La Embajada palestina habla de "campaña de acoso" tras la declaración de seis ONG como grupos terroristas
La Embajada de Palestina en España ha denunciado este jueves la decisión "ilegal" de Israel de declarar a seis organizaciones no gubernamentales palestinas como grupos terroristas y ha subrayado que es parte de una "campaña de acoso".
"Esta decisión es una continuación de su campaña de acoso e incitación de décadas para silenciar, deslegitimar, dominar e incapacitar a la sociedad civil palestina", ha indicado la Embajada en un comunicado enviado a Europa Press.
Así, ha criticado que la decisión del Gobierno israelí "acusa falsamente" a las ONG afectadas, de las que ha dicho que son "creíbles y ampliamente respetadas", al tiempo que ha apuntado que las organizaciones civiles y de defensa de los Derechos Humanos han soportado "durante años" una "intimidación sistemática".
La Embajada ha hecho hincapié en que entre estas "intimidaciones" figuran "amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajar, revocación de la residencia y deportación".
Por ello, ha valorado que la decisión supone un ataque al "derecho fundamental" del pueblo palestino a hacer frente a la ocupación y ha reiterado que las ONG juegan un "papel fundamental" en la "supervisión y documentación de los crímenes y violaciones de Israel contra el pueblo palestino".
La Embajada ha señalado además que durante los últimos años Israel ha reducido "gravemente" el espacio de la sociedad civil, incluido el uso de "herramientas penales, legales y de seguridad" y la detención "ilegal" de jefes de estas organizaciones civiles y otros activistas.
"También ha matado y utilizado la violencia contra los defensores de los Derechos Humanos palestinos y sus familias", ha apuntado, al tiempo que ha reseñado que se han impuesto "órdenes militares ilegales" para el cierre de varias organizaciones, objeto además de redadas y "robo de archivos sensibles".
En otro orden de cosas, ha citado la prohibición de entrada a los Territorios Palestinos Ocupados de activistas y directores de ONG internacionales, en un "entorno hostil" que "se ha vuelto más tóxico de 2015", coincidiendo con el inicio de una investigación preliminar sobre posibles crímenes de guerra por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI).
"Desde 2015, las organizaciones palestinas de derechos humanos que realizan presentaciones ante el TPI han sido especialmente objeto de crecientes amenazas israelíes", ha recalcado, antes de recordar la ley aprobada en 2016 por la Knesset sobre el funcionamiento de ONG en el país.
En su comunicado, la Embajada ha puntualizado que "funcionarios gubernamentales y diplomáticos palestinos también han sido objeto de amenazas por su labor de defensa de los derechos palestinos" como parte de un intento de "reducir el espacio para la defensa y la resistencia legítima".
"Al ejercer control sobre las operaciones y funciones de la sociedad civil palestina, y al limitarlas, se socavan efectivamente esas capacidades y se silencia y castiga colectivamente al pueblo palestino", ha remachado.
La decisión de israel
El ministro de Defensa israelí, Benjamin Gantz, anunció la semana pasada la decisión del Gobierno argumentando que estas ONG han operado de forma efectiva como un brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
"Estas organizaciones estaban activas como organizaciones de la sociedad civil, pero en la práctica pertenecen al FPLP, cuya principal actividad consiste en (...) la destrucción de Israel", dijo la oficina de Gantz en un comunicado.
Las organizaciones afectadas son Addameer, Al Haq, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, Defensa para los Niños Internacional-Palestina y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.
La decisión ha provocado una condena internacional y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la calificó el martes de "ataque injustificado" y de "ataque contra los defensores de los Derechos Humanos, las libertades de asociación y expresión y el derecho a la participación pública".
En este sentido, Bachelet resaltó que estas designaciones se fundamental en razones "extremadamente vagas e insustanciales". "Reclamar derechos ante cuerpos internacionales o ante la ONU no supone un acto de terrorismo. Defender los derechos de las mujeres en los Territorios Palestinos Ocupados no es terrorismo y dar asistencia legal de los palestinos detenidos tampoco", zanjó.
Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, trasladó el miércoles al primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamad Shtayé, su "grave" preocupación por la decisión y recalcó que el bloque "la examinará muy de cerca".
Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, anunció la semana pasada que "se pondrá en contacto con los aliados israelíes para que proporcionen más información sobre estas designaciones", antes de puntualizar que Estados Unidos no recibió aviso alguno de esta decisión.
"Lo que puedo decir es que creemos en el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y que una sociedad civil fuerte es un factor crítico para garantizar un Gobierno responsable", añadió Price en rueda de prensa, según la transcripción facilitada por el Departamento de Estado.
El FPLP, fundado en 1967 y segunda formación más grande de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), por detrás del movimiento Al Fatá, del presidente Mahmud Abbas, es considerado por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea como un grupo terrorista.
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