La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo por el encargo de un empresario sobre Martinsa-Fadesa
La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo por el encargo de un empresario sobre Martinsa-Fadesa
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LA NACION
MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo al entender como una investigación "privada" el 'proyecto Saving', un encargo del empresario José Moya para que le ayudara a resolver un conflicto con la compañía Martinsa-Fadesa y su presidente, Fernando Martín, en el que quería recuperar la inversión de 100 millones de euros que había hecho en la inmobiliaria.
En la sentencia, recogida por Europa Press, el tribunal absuelve a Villarejo y también a su socio Rafael Redondo de los delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos a terceros --cometidos por funcionario público en el caso del comisario-- y de falsedad en documento mercantil.
La Sala de lo Penal da por probado que en julio de 2011 el empresario contactó con Villarejo para que le ayudara en su conflicto con Martinsa-Fadesa y su presidente, Fernando Martín, tras la inversión que había realizado para comprar acciones --aproximadamente el 5% del capital-- y que pretendía recuperar.
"Moya contactó con el acusado, encomendándole investigar posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal" de la inmobiliaria y "cuyo conocimiento podría utilizar en una eventual negociación con Fernando Martín para recuperar la inversión que había realizado mediante la compra de acciones de la compañía", relatan.
Los magistrados explican que los servicios contratados por el empresario fueron prestados por el "complejo entramado societario" de Villarejo, Grupo CENYT, que cobró alrededor de medio millón de euros por el encargo a través de una empresa de Moya.
Según detallan, la investigación de Villarejo y su socio consistió en obtener información --tráfico de llamadas-- de diferentes personas que habían tenido relación con la inversión de Moya o con el procedimiento concursal que afectó a Martinsa-Fadesa.
INTERESES PARTICULARES SIN DAÑO A LA ADMINISTRACIÓN
Pero los magistrados consideran que no hubo cohecho, ya que no ven probado que la actuación de Villarejo y Redondo "tuviera relación con las funciones públicas del primero, como comisario del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a la DAO".
A su juicio, los hechos no acreditan que buscaran "causar un menoscabo a la Administración Pública en beneficio propio, sino conseguir unos intereses particulares lucrativos mediante la realización de una investigación privada".
"Todos los pagos respondieron a la prestación de servicios de carácter privado de investigación", señalan, para insistir en que fue una actuación "absolutamente privada", "de tal forma que el pago de las cantidades abonadas responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de dicha actuación privada".
La Sala tampoco aprecia que hubiera descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público, "dado que no se ha acreditado que Villarejo haya actuado prevaliéndose de su cargo para acceder a tráfico de llamadas de las personas a las que estaban investigando".
"No se ha probado, con el rigor que exige el proceso penal, cómo se accedió a dichos tráficos de llamadas. No se puede presumir, en contra del reo, que el comisario acusado, por su condición de alto cargo policial, se prevaliera de su específica función pública para tal fin", precisa.
Igualmente, el tribunal tampoco ve probada la cesión a terceros y, respecto al delito de falsedad de documento mercantil por las facturas emitidas por los trabajos, señala que se alteraron los conceptos por motivos de reserva o de confidencialidad, pero "las facturas obedecen a los servicios privados realmente prestados".
CONDENADO A MÁS DE 20 AÑOS POR OTRAS PIEZAS
La Fiscalía señaló en el juicio que Villarejo "aprovechó su condición policial" para ese encargo, por el que reclamó 23 años y 6 meses de cárcel para el comisario jubilado, y 18 años y 9 meses para Redondo.
Villarejo pidió ser absuelto alegando que no existe "la más mínima prueba", calificó la acusación de "construcción artificiosa" e indicó que fue una "actividad puramente privada".
Sobre los 500.000 euros cobrados, la defensa dijo que "puede parecer mucho, pero para recuperar un crédito de 100 millones de euros", que fue lo que invirtió Moya en acciones, "a lo mejor parece muy poco".
"Está en la ley del mercado, si el cliente lo puede pagar", defendió.
Redondo también solicitó la absolución, incidiendo en "el beneficio que obtuvo el cliente de reconocerle un crédito que tenía perdido" como "para devengar unos horarios suficientemente importantes".
"Se hizo un trabajo que fue brillante", expresó.
El comisario jubilado acumula 24 años de prisión en el marco del 'caso Tándem'. La Audiencia Nacional le condenó a 13 años por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor', a lo que hay que sumar tres años por el encargo del Grupo Planeta para investigar al árbitro del laudo que tenía abierto con la emisora Kiss FM y otros ocho años por trabajos para Repsol y La Caixa.
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