Investigan a tres exdirigentes de ETA por asesinato de un político en 1997
LA NACION
Un juez español citó como sospechosos a tres exdirigentes de ETA por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un joven político local, en 1997, que causó una gran conmoción en España, según documentos judiciales del viernes.
El juez Manuel García Castellón citó a José Javier Arizcuren, a Miguel Albisu y a María Soledad Iparraguirre, como investigados "por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista" en la muerte de Miguel Ángel Blanco, informó la judicatura en un comunicado.
Los tres eran parte de la dirección de la desaparecida organización separatista vasca hace exactamente 25 años, cuando, el 10 de julio de 1997, miembros de la misma secuestraron a Blanco, un concejal del conservador Partido Popular (PP) en la localidad vasca (norte) de Ermua, hasta entonces desconocido.
ETA dio al gobierno 48 horas para cumplir con sus exigencias, y, al vencer el plazo, abandonaron al político de 29 años prácticamente muerto con un disparo en la cabeza, que se llevó su vida un día después.
Su asesinato conmocionó a España y provocó manifestaciones multitudinarias en todo el país, incluyendo el País Vasco, que acabaron siendo un punto de inflexión en la lucha contra ETA.
La decisión se toma una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española, recibiera un informe policial en el que se identificaba a los miembros del comité ejecutivo de ETA y se describía su posible implicación en el secuestro y asesinato de 1997.
Tras la detención de la dirección de ETA en el suroeste de Francia en 1992, el grupo elaboró una "estrategia de desestabilización" que incluía la identificación como objetivos a políticos de los dos principales partidos políticos de España, el PP y el socialista PSOE, entonces en el poder.
Los tres sospechosos formaban parte del comité ejecutivo que "planificó y ejecutó" esa estrategia y que en 1997 decidió secuestrar a un miembro del PP, que acababa de recuperar el poder central de manos de los socialistas.
Ese año, asegura el auto, "el secuestro de un concejal del Partido Popular era una prioridad absoluta para la 'Dirección' de ETA, acción que había que realizar precisamente en el verano y lo antes posible".
Los tres sospechosos "ostentaban, como se ha señalado, suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último", afirma el comunicado.
Los tres sospechosos están ahora en la sesentena y han pasado largos años en la cárcel por el derramamiento de sangre cometido mientras formaban parte de ETA.
Se calcula que ETA mató a 853 personas durante su campaña de décadas por la independencia del País Vasco, que comenzó en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco.
El grupo anunció un alto el fuego permanente en 2011 y se disolvió formalmente en 2018.
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