Juez de El Salvador decide si enviar a prisión provisional a abogada de DD. HH. tras polémica detención

SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado salvadoreño debía decidir el miércoles sobre la situación procesal de una abogada de una reconocida organización de derechos humanos que ha sido crítica con el gobierno del presidente Nayib Bukele por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito. Su detención a mediados de mayo avivó la polémica sobre el uso excesivo del estado de excepción en delitos no relacionados a las pandillas.

Ruth Eleonora López, quien fue detenida por la policía el 18 de mayo por un supuesto caso de peculado, pero no le formularon cargos sino hasta más de dos semanas después. El lunes pasado, la fiscalía pidió a un juez procesarla por enriquecimiento ilícito y prisión preventiva por medio año.

El juez decretó ese día reserva total del caso y la prensa no ha tenido acceso a la audiencia del miércoles en que está prevista la decisión sobre si es enviada a prisión y si se aceptan los cargos propuestos por la fiscalía.

Al ser abordado por periodistas en los pasillos del centro judicial, el abogado defensor Pedro Cruz expresó su desacuerdo por la decisión de poner el proceso en reserva: la fiscalía lo pidió “por miedo a haber hecho una acusación infundada”.

Poco después, la policía condujo rápidamente al interior de la sala de audiencias a López sin permitirle dar declaraciones a la prensa. La abogada alcanzó a decir que no la van a callar. “Que me concedan un juicio público, la gente tiene que saber”, dijo, esposada de manos, a su paso. Y aseguró que su retraso en llegar a la audiencia se debió a que no quiso cambiarse de ropa: “Querían que viniera con traje”.

López ocupaba el cargo de jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental Cristosal, que ha denunciado abusos en las cárceles salvadoreñas desde que rige un estricto estado de excepción —desde 2022— como política de mano dura contra la violencia de las pandillas que azotó al país centroamericano.

Bajo ese estado, una persona puede ser detenida en El Salvador sin saber por qué y sin acceso a un abogado. Más de 86.000 personas han sido arrestadas en los últimos tres años por presuntos vínculos con pandillas, pero más del 90% está en prisión sin condena.

La abogada lideraba en Cristosal un equipo que ha elaborado decenas de informes y análisis y ha presentado múltiples recursos legales relacionados con la corrupción gubernamental.

La organización rechazó su detención argumentando que es una forma de persecución del gobierno por sus críticas. La relatora de la ONU Defensora de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se pronunció en X, antes Twitter, sobre el caso y dijo estar “siguiendo de cerca” la situación de López. “El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada”. La fiscalía, recalcó Cruz, tiene “miedo a que se sepa lo ridículo que han puesto en el escrito que han presentado y quedar ante la faz de la nación como un Ministerio Público incompetente y que arma tamales en contra de los ciudadanos en vez de procesos". López ha pasado más de dos semanas detenida en las bartolinas de la División de Tránsito de la Policía, donde

solo su madre tuvo acceso a visitarla

ante la presión pública que levantó la controversia de su detención. La abogada y su defensa han negado los cargos que le atribuye la fiscalía y que se derivan de su etapa como asesora de un exfuncionario del anterior gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019): Eugenio

Chicas, quien fue detenido en febrero

y está procesado por enriquecimiento ilícito. La fiscalía acusa a López de, supuestamente, haber colaborado en la “sustracción de fondos de las arcas del Estado” mientras trabajaba como asesora de Chicas. “Nosotros haremos nuestro trabajo. Tenemos argumentos muy sólidos, tenemos evidencia, tenemos los arraigos y esperamos que se dé un juicio justo”, defendió Cruz. Miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y del Comité de Expresos y Presas Políticos de El Salvador (COPPES) se concentraron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez para dar acompañamiento a la audiencia en el caso contra López. Abogados y organizaciones de la sociedad civil han criticado que la defensora de derechos humanos haya permanecido prácticamente incomunicada por más de dos semanas sin comparecer ante el juez. La Constitución salvadoreña indica que todo detenido debe comparecer ante un juez en 72 horas. Ese plazo, no obstante, puede extenderse a 15 días —como ha ocurrido con López— a raíz del régimen de

excepción vigente desde hace más de tres años

, que se ha renovado mes a mes gracias a la mayoría del oficialismo en el Congreso.

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