La CPI asume custodia de expresidente filipino
LA NACION
LA HAYA, Holanda (AP) — La Corte Penal Internacional anunció el miércoles que el expresidente filipino Rodrigo Duterte ha sido entregado a su custodia para enfrentar acusaciones de crímenes de lesa humanidad derivadas de mortales campañas antidrogas durante su mandato.
El tribunal indicó en un comunicado que “como medida de precaución, se dispuso asistencia médica” en el aeropuerto para Duterte, de acuerdo con los procedimientos estándar cuando un sospechoso llega.
Grupos de derechos humanos y familias de víctimas celebraron la detención de Duterte el martes en Manila bajo una orden de la CPI, que fue anunciada por el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.
En unos días, Duterte enfrentará una primera comparecencia en la que la corte confirmará su identidad, verificará que entiende los cargos en su contra y fijará una fecha para una audiencia que evalúe si los fiscales tienen pruebas suficientes para llevarlo a juicio.
Si su caso llega a juicio y es condenado, Duterte, de 79 años, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.
El pequeño jet se dirigió a un hangar donde esperaban dos autobuses. Una ambulancia también se acercó al hangar, y los médicos sacaron una camilla de ambulancia hacia el hangar.
Un helicóptero de policía sobrevolaba cerca del aeropuerto mientras el avión permanecía en el hangar, en gran parte oculto de la vista por los autobuses y dos camiones cisterna de combustible.
El portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, confirmó que Duterte estaba en el avión, que hizo una escala en Dubái durante su vuelo desde Manila.
El arresto de Duterte fue anunciado el martes por el actual presidente filipino quien dijo que el líder anterior fue arrestado al regresar de un viaje a Hong Kong y que fue enviado a bordo de un avión a la CPI.
“Este es un paso monumental y muy esperado para la justicia de miles de víctimas y sus familias”, afirmó Jerrie Abella de Amnistía Internacional.
“Por lo tanto, es una señal esperanzadora para ellos, así como para Filipinas y otros, ya que muestra que los presuntos perpetradores de los peores crímenes, incluidos los líderes gubernamentales, enfrentarán la justicia dondequiera que estén en el mundo”, agregó Abella.
Emily Soriano, madre de una víctima de las campañas, declaró que quería que más funcionarios enfrentaran la justicia.
“Duterte tiene suerte de tener un debido proceso, pero nuestros hijos que fueron asesinados no tuvieron un debido proceso”, sostuvo.
Sin embargo, los partidarios de Duterte critican su arresto como ilegal y exigen su devolución a Filipinas. Pequeños grupos de seguidores de Duterte y personas que apoyaron su arresto se manifestaron el miércoles frente a la corte antes de su llegada.
La CPI abrió una investigación en 2021 sobre asesinatos masivos vinculados a la llamada guerra contra las drogas supervisada por Duterte cuando fue alcalde de la ciudad sureña filipina de Davao y luego presidente.
Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde más de 6.000 que han reportado las autoridades nacionales de policía hasta 30.000 que afirman los grupos de derechos humanos.
Los jueces de la CPI que revisaron las pruebas encontraron “causas razonables para creer que el señor Duterte es individualmente responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato” como “co-perpetrador indirecto por haber supuestamente supervisado los asesinatos cuando fue alcalde de Davao y luego presidente de Filipinas”, según su orden.
Duterte podría impugnar la jurisdicción de la corte y la admisibilidad del caso. Si bien Filipinas ya no es miembro de la CPI, los presuntos crímenes ocurrieron antes de que Manila se retirara de la corte.
Ese proceso probablemente tomará meses y, si el caso avanza a juicio, podría llevar años. Duterte podrá solicitar la liberación provisional del centro de detención de la corte mientras espera, aunque depende de los jueces decidir si conceden tal solicitud.
El abogado de Duterte, Salvador Panelo, dijo a los periodistas en Manila que la Corte Suprema de Filipinas “puede obligar al gobierno a traer de vuelta a la persona arrestada y detenida sin causa probable y obligar al gobierno a presentarlo ante la corte y explicarles por qué (el gobierno) hizo lo que hizo”.
Marcos afirmó el martes que el arresto de Duterte fue “adecuado y correcto” y no un acto de persecución política.
La hija de Duterte, la vicepresidenta Sara Duterte, criticó a la administración de Marcos por entregar a su padre a una corte extranjera, que, según dijo, actualmente no tiene jurisdicción en Filipinas. Sara Duterte salió de Filipinas el miércoles para organizar una reunión en La Haya con su padre detenido y hablar con sus abogados, informó su oficina a los periodistas en Manila.
Duterte retiró a Filipinas en 2019 de la CPI, en una medida que los activistas de derechos humanos dicen buscaba eludir su responsabilidad.
La administración de Duterte se movió para suspender la investigación de la corte global a finales de 2021 argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, sosteniendo que la CPI —una corte de última instancia— por lo tanto no tenía jurisdicción.
Los jueces de apelaciones de la CPI rechazaron esos argumentos y dictaminaron en 2023 que la investigación podría reanudarse.
Los jueces de la CPI que emitieron la orden también dijeron que los presuntos crímenes caen dentro de la jurisdicción de la corte. Afirmaron que el arresto de Duterte era necesario debido a lo que llamaron el “riesgo de interferencia con las investigaciones y la seguridad de testigos y víctimas”.
___
Contribuyeron a esta nota los corresponsales Aleksandar Furtula en La Haya, Joeal Calupitan y Basilio Sepe en Manila, Filipinas y Jerry Harmer en Bangkok.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
LA NACION
Temas
Más leídas
1La revancha del petróleo y el gas: la transición energética pierde fuerza y la IA revoluciona la productividad de las empresas
2Con Cristina Kirchner a la cabeza, el PJ cierra filas contra el decreto del FMI y sobrevuela la amenaza de expulsión para los diputados que lo voten
3De qué murió Antonio Gasalla
4El día en que Antonio Gasalla se sacó la peluca, salió del personaje e hizo llorar a Susana Giménez
Últimas Noticias
"En la Argentina hay 173 edificios LEED". Cómo impulsar la construcción sostenible a través de incentivos tributarios, técnicos y financieros
"Detestable". El Gobierno repudió los videos de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial
