Fiscalía de Perú niega liberaciones de criminales detenidos por la policía en medio de ola violenta

LIMA (AP) — La fiscal general de Perú rechazó el jueves ante la prensa que delincuentes detenidos por la policía luego sean liberados por el Ministerio Público.

Las declaraciones de Delia Espinoza ocurren en medio de una ola de asesinatos y extorsiones que azota al país y ha provocado una crisis política.

En medio de estas tensiones, algunos han pedido remover del cargo al ministro del Interior Juan José Santiváñez, señalado por no combatir al crimen de manera eficiente y quien ha mencionado las supuestas liberaciones.

La permanencia del ministro, quien lleva diez meses en el cargo, se definirá el viernes en el Congreso. En la sesión se votarán tres pedidos de censura y estaría obligado a renunciar si se consiguen 66 de los 130 votos.

Según ha dicho Santiváñez, desde inicios de 2025 la policía detuvo a 91.907 personas en más de 220.000 operativos policiales, pero el 92% habría sido liberado por la fiscalía. Añadió que entre éstos habría 338 criminales relacionados con 167 bandas criminales.

La presidenta Dina Boluarte lo ha secundado, asegurando que los fiscales facilitarían las presuntas liberaciones, aunque no hay pruebas al respecto.

Rechazando estos señalamientos, Espinoza dijo el jueves que desde inicios de enero han registrado 32.578 detenciones en flagrancia que les han sido comunicadas oficialmente por la policía y están registradas en su sistema.

El ministro y la presidenta son investigados de forma preliminar y en casos diferentes por la fiscalía.

Santiváñez, quien antes era abogado de policías en problemas con la ley, es indagado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Boluarte tiene siete investigaciones por diversos supuestos delitos, incluidos asesinato, corrupción y abandono de cargo.

El ministro ha solicitado dos veces la destitución de Espinoza por presuntas infracciones y la presidenta afirmó a inicios de marzo que la fiscalía busca desestabilizar su gestión, aunque sin brindar detalles.

La más reciente crisis política a causa de la ola delincuencial empezó el 16 de marzo, luego que el cantante Paul Flores fuera asesinado en un ataque al bus de su agrupación musical. El martes el gobierno instauró un estado de emergencia restringiendo varios derechos constitucionales, pero diversos artistas han convocado a una protesta para el viernes.

Las cifras de asesinatos y extorsiones en Perú se han disparado desde 2017, según datos oficiales. En ese año los homicidios sumaron 674 y en 2024 llegaron a 2.057. En tanto, las denuncias por extorsiones en 2017 fueron de 5.225, mientras en 2024 alcanzaron 22.835.

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