En aniversario golpe de Estado, Milei cuestiona a grupos humanitarios y arremete contra la guerrilla
LA NACION
BUENOS AIRES (AP) — Durante la conmemoración el lunes del 49no. aniversario del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Argentina, el gobierno del ultraderechista Javier Milei cuestionó el relato que a su entender promovieron los organismos humanitarios sobre ese cruento período, pidió recordar las acciones “terroristas” de los grupos guerrilleros y anunció un proyecto legislativo para declarar imprescriptibles los crímenes que estos últimos cometieron.
Milei posteó en su cuenta de X, antes Twitter, un video oficialista que instó a que se recuerde a las víctimas de los grupos armados de izquierda para “completar” la memoria histórica en Argentina. La movida se produjo en línea con la “batalla cultural” que el mandatario viene librando desde que llegó al poder a fines de 2023 en contra del socialismo y lo que considera una interpretación sesgada por parte de organismos humanitarios sobre la dictadura y la violenta década de los 70.
El video elaborado y narrado por Agustín Laje, un politólogo de extrema derecha que asesora al presidente, fue difundido antes de la marcha encabezada por activistas de derechos humanos en Buenos Aires para recordar el golpe militar de 1976 que derivó en una dictadura de siete años que puso en marcha un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones. Se asemeja a uno similar publicado en 2024 en la última conmemoración de esa fecha.
Participantes en la manifestación rechazaron el mensaje gubernamental. Andrea Bianco, de 52 años, dijo a The Associated Press que Milei "cree que puede negar el horror del Estado, que puede callar tantas voces... Tenemos muy claro lo que tenemos que defender”.
“Un pueblo que no tiene memoria no puede avanzar y el horror que vimos en la dictadura no puede repetirse", dijo la mujer.
Se espera que la movilización, a la que se sumarán organizaciones sociales, grupos estudiantiles y distintas fuerzas políticas, sea multitudinaria y transcurra bajo consignas antigubernamentales.
El video posteado por Milei cuestionó que en el siglo XXI las nuevas generaciones fueron adoctrinadas por los gobiernos de turno desconociendo el violento accionar de las organizaciones guerrilleras izquierdistas y peronistas que comenzaron a actuar en los años previos al golpe de 1976. También criticó que la historia enseñada desde el Estado se ha centrado en los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas a partir de su llegada al poder. Todo ello, señaló, generó un modelo de "impunidad selectiva”.
Referentes de derechos humanos apuntaron que Milei está negando la dimensión del horror que tuvo lugar al equiparar la violencia de las guerrillas con el terrorismo de Estado y justificar así la represión ejercida sobre cualquier persona que fuera considerada subversiva.
Carlos Pisoni, de la agrupación H.I.J.O.S que reúne a hijos de personas desaparecidas durante la dictadura, argumentó que “hoy es necesaria una ley contra el negacionismo en la Argentina” en reacción a declaraciones de políticos allegados a Milei que instaron a dar “vuelta la página” y que el 24 de marzo deje de ser feriado.
Además, el Ejecutivo volvió a desechar la cifra 30.000 desaparecidos que vienen sosteniendo los organismos humanitarios en el marco de su reclamo porque se conozca el paradero de las víctimas y se haga justicia por ellas.
Más de 1.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad han sido condenados en múltiples causas judiciales por su accionar represivo.
El video señaló que la cifra de los 30.000 —que distintos sectores coinciden en considerar una cifra simbólica, más que exacta, que habla de la violencia del Estado— contradice las de investigaciones oficiales realizadas desde la recuperación democrática que apuntan a más de 7.000 muertos y desaparecidos. Cuestionó además el alto costo económico para el Estado en concepto de indemnizaciones y que los organismos de derechos humanos sirvieron como “usinas de adoctrinamiento y trampolines políticos” para sus dirigentes.
En la jornada de conmemoración el gobierno anunció además que decidió acompañar el “pedido de justicia” de la familia del capitán Humberto Viola, “fusilado en 1974, en plena democracia, junto con su hija María Cristina de 3 años, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)". Para ello, instruyó a una dependencia de la Cancillería “para que se reconozca ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad en el marco de un conflicto armado interno”.
El Ejecutivo acotó que en 2022 la administración de Alberto Fernández sostuvo ante la CIDH “que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible”.
En este marco, el gobierno dijo que enviará al Congreso un proyecto para establecer "la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”, lo que supondría que su persecución y castigo no tienen límite de tiempo.
La administración de Milei promueve desde 2024 investigaciones judiciales por los casos de civiles y miembros de fuerzas armadas víctimas de los actos violentos de organizaciones armadas que, para un sector de la justicia, no son delitos de lesa humanidad y por tanto ya han prescrito.
Además, el Ejecutivo anunció la desclasificación de la información en manos del área de inteligencia sobre el accionar de los militares en la dictadura, lo que implica su traspaso al Archivo General de la Nación para terminar con la “opacidad que rodeó durante décadas los documentos".
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En esta nota colaboró el periodista de AP Rodrigo Abd
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