La Eurocámara avala que la elusión de sanciones sea considerado un delito en toda la UE

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves su visto bueno a que la violación de sanciones sea un delito perseguido en toda la Unión Europea, un cambio que la Comisión Europea ha pedido como paso previo para poder contar con una base legal suficiente que permita legislar más adelante sobre la confiscación de bienes incautados a los oligarcas rusos cómplices de la invasión de Ucrania.

Con 509 votos a favor, 58 en contra y 19 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) apoyan así los cambios que permitirán perseguir como un delito transfronterizo a quienes eludan las sanciones y facilitará que sea castigado en todos los Estados miembro, con el objetivo de que los sancionados busquen refugio en los países de la UE menos restrictivos.

Una vez que el Consejo dé también su luz verde, el Ejecutivo comunitario podrá trabajar en una directiva precisa que defina criterios armonizados para tipificar el delito y prevea sanciones mínimas en toda la UE; y que necesitará de nuevo la aprobación de los colegisladores europeos.

Bruselas estima que cada año el crimen organizado mueve unos 139.000 millones de euros en el espacio común pero apenas un 2% llega a ser congelado y solo un 1% es confiscado; y ello a pesar de que existe una directiva sobre recuperación y confiscación que permite actuar en este sentido.

La revisión de la norma permitirá que se armonice y agilice la identificación, localización y congelación de los bienes generados por actividades criminales antes de que los autores consigan desviar estos fondos u oculten su procedencia delictiva.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, los Estados miembro han informado de la congelación de activos por valor de 9.890 millones de euros por las cinco rondas de sanciones acordadas por el momento por los Veintisiete, incluidas propiedades inmobiliarias, obras de arte o yates.

Sin embargo, solo en algunos de los Estados miembro el marco legal permitiría decomisar estas propiedades si se establece que los propietarios han violado las sanciones, mientras que en otros, como España, incumplir las medidas restrictivas impuestas por la UE apenas es una falta administrativa.

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