EEUU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, denuncia abogado
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está impidiendo que Venezuela pague el costo de la defensa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro frente a cargos de narcotráfico en Nueva York, una medida que potencialmente interfiere con su derecho constitucional a contar con un abogado, según alega su defensor.
La semana pasada, el abogado Barry Pollack le comunicó a un juez federal de Manhattan, en un correo electrónico, que el Departamento del Tesoro había bloqueado la autorización de honorarios jurídicos que el gobierno de Venezuela está obligado a pagar por Maduro y la primera dama Cilia Flores, de acuerdo con sus leyes y costumbres. El correo se incorporó al expediente público del tribunal el miércoles.
Maduro y su esposa han estado encarcelados en Nueva York, sin derecho a fianza, desde que fueron capturados en su vivienda en Venezuela el 3 de enero, en una operación nocturna encubierta realizada por fuerzas militares de Estados Unidos. Ambos se han declarado inocentes.
La impactante captura, tras una acumulación de fuerzas militares durante meses en el Caribe, ha allanado el camino para que el gobierno de Trump ejerza una enorme influencia sobre la sustituta de Maduro, su vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez se ha movido con rapidez para abrir la industria petrolera de Venezuela a la inversión estadounidense, liberar a presos políticos y restablecer comunicaciones directas con Washington, algo que no se veía desde que el primer gobierno de Trump cerró la embajada de Estados Unidos en Caracas en 2019.
En el correo electrónico, Pollack indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que administra las sanciones contra Venezuela, había concedido permiso el 9 de enero para aprobar el pago de honorarios jurídicos por parte del gobierno venezolano.
Sin embargo, menos de tres horas después, el gobierno de Trump retiró la autorización “sin dar explicación”, aunque mantuvo vigente una licencia que permite pagar a los abogados de la esposa de Maduro, señaló Pollack.
La disputa por los honorarios jurídicos de Maduro está estrechamente vinculada a la política exterior de Estados Unidos. El primer gobierno de Trump rompió relaciones con Maduro en 2019, al reconocer al entonces jefe opositor de la Asamblea Nacional como el líder legítimo de Venezuela. El gobierno del presidente Joe Biden se apegó de cerca a la misma política.
No obstante, permitir que el gobierno de Rodríguez pague el costo de la defensa de Maduro podría complicar los empeños de los fiscales en el tribunal para contrarrestar el argumento del líder depuesto de que su captura fue ilegal, y de que, como jefe de Estado extranjero, goza de inmunidad frente a un proceso penal, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos y el derecho internacional.
Una acusación formal de 25 páginas contra Maduro lo señaló a él y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Si son declarados culpables, él y su esposa enfrentan la posibilidad de cadena perpetua.
Dentro de la supuesta conspiración, Maduro y su esposa habrían ordenado secuestros, golpizas y asesinatos de quienes les debían dinero de la droga, según la acusación formal. El documento indicó que eso incluyó la muerte de un jefe local del narcotráfico en Caracas.
Los mensajes en busca de comentarios dirigidos al Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no recibieron respuesta de momento.
Pollack indicó que el 11 de febrero le solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que restableciera la licencia original y despejara el camino para que Venezuela cumpla su obligación de pagar los costos de la defensa de Maduro.
El abogado añadió que Maduro “no puede costear de otro modo un abogado”, y que pedirá ayuda al juez para pagar su defensa.
Pollack sostuvo que Estados Unidos estaba “interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda (constitucional), a contar con un abogado de su elección”.
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Goodman informó desde Miami. Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani y Fatima Hussein en Washington, y Larry Neumeister en Nueva York contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
