EEUU habla enérgicamente sobre inmigración ilegal, pero ignora una herramienta que podría reducirla
LA NACION
El gobierno de Estados Unidos está promoviendo meidas enérgicas en torno a la inmigración, que incluyen poner a inmigrantes esposados en aviones militares, expandir las detenciones de personas que se encuentran en el país de manera ilegal y suspender programas que otorgaban permiso a algunos para quedarse.
Una herramienta que está notablemente ausente de los esfuerzos del presidente Donald Trump para reducir la inmigración ilegal es la persecución de las empresas que contratan trabajadores que están en el país de manera ilegal.
Un sistema gubernamental de casi 30 años de antigüedad llamado E-Verify facilita la verificación para saber si los posibles empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
El programa ha tenido defensores de alto perfil. El Proyecto 2025, el plan de la extrema derecha para el segundo mandato de Trump, pidió que fuera obligatorio.
Sin embargo, sigue siendo en gran medida voluntario y rara vez se implementa. Los propios hoteles y campos de golf de Trump tardaron en adoptar el E-Verify.
El debate sobre la utilización del programa en el lugar de trabajo es, en muchos sentidos, un reflejo de las complejas opiniones que hay en el país sobre la inmigración, su dependencia económica de la mano de obra inmigrante y una división republicana que se cuece en silencio.
“Hay una cierta cantidad de personas que puedes reunir y deportar” que son criminales o fugitivos, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una reducción de la inmigración y tiene estrechos vínculos con el gobierno Trump. “Para hacer una reducción profunda en la población ilegal, tiene que hacerse al menos en parte a través de la aplicación en el lugar de trabajo".
La orden de Trump que declara una emergencia nacional en la frontera sur utilizó términos oscuros, describiendo un país en caos debido a una “invasión” de inmigrantes. Ha vinculado la inmigración ilegal con el crimen violento y ha afirmado que los países están vaciando prisiones, instituciones mentales y “asilos de locos” para enviar personas peligrosas a Estados Unidos.
La realidad es a menudo mucho más prosaica. Muchos inmigrantes que viven aquí ilegalmente están trabajando. Están reparando techos y automóviles, instalando paneles de yeso y dirigiendo hoteles. Se aseguran de que los compradores tengan lechuga, leche y manzanas.
El E-Verify, un sistema en internet del Departamento de Seguridad Nacional lanzado a finales de la década de 1990, puede confirmar rápidamente si alguien está autorizado para trabajar en Estados Unidos, a menudo utilizando números de Seguro Social.
Apenas el 20% de los empleadores en Estados Unidos lo utilizan. Los 1,3 millones que lo hacen incluyen a Walmart, Starbucks y Home Depot.
Incluso sus defensores más acérrimos reconocen que hay muchas formas de eludirlo. Pero la mayoría de los estados con mandatos de usar el E-Verify vieron reducir el número de inmigrantes que trabajan ilegalmente, según un estudio de 2017 del Banco de la Reserva Federal de Dallas.
Eso, según dijeron los investigadores, también puede desincentivar a más personas a entrar ilegalmente a Estados Unidos.
“Tienes que reducir el incentivo para cruzar la frontera” haciendo que sea más difícil trabajar en Estados Unidos, señaló Krikorian. “Tienes que hacer más pequeño ese imán".
Sin embargo, a lo largo de los años ha sido objeto de oposición por parte de todos, desde halcones de inmigración republicanos hasta agricultores lecheros de Idaho, propietarios de hoteles de Nueva York y cabilderos de la industria de la construcción.
Durante las propuestas presupuestarias del primer gobierno de Trump, se eliminó silenciosamente el lenguaje que pedía el uso obligatorio de E-Verify a nivel nacional.
En un Congreso estatal tras otro, muchos de ellos dominados por republicanos, los intentos ocasionales de hacer que E-Verify sea obligatorio para todos los empleadores —o incluso para la mayoría— han fracasado repetidamente. Donde se ha exigido, muchos empleadores a menudo son exentos.
Los legisladores republicanos superan en número a los demócratas 5-1 en Idaho. Han criticado la inmigración ilegal, y el gobernador Brad Little ha desplegado agentes estatales en la “frontera sur sin ley".
Pero también han rechazado los intentos de exigir el uso de E-Verify.
La agricultura es una de las principales industrias de Idaho, y su historia está impregnada de inmigración, desde los pastores vascos de finales de 1800 hasta los agricultores lecheros de origen holandés que pasaron su infancia en la Holanda ocupada por los nazis.
Esos agricultores lecheros, a su vez, dependen de inmigrantes que llegaron a la nación más recientemente, en su mayoría procedentes de México y Centroamérica, que a menudo están en Estados Unidos ilegalmente. La Asociación de Agricultores Lecheros de Idaho estima que alrededor del 90% de esos trabajadores son de origen extranjero.
Little dijo recientemente a los periodistas que el uso obligatorio del E-Verify sería una carga para las empresas.
“Eso va a ser un problema,” comentó Little, quien creció en una prominente familia ganadera y aún dirige una pequeña operación de ganado. “No es blanco y negro".
El problema, dicen las personas aquí, es que las deportaciones masivas o el uso obligatorio de E-Verify crearían escasez crítica de mano de obra a menos que se acompañen de nuevas vías para que los trabajadores inmigrantes puedan estar en el país de forma legal.
La gran industria lechera del estado, en particular, necesita empleados durante todo el año y no puede depender de programas de visa para trabajadores agrícolas estacionales.
“Son matemáticas básicas”, dijo Rick Naerebout, director general de la Asociación de Agricultores Lecheros de Idaho. “Si eliminas la parte no autorizada de la fuerza laboral agrícola, en ese momento no tenemos la capacidad de producir suficiente comida para alimentarnos", añadió.
“El nivel de ansiedad tanto para los productores como para sus trabajadores en este momento no es saludable", precisó.
El mes pasado, el representante estatal Jaron Crane, un republicano que ha elogiado las medidas contra inmigración de Trump, presentó un proyecto de ley para crear un programa de trabajadores agrícolas invitados para Idaho que estaría abierto a muchas personas que viven en Estados Unidos ilegalmente.
El exprocurador general de Idaho, Theo Wold, quien ocupó múltiples cargos en el primer gobierno de Trump, respondió que socavaría los esfuerzos del gobierno actual.
“¿Alguien piensa que esto es lo que los votantes de Idaho querían cuando votaron abrumadoramente para enviar al presidente Trump de regreso a la Casa Blanca?", escribió Wold en la red social X.
Cuando se ven presionados, los funcionarios del gobierno Trump dicen que irán tras las empresas que contratan a personas que están en Estados Unidos ilegalmente, así como detrás de los trabajadores.
“Puedes contar con que la implementación (del programa) en el lugar de trabajo volverá", afirmó el zar de la frontera Tom Homan en una entrevista reciente.
Sin embargo, hasta ahora, las redadas en el lugar de trabajo siguen siendo muy raras.
Trump, quien en 2016 pidió que E-Verify fuera obligatorio para cada empleador, aparentemente ha permanecido en silencio sobre el programa desde su regreso al cargo.
En 2019, en medio de informes de que algunos trabajadores en negocios de Trump estaban en Estados Unidos ilegalmente, el hijo de Trump, Eric, vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar, dijo que “instituiría E-Verify en cualquier propiedad que no esté utilizando actualmente este sistema".
Pero el registro de E-Verify muestra que tomó años para que muchas propiedades de Trump se inscribieran.
Los funcionarios de la Organización Trump no respondieron a repetidas solicitudes de comentarios.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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