El cardenal Becciu y otras 9 personas serán procesadas por el Vaticano por malversación de fondos inmobiliarios
El tribunal del Vaticano llevará a juicio al cardenal Angelo Becciu, a quien el Papa destituyó por su dudosa gestión de los fondos reservados de la Secretaría de Estado en la compra opaca de un inmueble de lujo en Londres que causó un agujero millonario en las arcas del Vaticano. En este caso de malversación de fondos también serán procesadas otras 9 personas.
"El presidente del Tribunal Vaticano ha ordenado la citación a juicio de los acusados en el marco del asunto relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres. El juicio comenzará en la audiencia del próximo 27 de julio", ha confirmado la Santa Sede en un comunicado de prensa.
Además de Becciu, cesado en septiembre de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación en este caso, serán procesadas otras 9 personas, entre ellas, el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa del inmueble de Londres que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas vaticanas.
También será procesada Cecilia Marogna que, según las pesquisas filtradas en la prensa italiana, recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto encargado de ese organismo que hace las funciones de gabinete del primer ministro.
De ese dinero, cerca de 200.000 euros, fueron utilizados para la compra de artículos de lujo en marcas como Prada, Tod's o Chanel. Según ha defendido ella misma en la prensa italiana dichos objetos no eran para disfrute personal, sino que fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación.
Se trata de la primera vez que la justicia del Vaticano sienta en el banquillo de los acusados a un miembro del colegio cardenalicio. De hecho, el Papa derogó en abril la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario al decretar que puedan comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos.
Hasta ahora solo podían ser juzgados o investigados por los otros cardenales que integran el Tribunal Supremo especial del Vaticano, el único ente jurídico competente para abrir una investigación contra los miembros de la Curia Romana, o por el mismo Papa.
Este aspecto técnico de la justicia del Vaticano ha determinado que en el pasado los cardenales no hayan sido procesados. Por ejemplo, durante el juicio contra los directivos del hospital pediátrico Bambin Gesù, procesados por el tribunal del Vaticano por haber desviado dinero de los fondos de manera ilegal para sufragar la reforma del ático en el que vivía el ex secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone. En aquel caso, el purpurado acabó pagando 150.000 euros al hospital, pero nunca fue imputado.
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