Kaczynski niega que el Gobierno de Polonia haya usado el software Pegasus para vigilar a la oposición
El vice primer ministro de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, ha negado este viernes que el Gobierno haya usado el software espía Pegasus para vigilar a la oposición, después del surgimiento de informaciones que apuntan en esta dirección.
Según una investigación de la Universidad de Toronto, el Gobierno polaco utilizó el software, desarrollado por la empresa israelí NGO, con tres críticos del Ejecutivo: Ewa Wrzosek, una fiscal crítica con las polémicas reformas judiciales en Polonia; Roman Giertych, un líder de la oposición y el senador Krzysztof Brejza.
Brejza lideró la campaña electoral de 2019 de la alianza opositora Coalición Cívica, que surgió del partido de tendencia liberal-conservadora del mismo nombre. Según la investigación, su teléfono móvil fue 'hackeado' una docena de veces durante la campaña previa a las elecciones de octubre de 2019, ha recogido la agencia de noticias DPA.
"No usamos nada de eso. Ningún Pegasus, ningún servicio, ninguna información obtenida en secreto jugó ningún papel en la campaña electoral de 2019", ha indicado el también líder del gobernante Ley y Justicia (PiS) en una entrevista con el semanario 'Sieci', que se publicará de forma íntegra este lunes.
"Perdieron porque perdieron", ha agregado Kaczynski, que ha criticado que el caso ha surgido como un "escándalo de la nada". "Las historias de la oposición sobre el uso de Pegasus con fines políticos son una completa tontería", ha incidido el político.
El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NGO, saltó al centro de la polémica cuando el pasado mes de agosto una investigación del diario 'The Washington Post' reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.
Se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.
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