Human Rights Watch insta a gobiernos a exigir cuentas a Maduro por represión en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un grupo global de derechos humanos instó el miércoles a Estados Unidos y a otros gobiernos a reforzar su apoyo a las personas que buscan un cambio democrático en Venezuela y a exigir cuentas al presidente Nicolás Maduro por la represión de la disidencia que intensificó después de la elección presidencial del año pasado en el país sudamericano.

Human Rights Watch pidió específicamente a Estados Unidos que considere imponer sanciones adicionales a funcionarios del gobierno venezolano y miembros de las fuerzas de seguridad. HRW también solicitó sanciones contra grupos armados leales al partido gobernante vinculados a las violaciones generalizadas de derechos que se dieron tras la votación del 28 de julio que Maduro afirma haber ganado a pesar de pruebas creíbles de lo contrario.

Al mismo tiempo, la organización recomendó a Estados Unidos rescindir una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en febrero que impone sanciones a la Corte Penal Internacional por investigar a Israel. La orden, según el grupo de derechos, podría afectar una investigación en curso por parte del fiscal de la corte sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“Aunque la administración Trump no ha objetado específicamente la participación de la Corte en la situación en Venezuela, el programa de sanciones parece diseñado en parte para enfriar la cooperación más amplia con la CPI e intimidar a los funcionarios de la Corte, y probablemente afectará los derechos de víctimas a nivel mundial”, señaló Human Rights Watch en un informe publicado el miércoles.

El informe es el último trabajo de defensores de derechos humanos que documenta la campaña de represión postelectoral de Venezuela contra miembros de la oposición política, manifestantes, transeúntes y otros. Sus hallazgos han implicado a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos armados leales al partido gobernante en asesinatos, torturas y otros abusos en todo el país durante y después de las manifestaciones que surgieron tras los comicios.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, compuesto por leales al gobierno, declaró a Maduro ganador de la elección del 28 de julio. Pero a diferencia de contiendas anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron conteos de votos detallados para respaldar el resultado anunciado.

La oposición, sin embargo, recopiló actas de votación del 85% de las máquinas de votación electrónica y las publicó en línea, mostrando que su candidato, Edmundo González, había ganado por un margen de más de dos a uno. Expertos de la ONU y el Centro Carter con sede en Estados Unidos, ambos invitados por el gobierno de Maduro para observar la elección, han dicho que las actas de votación publicadas por la oposición son legítimas.

Más de 2.000 personas fueron detenidas en los días posteriores a la elección y cientos fueron acusadas de cargos de terrorismo e incitación al odio. Muchos detenidos, incluidos miembros de la oposición y ciudadanos extranjeros, fueron sometidos a desapariciones forzadas.

La mayoría de esos detenidos han sido liberados, según el Ministerio Público de Venezuela. Pero docenas de personas afiliadas a la oposición siguen tras las rejas.

Citando cifras del partido opositor Vente Venezuela, el informe del miércoles muestra que 285 personas afiliadas a partidos de oposición fueron detenidas entre noviembre de 2023 —el mes después de que los opositores de Maduro celebraron una elección primaria presidencial— y abril de 2025. Al 10 de abril, 100 de ellas habían sido liberadas.

En su informe, HRW insta a los gobiernos extranjeros a contactar al gobierno de Maduro "como palanca para asegurar un progreso verificable, incluso si es incremental, en derechos humanos". Eso incluye la liberación de personas detenidas arbitrariamente y sometidas a desapariciones forzadas, la divulgación del paradero de todos los detenidos y el cierre de casos basados en delitos fabricados.

El grupo además pidió al gobierno de Estados Unidos que nuevamente disponga de fondos para programas humanitarios y de derechos humanos en Venezuela. El grupo de derechos señaló que las decisiones del gobierno estadounidense de cancelar la asistencia extranjera en todo el mundo han impactado a organizaciones “que desempeñan roles clave en Venezuela, incluidos periodistas independientes y aquellos que brindan apoyo legal y de otro tipo a personas que han sido detenidas arbitrariamente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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