El Consejo de Naciones Unidas para los DDHH pone en marcha una investigación internacional sobre Etiopía
El Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha anunciado este viernes la puesta en marcha de una investigación internacional sobre la comisión de abusos contra los Derechos Humanos por todos los participantes en la guerra de Etiopía, comenzando por sus dos principales participantes: el Ejército etíope y los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TFLP).
Con 21 países a favor de la resolución por 15 en contra (entre ellos China, Cuba, Venezuela o el principal aliado del Ejército etíope, Eritrea) y la abstención de 11 países, el consejo ha aprobado "una resolución que establece una comisión internacional de expertos sobre Etiopía para llevar a cabo una investigación sobre las denuncias de violaciones y abusos de Derechos Humanos cometidos por todas las partes en el conflicto".
Ya con el anuncio de la sesión especial de este viernes las autoridades etíopes se mostraron "perplejas" ante la "lamentable situación" que busca "ejercer presión política" en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"Algunos en el Consejo de Derechos Humanos, que han hecho público su total desprecio por los esfuerzos hecho y trabajo realizado por el Gobierno, han sentido la necesidad de convocar una sesión especial con el objetivo de tener algún tipo de resultado para lograr lo que parece ser un objetivo políticamente motivado", señaló el Ministerio de Exteriores etíope en un comunicado.
Por recordar los antecedentes del conflicto, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó en noviembre de 2020 una ofensiva militar contra el TPLF en respuesta a un ataque del grupo contra la base del Ejército en Mekelle, la capital de la región de Tigray.
Si bien el Ejército logró avances rápidamente y Adís Abeba instauró una autoridad interina, el TPLF ganó terreno en junio y recuperó la capital regional, lo que llevó a Abiy a anunciar un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios.
Por contra, el TPLF rechazó este alto el fuego y reclamó la retirada total de las tropas etíopes y eritreas de Tigray, antes de expandir su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar y avanzar hacia Adís Abeba, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.
Durante todo este tiempo, los participantes han sido acusados de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos sexuales por las ONG y la comunidad occidental.
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