Justicia no es igual a cárcel: Tribunal de Paz colombiano desafiará a críticos con primeras sanciones

BOGOTÁ (AP) — El tribunal encargado de investigar los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante cinco décadas de conflicto armado en Colombia está próximo a dar un paso trascendental con la emisión en los próximos meses de las primeras sentencias después de siete años de trabajo.

Las sanciones intentarán vencer una preconcepción común: equiparar la justicia a las condenas a prisión. Es uno de los principales cuestionamientos que ha recibido la Jurisdicción Especial para la Paz desde que el Estado firmó en 2016 un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.

“¿Es el mejor modelo una persona que está en la cárcel y nunca ha dicho la verdad, nunca ha establecido los derechos o una persona que acepta su responsabilidad, que cuenta la verdad y que está cumpliendo con una sanción distinta?”, se plantea el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en entrevista con The Associated Press. “¿Eso no es mejor justicia que lo que había antes?”.

Antes, explica Ramelli, cerca del 90% de los casos en la justicia ordinaria estaban en la impunidad. Había denuncias que llegaban a un sistema penal colapsado y en el que incluso cuando se llegaba a una condena, no se garantizaba su cumplimiento en casos de desapariciones forzadas, homicidios y secuestros cometidos en cinco décadas de conflicto armado interno.

“El antiguo Secretario de las FARC (su cúpula) está condenado por secuestro. Si lo que nos interesa son las sentencias, tienen sentencias a 50 años, ¿cuándo se cumplió alguna? Nunca”, cuestionó Ramelli.

En muchos de estos casos, las víctimas o sus familiares siguen sin ser halladas o saber qué ocurrió y reclamaban, al menos, conocer la verdad. Quienes se han acogido a la justicia de la JEP también han colaborado para dar a conocer a responsables de mayor rango.

“La mayor satisfacción de las víctimas no está en las sentencias, está en la participación en el proceso y está en la verdad que ellas obtuvieron”, aseguró Ramelli.

La JEP fue creada por el acuerdo de paz y juzga a más de 14.000 personas involucradas en el conflicto armado. El 70% de ellos son exguerrilleros, el 29% exmiembros de la fuerza pública y el restante son civiles.

Sanciones para “restaurar”

Las sanciones que están por llegar, en la gran mayoría de los casos, no implicarán cárcel, lo que para algunos sectores críticos es sinónimo de “impunidad”. El novedoso sistema colombiano incluye que los otrora victimarios participen en proyectos buscando reparar o restaurar el daño causado a las víctimas por sus crímenes. “Esas sanciones propias no implican privación física de la libertad, pero sí restricción geográfica de unos derechos y un monitoreo sobre el cumplimiento de las mismas”, explicó Ramelli. Explicó que las sanciones podrían ir desde la colaboración para buscar los restos de quienes aún constan como desaparecidos, o la construcción de infraestructura como carreteras y colegios en las zonas afectadas por el conflicto, así como reforestación y espacios de memoria para dar claridad sobre lo ocurrido y reconocer a las víctimas. El magistrado aseguró que alistan tres sentencias para los próximos meses sobre los casos más avanzados: secuestros y las ejecuciones extrajudiciales. Las antiguas FARC recibirán sanciones por el secuestro de miles de civiles con los que exigían el pago de rescates y buscaban presionar políticamente.

Han aceptado que los sometieron a tratos inhumanos

, como ser encadenados a árboles o ser detenidos en espacios cercados con alambre de púas. Mientras que exmilitares serán sancionados por los “falsos positivos”, como son conocidas en el país las

ejecuciones extrajudiciales de civiles que algunos militares

hacían pasar como guerrilleros muertos en combates para obtener beneficios y dar resultados en la lucha contrainsurgente. La JEP reveló que fueron al menos 6402 víctimas. La tercera sentencia se dará en el caso del coronel retirado Publio Hernán Mejía, el

primero en ir a juicio al no aceptar su responsabilidad

por más de 70 víctimas de “falsos positivos”. De ser declarado culpable en el juicio, puede pagar hasta 20 años de cárcel, sin derecho a rebajas.

“Líneas rojas” en negociaciones con armados

Colombia no dejó atrás la violencia pese al acuerdo de paz de las FARC. Otros grupos ilegales, incluidas las disidencias de la guerrilla, han copado los territorios estratégicos y se disputan las economías ilícitas. Ramelli explicó que algunas sanciones, que se deben dar donde ocurrió el conflicto, no podrán iniciar en algunas zonas donde hay enfrentamientos de bandos enemigos como Catatumbo, fronterizo con Venezuela. Evaluarán los lugares que cumplen con las condiciones de seguridad para los comparecientes.

Para Ramelli, los avances que tenga la implementación del acuerdo de paz son fundamentales para que prosperen negociaciones de paz con los actuales alzados en armas, como intenta el gobierno del izquierdista Gustavo Petro con su política de “paz total”.

“Es complicado (negociar) porque son muchos más (grupos ilegales) que los que eran antes, pero indudablemente hay que buscar una solución, o sea, este país no puede seguir en guerra perpetuamente”, aseguró Ramelli.

A su juicio, las negociaciones actuales con estructuras ilegales se deberían adelantar, pero fijando “líneas rojas” como no atacar a defensores de derechos humanos, no reclutar forzadamente menores de edad o asesinar a los firmantes de paz de las FARC.

“Hay que señalar una línea roja, porque si no, entonces ¿cuál es el sentido de la negociación?”, recalcó. “Quienes están en esas mesas tienen que estar haciendo seguimiento a la jurisdicción para darse cuenta de que ese es el camino que se debe recorrer”, agregó.

La política de “paz total” ha enfrentado crisis y Petro suspendió los diálogos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional —alzada en armas desde 1964— como reclamo a una ola de violencia en Catatumbo.

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