Legislador de Iowa exige a grupo defensor de inmigrantes que revele información confidencial
LA NACION
DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes en Iowa se niega a cumplir con la exigencia de un legislador de entregar detalles privados sobre sus clientes, donantes y miembros, calificándola como una intimidación por parte de funcionarios públicos en medio de las estrictas medidas impuestas a escala nacional contra la inmigración.
La directiva, fechada el 24 de febrero, fue enviada al Iowa Migrant Movement for Justice (Iowa MMJ, por sus siglas en inglés) por el presidente de la comisión de supervisión gubernamental de la Cámara de Representantes del estado, el representante Charley Thomson.
Un abogado de Iowa MMJ rechazó la demanda en una respuesta enviada el 18 de abril a toda la comisión, diciendo que la solicitud no es legalmente válida y sugiriendo que la carta plantea serias preocupaciones sobre un abuso de proceso.
La directora ejecutiva fundadora de la organización, Erica Johnson, escribió a los miembros la semana pasada, describiendo lo sucedido “como un recordatorio de que todos tenemos derechos, nos respaldamos mutuamente y no permaneceremos en silencio ni seremos intimidados por amenazas”.
The Associated Press revisó copias de la directiva y de la respuesta de la organización. Thomson, representante republicano, se negó a comentar o responder a las preguntas específicas de la AP enviadas por correo electrónico.
La demócrata de mayor rango de la comisión, la representante Elinor Levin, dijo que se ha enterado de que unas diez entidades, tanto privadas como públicas, recibieron directivas para proporcionar información. Ninguna otra entidad trabaja directamente con comunidades de migrantes, inmigrantes o refugiados, dijo Levin; algunas son instituciones educativas.
La demócrata expresó que la carta era intimidante, onerosa y podía ir más allá de los poderes de la comisión.
“Esto no me parece la máxima prioridad para nuestra comisión de supervisión gubernamental”, dijo Levin, “particularmente en un momento en que nuestras comunidades de refugiados y migrantes están en crisis y los servicios proporcionados por estas organizaciones son absolutamente vitales”.
La solicitud de detalles privados de Iowa MMJ se produce en un momento en que la administración del presidente Donald Trump emprende una campaña para fortalecer y ampliar la aplicación de la ley de inmigración y los gobernadores republicanos ofrecen su plena cooperación, lo que ha generado temor entre las comunidades de inmigrantes.
La organización había asistido al capitolio estatal para protestar y hablar con los legisladores sobre propuestas legislativas. Un proyecto de ley habría exigido que las fuerzas del orden locales trabajaran directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Johnson dijo que la carta llegó en medio de ataques “fuera de serie” a organizaciones sin fines de lucro y a las personas que trabajan en servicios legales e inmigrantes.
“Parece que todos los días nos decimos a nosotros mismos: ‘Oh, Dios mío, ¿cómo podría empeorar?’”, dijo Johnson. “Y luego, empeora”.
Johnson afirmó que la organización, conociendo sus derechos, no cumplirá con la directiva y está alzando la voz a pesar de los riesgos.
En un momento en que las autoridades federales de inmigración actúan para exigir la creación de un registro de personas que están en Estados Unidos sin autorización, no se sabe si otras organizaciones de inmigración de todo el país reciben solicitudes similares ni qué harían los legisladores con la información.
En la directiva se menciona un capítulo de la ley de Iowa que establece los poderes de las comisiones legislativas, los cuales incluyen la realización de “estudios profundos de asuntos gubernamentales”. Con la aprobación de toda la Cámara, las comisiones también pueden iniciar investigaciones con el poder de emitir citaciones para obtener información o testigos.
Un portavoz de los republicanos, que constituyen la mayoría de la Cámara de Iowa, se negó a responder preguntas sobre el alcance de la comisión de supervisión gubernamental. La Cámara no ha aprobado una resolución que apruebe una investigación.
Aunque en la carta de Thomson no se menciona una investigación específica, se afirma que Iowa MMJ tiene material “que puede ser relevante para la investigación de la Comisión” y ordena a la organización que conserve todas las pruebas relevantes. El incumplimiento, afirma, podría tener graves consecuencias, incluidas multas o posible responsabilidad penal.
En la directiva también se le ordena a Iowa MMJ “que no discuta... ni notifique a ninguna persona o entidad que se le ha ordenado proporcionar esta información”.
Levin dijo que no cree que el presidente de la comisión pueda emitir tal orden de silencio, calificándola como una “táctica agresiva” para tratar de asustar a la gente.
La directiva de Thomson pide a Iowa MMJ que enumere los servicios legales que han proporcionado, por quién y a quién, así como los nombres y direcciones de donantes y miembros.
La organización sin fines de lucro, exenta de impuestos, está obligada a presentar divulgaciones anuales al servicio de rentas internas (IRS, por sus siglas en inglés) e informes bienales ante el secretario de estado de Iowa.
En términos generales, las organizaciones sin fines de lucro “no están obligadas a hacer pública toda su información”, dijo Paul Thelen, director de un centro de recursos para organizaciones sin fines de lucro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa. La supervisión o investigaciones sobre acusaciones creíbles de fraude recaen, en la mayoría de los estados, en el fiscal general, dijo Thelan.
“Piense por un momento (qué ocurriría si) escuelas, hospitales u organizaciones de servicios legales compartieran los nombres de estudiantes, pacientes o clientes”, escribió en un correo electrónico. “Hacer pública esta información podría violar las expectativas legales y profesionales de confidencialidad y privacidad”.
El Iowa MMJ fue creado en 2020 y se describe a sí mismo como una “organización de servicios legales y defensa basada en membresía a nivel estatal”, liderada por inmigrantes, refugiados y sus aliados. Publicita cursos legales en Des Moines, Cedar Rapids y Storm Lake, así como en otras comunidades con una gran población inmigrante.
La organización también demandó al estado por su ley de inmigración, promulgada el año pasado, que convertiría en un delito estatal que una persona esté en Iowa si no tiene autorización para estar en Estados Unidos.
Las declaraciones ante el IRS de la organización, que está exenta de impuestos, muestran que recibió más de 900.000 dólares en contribuciones en 2022.
Iowa MMJ dice que también recibe aproximadamente el 7% de su presupuesto de una subvención de asistencia a víctimas distribuida por la oficina del fiscal general del estado y cumple con sus requisitos de información.
“No entendemos cuál es la base de la carta”, dijo Johnson. ”¿Por qué creen que tienen jurisdicción para decirle a una organización privada sin fines de lucro que entregue toda esta información? Hasta donde sabemos, no la tienen”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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