Estados demócratas consideran más apoyo a migrantes ante medidas de Trump
LA NACION
A medida que el presidente Donald Trump endurece las políticas de inmigración del país, legisladores en estados liderados por demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían erigir obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los migrantes sin estatus legal a evitar la deportación.
Los esfuerzos de resistencia en California, Nueva York y otros estados son un contrapunto a los muchos estados liderados por republicanos que avanzan medidas para apoyar la represión de Trump contra la inmigración ilegal, destacando una división nacional.
En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal.
Ya se han introducido cientos de proyectos de ley sobre inmigración en los estados y se esperan más iniciativas la próxima semana. Los gobernadores republicanos Ron DeSantis de Florida y Bill Lee de Tennessee han convocado sesiones legislativas especiales para comenzar el lunes para apoyar la agenda de inmigración de Trump.
Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawai, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los caseros pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes.
Muchos adultos estadounidenses apoyan reforzar la seguridad en la frontera sur y deportar a los migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y han sido condenados por delitos violentos, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pero algunas medidas cuentan con menos consenso. Aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses adultos apoyan la deportación de todos los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, mientras que una proporción similar se opone.
A diferencia de los tribunales penales, en los tribunales de inmigración no existe el derecho constitucional a un abogado financiado por el gobierno. Mientras Trump intensifica los esfuerzos de deportación, algunas medidas estatales ayudarían a pagar abogados para defender a las personas que se enfrentan a procedimientos de inmigración.
Una líder de tales esfuerzos es la asambleísta de Nueva York Catalina Cruz, quien llegó a Estados Unidos a los 9 años desde Colombia y permaneció sin estatus legal durante más de una década antes de obtener la residencia permanente y convertirse en ciudadana estadounidense y abogada.
Cruz ha presentado más de media docena de proyectos de ley para ayudar a los inmigrantes. Uno de ellos haría valer el derecho estatal a la asistencia jurídica en los procedimientos de inmigración en Nueva York, o en cualquier otro lugar si el migrante viviera en Nueva York. Otro autorizaría subvenciones estatales para que las organizaciones contraten, formen y equipen a personal que preste asistencia jurídica a las personas que se enfrentan a la deportación.
“En un mundo donde la amenaza de deportaciones masivas es inminente”, la normativa “da a las personas una oportunidad para luchar por su caso, para luchar por sus familias, para luchar por sus derechos”, dijo Cruz.
Cruz estima que el 60% de los residentes en su distrito legislativo de la ciudad de Nueva York son no ciudadanos. “La gente está aterrorizada”, agregó.
Nueva York está entre varios estados que ya financian ayuda legal para migrantes. Pero los defensores quieren aproximadamente el doble de dinero de lo que ha propuesto la gobernadora demócrata Kathy Hochul.
“Este es un momento en el que invertir en el debido proceso y la equidad para los migrantes en riesgo en Nueva York es de fundamental importancia”, dijo Shayna Kessler, directora de una iniciativa de representación universal en el Vera Institute of Justice, una organización sin fines de lucro.
Algunas propuestas legislativas también financiarían a abogados que pudieran ayudar a los migrantes a obtener la residencia legal.
Un proyecto de ley de la senadora estatal por Oregon Lisa Reynolds exigiría al Departamento de Servicios Humanos del estado ofrecer subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a las personas que no son ciudadanas a cambiar su situación migratoria o convertirse en residentes legales permanentes. Proporcionaría 6 millones de dólares para poner en marcha el programa durante el bienio presupuestario que comienza en julio.
“Oregon ha tenido una tradición muy orgullosa de hacer todo lo posible por ayudar a aquellos que han inmigrado recientemente a nuestro estado desde otros países, y especialmente a aquellos que han sido refugiados políticos”, dijo Reynolds. “Todos sentimos un poco más de urgencia al respecto”.
Desde 1987, la ley de Oregón ha prohibido a los policías "detectar o aprehender personas con el propósito de hacer cumplir las leyes federales de inmigración”. Los votantes en 2018 derrotaron una medida de votación que habría derogado la llamada ley santuario.
Esta semana, el gobierno de Trump revocó las directrices que durante más de una década habían limitado a las agencias federales de aplicar la ley de inmigración en lugares sensibles, como escuelas, iglesias y centros de salud. Algunos padres temen ahora redadas de inmigración en las escuelas.
En California, aproximadamente 1 de cada 5 niños vive en familias donde al menos una persona no tiene estatus legal, según The Children’s Partnership, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles.
El asambleísta de California Al Muratsuchi, presidente del comité de educación de la cámara, está patrocinando una legislación que dificultaría la entrada de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)a escuelas y centros de cuidado infantil.
El proyecto de ley requeriría que los funcionarios federales tengan una orden judicial, una declaración escrita del propósito, una identificación válida y la aprobación de un administrador de la instalación. Si se cumplen esos criterios, los funcionarios de inmigración federales aún solo podrían acceder a áreas donde no estén presentes los niños.
Muratsuchi dijo que comenzó a trabajar en el proyecto de ley tan pronto como Trump fue elegido.
“Esta es una prioridad principal para proteger a todos nuestros estudiantes, incluidos nuestros estudiantes migrantes”, dijo Muratsuchi.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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