Máximo tribunal de Brasil acepta cargos contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

RÍO DE JANEIRO (AP) — Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó unánimemente el miércoles los cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro sobre un presunto intento de mantenerse en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2022, y ordenó que sea juzgado.

El fiscal general Paulo Gonet ha acusado a Bolsonaro y a otras 33 personas de intentar llevar a cabo un golpe de Estado que incluía un plan para envenenar a su sucesor, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y matar a un magistrado del máximo tribunal brasileño.

Los magistrados dijeron que siete aliados cercanos también deberían ser juzgados por cinco cargos: intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daño caracterizado por violencia y amenaza grave contra los bienes del Estado, y deterioro del patrimonio catalogado.

El expresidente ha negado en repetidas ocasiones haber actuado mal y dice que está siendo perseguido políticamente. Un abogado de Bolsonaro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Parece que hay algo personal en mi contra”, comentó Bolsonaro a los periodistas tras darse a conocer la decisión del panel. “La acusación es muy grave y carece de fundamentos”.

En virtud de la ley brasileña, una condena por intento de golpe de Estado conlleva una sentencia de hasta 12 años en prisión. Cuando está combinada con otros cargos, podría resultar en una sentencia de décadas tras las rejas.

“Los golpes matan”, dijo el juez Flávio Dino al emitir su voto. “No importa si sucede hoy, el mes siguiente o unos años después”.

Gonet dijo el martes que aquellos acusados buscaron mantener a Bolsonaro en el poder “a toda costa”, en un plan de varios pasos que se aceleró después de que el político de extrema derecha perdió ante el actual presidente.

Al igual que en su acusación de febrero contra Bolsonaro y otras 33 personas, Gonet dijo que parte de la trama golpista incluía un plan para asesinar a Lula y al juez Alexandre de Moraes, quienes eran vigilados por los presuntos conspiradores. El plan no se llevó a cabo sólo porque, en el último momento, los acusados no lograron obtener el apoyo del comandante del ejército, dijo Gonet.

“La frustración abrumó a los miembros de la organización criminal que, sin embargo, no renunciaron a la toma violenta del poder, ni siquiera después de que el presidente electo de la República asumiera el cargo”, señaló Gonet.

Eso fue una referencia al motín del 8 de enero de 2023, cuando los seguidores acérrimos de Bolsonaro asaltaron y destrozaron las sedes del máximo tribunal, del palacio presidencial y del Congreso, en Brasilia, una semana después de que Lula asumió el cargo.

De Moraes mostró el miércoles al panel un video que contenía escenas que se desarrollaron ese día. “Tuvimos un intento de golpe de Estado muy violento”, comentó. “Una violencia salvaje, una total incivilidad, y una solicitud para una intervención militar en el golpe de Estado”.

Bolsonaro negó el miércoles haber tenido alguna participación y dijo que se encontraba en Estados Unidos en ese momento, y que había abandonado el país días antes del término de su mandato. “Uno de cinco cargos en mi contra es destrucción de la propiedad. Sólo si fue por telepatía”, comentó a los periodistas.

El compañero de fórmula de Bolsonaro durante las elecciones de 2022 y exministro de Defensa, Walter Braga Netto; el exministro de Justicia, Anderson Torres, y su ayudante de campo, Mauro Cid, entre otros, también enfrentarán un juicio. El tribunal decidirá sobre el destino de los demás más adelante.

Los observadores habían esperado que los cargos fueran aceptados.

“Los votos no fueron en absoluto sorprendentes”, dijo João Pedro Pádua, profesor de derecho en la Universidad Federal Fluminense. Pero afirmó que eran históricos. “Es la primera vez que un exjefe de Estado será juzgado por los crímenes de golpe de Estado y abolición violenta del estado democrático y legal".

Bolsonaro, un exoficial militar que era conocido por expresar nostalgia por la dictadura del país, desafió abiertamente el sistema judicial de Brasil durante su mandato de 2019 a 2022.

Ha buscado consolidar apoyo político antes del posible juicio, incluyendo una protesta en Río de Janeiro a principios de este mes. Los medios de comunicación locales informaron que alrededor de 18.000 personas asistieron, basándose en cifras de un proyecto de monitoreo vinculado a la Universidad de Sao Paulo.

Los aliados de Bolsonaro esperaban atraer a 1 millón de personas. Algunos analistas han dicho que su capacidad para movilizar votantes está disminuyendo. Ha convocado una nueva manifestación el 6 de abril en Sao Paulo.

El expresidente y sus aliados también presionarán para que el Congreso otorgue amnistía a aquellos en prisión por su papel en los disturbios del 8 de enero de 2023.

Carlos Melo, profesor de ciencias políticas en la Universidad Insper de Sao Paulo, dijo que no pronosticaba que la decisión del miércoles tuviera un gran impacto en las elecciones presidenciales del próximo año.

Bolsonaro ya ha sido inhabilitado por el tribunal electoral superior de Brasil para postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder mientras estaba en el cargo y por lanzar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónico del país.

“Bolsonaro afirmará que es candidato de todos modos. ¿Por qué? Para evitar ser marginado. Dirá que es él, o alguien que él designe. No quiere renunciar a un activo político que tiene”, señaló Melo.

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La periodista de The Associated Press Gabriela Sá Pessoa contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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