Explica: Qué alcance tiene el fallo que confirma la prisión para Cristina Fernández

BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá cumplir la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos que dictó en su contra un tribunal federal en 2022 luego de que fuera confirmada el martes por la Corte Suprema.

La decisión del máximo tribunal deja a la titular del peronismo opositor a las puertas de su detención y abre un nuevo escenario político en Argentina.

¿Qué resolvió la Corte Suprema?

El máximo tribunal, integrado actualmente por tres miembros sobre un total de cinco, confirmó la sentencia dictada en un juicio en 2022 que halló culpable a la expresidenta del delito de administración fraudulenta y que fue ratificada en noviembre de 2024 por la principal cámara penal del país.

El fallo del martes respondió a un recurso extraordinario interpuesto por la propia defensa de Fernández ante la Corte Suprema en el que había objetado la legitimidad de las pruebas presentadas en su contra durante el juicio, entre otros cuestionamientos.

Los magistrados consideraron por unanimidad que el debido proceso fue salvaguardado y que la dirigente peronista obtuvo una sentencia fundada en la ley.

¿Cuándo irá presa Cristina Fernández?

Con el pronunciamiento de la Corte Suprema la sentencia quedó firme y en condiciones de ejecutarse. Sin embargo, el encarcelamiento de la exmandataria (2007-2015) y de otros ocho condenados en el mismo caso no será inmediato. El tribunal oral que los juzgó hace tres años dispuso que deberán presentarse ante su sede en un plazo de cinco días hábiles y allí se les notificará dónde cumplirán la condena.

En el caso de Fernández, se da por descontado que su defensa solicitará el beneficio de la prisión domiciliaria por tratarse de una persona mayor de 70 años. El tribunal oral puede o no aceptar el pedido.

¿Por qué fue condenada?

Por irregularidades en 51 procesos de licitación para la construcción de obras sobre carreteras nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.

Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública.

Estimó el desfalco en unos $85.000 millones (algo más de US$70 millones al cambio actual).

Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%.

El juicio empezó en mayo de 2019 y concluyó en diciembre de 2022 con la condena a Fernández y a Báez (seis años); al exsecretario de Obra Pública José López (seis años); al extitular de Vialidad Nacional Nélson Periotti (seis años) y otros cinco exfuncionarios de esa dependencia.

¿Qué dice Fernández en su defensa?

Fernández se considera víctima de un plan de sectores conservadores y ejecutado por el Poder Judicial para sacarla de la arena política. Tras conocer el fallo del martes, calificó a los jueces de la Corte Suprema de “monigotes” del poder económico.

Según su visión, estos poderosos grupos económicos —entre los que mencionó al grupo de medios Clarín y a la siderúrgica Techint— se vieron perjudicados por las políticas de distribución del ingreso que aplicó durante su gobierno y la quieren fuera de la carrera política por si fracasa el plan de ajuste del presidente ultraderechista Javier Milei.

La defensa de Fernández anticipó que llevará el caso ante organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

¿Cuál es el impacto político del fallo?

En lo inmediato, Fernández no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires como había anticipado.

Tras ocupar durante dos décadas el liderazgo del peronismo, su detención profundizará la puja que ya se había desatado por el control del partido.

Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, apuntó a The Associated Press que hay una brecha entre "las fuerzas renovadoras de algunos actores que pretenden encarar un proceso de regeneración dirigencial para tratar de reconciliarse con la sociedad o tratar de favorecer la posibilidad de reconquistar a una mayoría que los vuelva a votar, y los impulsos que resistían esa renovación liderados por Cristina”.

Según Sergio Berensztein, de la consultora Berensztein, podría ocurrir que durante su reclusión Fernández “gradualmente pierda relevancia, en parte porque es lo que viene ocurriendo... en parte porque el peronismo necesita figuras nuevas, más competitivas y sobre todo que no dividan tanto al electorado”.

¿Cómo afecta este fallo al gobierno de Milei?

El mandatario puede capitalizar la reclusión de Fernández como un guiño a amplios sectores de la sociedad que la consideran corrupta, dijo Romero. La expresidenta es una de las dirigentes con peor imagen, según distintos sondeos de opinión.

Como contracara, Fernández libre y candidata resultaba funcional a la estrategia de Milei de polarización política. En ese sentido, Romero consideró que el fuerte rechazo social que despierta la exmandataria podría ayudar al presidente “a construir la mayoría de apoyos que necesita para ganar elecciones y seguir gobernando”.

Milei se someterá a una gran prueba en octubre, cuando se celebrarán elecciones para renovar un tercio del Senado nacional y la mitad de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría. Hasta ahora, el mandatario ultraderechista ha obtenido triunfos en algunos comicios locales, entre ellos, los de legisladores de la ciudad de Buenos Aires.

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