España adjudicó 46 contratos a empresas de defensa israelíes desde la guerra de Gaza

España adjudicó 46 contratos por valor de más de mil millones de euros a empresas de defensa israelíes desde el inicio de la guerra de Gaza, rompiendo el compromiso del gobierno de izquierda de no comprar armamento a Israel, dijo el viernes un grupo de investigadores.

El gobierno español confirmó el jueves su decisión de cancelar unilateralmente un contrato con la empresa israelí IMI Systems para comprar munición destinada a la Guardia Civil por valor de 6,8 millones de euros (unos 7,8 millones de dólares).

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, muy crítico con las operaciones militares israelíes en Gaza, interrumpió la compraventa de armas a Israel tras el inicio de la guerra, que siguió al ataque de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

Pero según el Centro Delàs, un instituto de investigación con sede en Barcelona especializado en seguridad y defensa, el gobierno ha adjudicado desde entonces 46 contratos por valor de 1.044 millones de dólares (unos 1.200 millones de dólares) a empresas israelíes, según datos publicados en una plataforma de licitación pública.

De estos 46 contratos, que incluyen lanzacohetes y misiles, diez no se han formalizado, dijo el grupo de expertos en un comunicado el viernes, a la espera de un análisis más detallado.

"Con los datos de nuestro informe se demuestra claramente que el gobierno mintió, que no había ningún compromiso, que eso era pura propaganda", dijo a la AFP Eduardo Melero, coautor del informe.

Por su parte el Ministerio del Interior aseguró a la AFP que respetó el compromiso de no vender ni comprar armas israelíes y que el informe incluía contratos que el gobierno tiene previsto cancelar.

Según el ministerio, el informe incluye "lotes de material destinado a la autoprotección, que no se consideran sujetos al compromiso de no suscribir contratos de compraventa de armas con empresas israelíes".

Según Melero, el equipamiento antibalas, entre otros, sí está considerado por la legislación española como equipamiento de defensa y su compra "es claramente en contra del compromiso".

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