Maduro exige la repatriación a Venezuela de una niña separada de sus padres deportados desde EEUU
LA NACION
CARACAS (AP) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, exigió el jueves que una niña de dos años sea entregada a sus familiares en Venezuela, luego de que las autoridades estadounidenses deportaran a sus padres por separado y mantuvieran a su hija bajo custodia en territorio estadounidense.
El polémico caso se dio a conocer la semana pasada cuando el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que Estados Unidos había secuestrado a una niña, Maikelys Espinoza, hija de migrantes venezolanos, al separarla de sus padres cuando estos fueron deportados.
La madre de la menor llegó a su país de origen la semana pasada en un avión sin la niña. El padre ya había sido deportado a El Salvador en marzo y permanece allí desde entonces en una cárcel de máxima seguridad, según los abogados de la familia.
El gobierno de Estados Unidos afirmó para justificar su deportación y la separación de la menor que ambos tienen vínculos con la banda del Tren de Aragua, de origen venezolano, calificada por la administración del presidente Donald Trump como una organización terrorista.
La niña fue retirada del manifiesto de deportación para su “seguridad y bienestar”, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, indicaron las autoridades estadounidenses en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El jueves, durante la intervención de Maduro en la marcha oficialista con motivo del Día Internacional del Trabajador, el mandatario indicó que la niña no estaba entre el grupo de personas deportadas —en el que sí estaba su madre— que fueron repatriadas la semana pasada a Venezuela como parte de los traslados acordados a fines de marzo por ambos países.
Maduro insistió el jueves que la niña fue “secuestrada” por las autoridades estadounidenses y pidió a la justicia de ese país que corrija esa situación y ordene que la menor sea devuelta a su madre.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló en un comunicado del 26 de abril posterior a las declaraciones de Cabello que la menor “permanece bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados y actualmente se encuentra con una familia de acogida”.
En ese comunicado, las autoridades estadounidenses justificaron que habían tomado "medidas porque ambos padres son parte del Tren De Aragua” y “contaban con órdenes judiciales de deportación”.
En concreto, según el Departamento de Seguridad Nacional, el padre de la niña, Maiker Espinoza, estaba a cargo de supervisar “homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, tráfico sexual” para esa organización criminal. Mientras que la madre, identificada como Yorely Bernal Inciarte, supuestamente supervisaba “el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución”.
La pareja negó durante su detención en Estados Unidos ser parte de la banda criminal.
El caso, rechazó Maduro ante sus seguidores, “es uno de miles de casos de niños y niñas, hijos de latinoamericanos y caribeños, que están secuestrados en Estados Unidos”. Indicó que hay un grupo de abogados trabajando en el tema en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII y etiquetó a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora para poder deportar a migrantes venezolanos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador como parte de su política contra la migración.
El gobierno de Maduro, por su parte, ha dicho que Maiker Espinoza es uno de los 252 venezolanos que están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó construir para encarcelar a integrantes de las pandillas.
Recientemente, el mandatario venezolano rechazó una propuesta de Bukele que buscaba intercambiar a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos por otras tantas personas encarceladas en Venezuela consideradas como presos políticos. Maduro catalogó la propuesta como “ilegal” y resaltó que fueron “privados de su libertad de forma arbitraria".
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