Ley de Amnistía aprobada en Venezuela es recibida con desconfianza por grupos de derechos humanos
CARACAS (AP) — La Ley de Amnistía impulsada por el gobierno para la liberación masiva de presos por motivos políticos fue recibida con desconfianza por organizaciones defensoras de los derechos humanos, varias de las cuales exigieron el viernes que sean liberados de inmediato todos los presos por motivos políticos, aún cuando no figuren entre los beneficiarios de ese instrumento legal.
Los grupos humanitarios también pidieron en una rueda de prensa que se desmantele “el sistema represivo” que dio pie a las encarcelaciones.
“La amnistía es un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones, pero es un logro”, aunque no se podrá alcanzar la reconciliación y la reunificación del país, “sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos”, dijo Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país y que monitorea la situación de los presos en Venezuela.
La ley de Amnistía fue sancionada el jueves, apenas 20 días después que la presidenta encargada Delcy Rodríguez la presentó para potenciar la convivencia en el país. Rodríguez fue juramentada el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.
La presidenta encargada ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la larga confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.
Aunque el gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo, “el problema de los presos políticos existe y todavía se mantiene, la Ley de Amnistía no lo solventa”, aseveró Romero, quien resaltó que son miles los que deberían ser beneficiados.
Según cifras de Foro Penal, en Venezuela “hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas a su libertad que estuvieron encarceladas” y son numerosos los mayores de 70 años presos, pese a que la legislación contempla medidas sustitutivas de libertad basadas en el principio humanitario.
Los activistas advirtieron también que el futuro de muchos de los potenciales beneficiarios de la amnistía esta “todavía amenazado por la persecución política” como consecuencia que la ley está sujeta a “una excesiva discrecionalidad”.
Consideraron además un despropósito que sean “los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas injustamente, arbitrariamente”, los encargados de “interpretar la ley para otorgar beneficios”, en lugar de designar “jueces ad hoc” para ese fin.
La norma se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.
La nueva ley excluye a los condenados por homicidio, tráfico de drogas, violaciones graves de los derechos humanos y rebelión militar.
La ley se aplicará a los detenidos durante los mandatos de Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2026) en 12 momentos específicos, lo que deja por fuera a cientos de detenidos.
Organizaciones locales e internacionales como Human Rights Watch han denunciado por años la falta de independencia judicial en Venezuela.
“Hasta que esto no cambie, vamos a tener todavía la amenaza en un futuro de que incluso aquellos que van a ser amnistiados puedan ser nuevamente encarcelados”, insistió Romero.
En tanto, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó en un comunicado que todas sus “preocupaciones y advertencias respecto al proyecto de ley de amnistía se confirman ante un texto que, tal como señalamos oportunamente, resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos".
“Hemos sostenido y reiteramos que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales”, enfatizó JEP.
En coincidencia con las críticas, la mandataria encargada pidió el jueves —poco después de la firma de la norma en el palacio presidencial de Miraflores— que se active con la “máxima celeridad” la revisión de los casos “no contemplados” en el texto y que se den las recomendaciones pertinentes para curar heridas y para reencauzar la convivencia democrática y la justicia.
Los legisladores de la Asamblea unicameral habían aprobado poco antes por unanimidad la ley que entrará en vigor luego de su publicación en la Gaceta Oficial.
Los activistas insistieron que las liberaciones continúen de forma ajena a la ley.
El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros. Voceros del gobierno han dicho que han sido liberados casi 900 reclusos desde diciembre, aunque el Foro Penal hasta el miércoles registraba la liberación de 448 personas por motivos políticos.
