedió actuar como agente extranjero y siempre ha votado con la consciencia y tomando en cuenta lo más conveniente para sus representados, al igual que muchos de sus colegas”.
El acuerdo de culpabilidad de Akhoundova la describe como “una miembro en activo de la comunidad azerbaiyana-estadounidense de Texas”. Añade que trabajó entre 2014 y 2017 como directora de una filial en Texas de una compañía energética azerbaiyana, en donde remitió recibos falsos por consultorías y ayudó a facilitar pagos que consideró “convenían” a la compañía petrolera y al gobierno de Azerbaiyán.
El acuerdo con la fiscalía también indica que ayudó a sabiendas a establecer otra compañía afiliada en Texas que actuaría a nombre del gobierno azerbaiyano y de una compañía petrolera estatal, sin haberse registrado como agente de una entidad extranjera.
Akhoundova enfrenta una condena de hasta cinco años en prisión. Un abogado de Akhoundova no ha respondido a un mensaje enviado en busca de comentarios.
De acuerdo con las actas de acusación en contra de los Cuellar, la compañía energética azerbaiyana realizó en un principio los pagos a través de una empresa fantasma con sede en Texas propiedad de Imelda Cuellar y de dos de los hijos de la pareja. La compañía recibió pagos mensuales por 25.000 dólares en virtud de un “contrato falso”, presuntamente a cambio de servicios de asesoría y consultoría estratégica no especificados.
Las autoridades de Azerbaiyán querían generar apoyo para el país en su conflicto con Armenia en torno a un territorio disputado, el estatus migratorio de los ciudadanos azerbaiyanos, y promover al país como un aliado estratégico de Estados Unidos, según la acusación formal.
Entre otras cosas, Cuellar accedió a influir en iniciativas benéficas para Azerbaiyán y pronunciar un discurso a favor del país en el pleno de la Cámara de Representantes federal, según el acta acusatoria.
Cuellar fue copresidente en algún momento de la bancada azerbaiyana en el Congreso, y el acta acusatoria en su contra asegura que un diplomático azerbaiyano se refería a él en mensajes de texto como “el Jefe”.
Además de soborno y asociación delictuosa, los Cuellar enfrentan cargos como asociación delictuosa para cometer fraude electrónico, actuar como agentes de entidades extranjeras, y lavado de dinero. De ser declarados culpables, podrían pasar décadas en prisión, y perderían cualquier propiedad relacionada con los ingresos de la presunta trama.
AP
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