Juez dice que EE. UU. debe ayudar a repatriar a venezolanos que fueron deportados a prisión salvadoreña
Un juez federal ordenó el jueves al gobierno estadounidense que haga los arreglos necesarios para permitir que algunos de los migrantes venezolanos deportados a una prisión de El Salvador regresen a Estados Unidos a expensas de la administración federal
El caso ha sido un punto de fricción en el contexto de la ofensiva migratoria del gobierno estadounidense. Comenzó en marzo, después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT
En el fallo del jueves, el juez de distrito James Boasberg, en Washington, criticó la respuesta de la Casa Blanca a su orden anterior de que elaborara un plan para darles a los hombres la oportunidad de impugnar sus expulsiones
“Aparentemente sin interés en participar en este proceso, las respuestas del gobierno esencialmente le dijeron al tribunal que se fuera al diablo”, escribió Boasberg. Nominado para el tribunal federal por el presidente Barack Obama, el juez ha chocado repetidamente con el gobierno de Trump por las deportaciones
Un correo electrónico enviado a la Casa Blanca no recibió respuesta hasta el momento
Los 137 hombres fueron devueltos posteriormente a Venezuela en un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos
Lee Gelernt, su abogado en Estados Unidos, indicó en una audiencia judicial el lunes que los abogados de los demandantes están en contacto con un puñado de ellos que desde entonces han logrado salir de Venezuela y ahora se encuentran en un tercer país. Estos hombres están interesados en limpiar su nombre, señaló
La orden de Boasberg establece que los funcionarios de Estados Unidos deben proporcionar una carta de embarque a los hombres que se encuentras en terceros países y que deseen volar de regreso a Estados Unidos. El gobierno también debe cubrir el costo de sus pasajes aéreos. El juez señaló que los hombres serían detenidos a su regreso
Esos hombres y los migrantes que permanecen en Venezuela también pueden presentar nuevos documentos legales en los que argumenten que la proclama presidencial bajo la cual fueron deportados invocó ilegalmente la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, dictaminó el juez. Los escritos legales también pueden impugnar su designación como miembros de la pandilla Tren de Aragua
Boasberg dijo que podría decidir más adelante si exigir audiencias y cómo realizarlas, pero que correspondía al gobierno “remediar el agravio que cometió aquí y proporcionar un medio para hacerlo”
“De lo contrario, el gobierno podría simplemente sacar a personas de Estados Unidos sin proporcionar ningún proceso y luego, una vez que estuvieran en un país extranjero, negarles cualquier derecho a regresar para una audiencia u oportunidad de presentar argumentos desde el extranjero”, escribió
Funcionarios de Trump trasladaron en marzo a los hombres venezolanos a la prisión salvadoreña, pese a que Boasberg había ordenado que la aeronave en la que viajaban diera la vuelta. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque la disputa entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido pausada por un tribunal de apelaciones
El gobierno federal niega que haya violado su orden
Gelernt afirmó en un comunicado el jueves que Boasberg había “iniciado el proceso de darles a estos hombres su derecho a impugnar su expulsión”
“De manera notable, aunque el gobierno no disputa que a los hombres se les negó el debido proceso, aun así no estaba dispuesto a hacer lo correcto sin una orden judicial”, manifestó
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
