El Partido Republicano oficializa la acusación contra la ministra de Interior de Chile, Izkia Siches
La bancada del ultraderechista Partido Republicano ha oficializado este miércoles la acusación contitucional en contra de la ministra de Interior de Chile, Izkia Siches, apelando a que esta habría infringido la Constitución declarando el estado de excepción en el sur del país.
El partido ha entregado la acusación --un documento de 159 páginas-- a la secretaría general de la Cámara Baja chilena, asegurando que Siches habría comprometido "gravemente el honor de la Nación", así como su seguridad. Además, el Partido Republicano acusa a la ministra de infringir la Constitución y las leyes, y "por haber dejado estas sin ejecución", según ha informado 'Bio Bio Chile'.
Si bien habían anunciado la acusación el pasado 17 de mayo, se encontraban preparando la memoria judicial intentando reunir apoyos, ya que los partidos de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- le cerraron la puerta a la iniciativa.
"Los partidos agrupados en Chile Vamos no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional contra la ministra del Interior", el pasado 19 de mayo el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, tal y como recogió el diario 'La Tercera'.
Esta acusación ha tenido lugar después de que Siches activase el estado de emergencia en la Macrozona Sur debido a la situación de violencia en La Araucanía, la región chilena con mayor concentración de indígenas mapuche. Este'estado intermedio', propuesto por el Ejecutivo, presidido por Gabriel Boric, permite a los militares chilenos "resguardar rutas y caminos" para hacer frente a los grupos violentos.
Asimismo, el martes el Gobierno de Chile logró aprobar en el Congreso y en el Senado una prórroga durante 15 días más del estado de emergencia, a pesar de ser severamente cuestionado tras la muerte de un ciudadano. La medida está vigente desde el pasado 17 de mayo.
Una acusación constitucional es un procedimiento por el cual los diputados pueden iniciar un juicio político a una autoridad por incumplimientos graves a su labor, infracciones a la Constitución o las leyes y abusos de poder o delitos. Si dos tercios del senado la aprueba, Siches quedaría destituida de su cargo y no podría ejercer funciones públicas por cinco años, tal y como ya ocurrió en 2019 con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.
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