La Justicia colombiana envía a la cárcel a siete miembros del grupo Primera Línea de Boyacá
La Justicia de Colombia ha ordenado la entrada en prisión de siete presuntos miembros del grupo Primera Línea del departamento de Boyacá por haberse infiltrado y haber saboteado las protestas pacíficas que arrancaron el pasado mes de abril, así como por haber promovido "actos vandálicos".
Un juez de control de garantías de Paipa, en el departamento de Boyacá, ha resuelto acoger la solicitud de la Fiscalía colombiana que pedía imponer medidas de "aseguramiento privativas de la libertad" a siete personas, entre ellas dos mujeres que han quedado bajo arresto domiciliario "por acreditar la condición de madres cabeza de familia".
En un comunicado, la Fiscalía recoge que "los indicios dan cuenta de que estas personas habrían infiltrado y saboteado la protesta pacífica en varias ciudades del departamento y, al parecer, promovieron actos vandálicos contra el comercio y el transporte público, así como confrontaciones con la Fuerza Pública".
Los siete acusados estuvieron involucrados, por ejemplo, en la irrupción violenta en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de la ciudad de Duitama, así como en el ataque a un vehículo de la Policía Nacional en el que resultó gravemente herido un agente.
Por los actos en los que la Fiscalía ha concluido que estuvieron involucrados se les han imputado los delitos de concierto para delinquir, violencia contra las fuerzas públicas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación en servicio de transporte público, entre otros. Los condenados han negado su participación.
Las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Iván Duque comenzaron el 28 de abril en contra de una reforma fiscal presentada por el Ejecutivo, que fue retirada, a lo que se añadió una batería de demandas sociales que hicieron que los colombianos siguieran saliendo a las calles.
En cifras oficiales, al menos una veintena de personas fallecieron en el marco de las movilizaciones, en las que se vieron imágenes de vandalismo y disturbios y en las que se denunció una fuerte represión policial que ha llevado a la comunidad internacional a insistir en el respeto de los Derechos Humanos.
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