Mujeres siguen siendo denunciadas por abortar en Colombia tres años después de la despenalización

BOGOTÁ (AP) — Colombia despenalizó el aborto hace tres años en una histórica sentencia de la Corte Constitucional que ubicó al país como uno de los más flexibles para la interrupción voluntaria del embarazo en la región. Pero no ha logrado derrotar del todo el estigma y las mujeres siguen siendo denunciadas penalmente.

La criminalización es uno de los mayores obstáculos para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo voluntariamente según Causa Justa, el movimiento que interpuso la demanda con la que se logró la despenalización.

Aunque la Corte despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, sigue existiendo en el Código Penal el delito de aborto consentido o voluntario, por lo que las mujeres pueden ser denunciadas y le corresponde a la fiscalía y a los jueces darle trámite. Pero el proceso hasta que se archiva o desecha la acusación puede extenderse por meses, dejando a la mujer en medio de una batalla judicial.

Las denuncias aumentaron 13% en el último año: mientras en 2023 había 110 casos por el delito de aborto consentido, en 2024 fueron registrados 124, según cifras dadas al movimiento por la Fiscalía General. El organismo judicial no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press sobre los procesos abiertos.

“Si bien tenemos esta decisión que reconoce los derechos humanos de las mujeres y de las personas en este país, sigue existiendo el estigma social frente al aborto”, dijo a AP Catalina Martínez Coral, vicepresidenta regional del Centro de Derechos Reproductivos y vocera de Causa Justa. Combatir el estigma social “toma tiempo y llevamos tres años”, apuntó.

En Colombia, un país de tradición católica, la aprobación de la sentencia recibió la oposición de algunos sectores que consideran que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción.

Si bien la Fiscalía no desglosa quién interpone las denuncias por el delito de aborto consentido por protección de datos, Martínez Coral cree que algunas son presentadas por profesionales médicos que “bajo un criterio de estereotipo o estigma, siguen denunciando a las mujeres”.

Las denuncias, asegura Martínez Coral, pueden tener un impacto negativo en la vida de las mujeres porque les dificulta encontrar trabajo e incluso socializar en su entorno. “Se vuelve una sanción social muy compleja para la vida de las mujeres”, explicó.

La Corte Constitucional definió que las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta la semana 24 sin incurrir en el delito de aborto, que establece para las mujeres que lo practiquen o a quien las ayude entre uno y tres años de cárcel. Luego de las 24 semanas las mujeres pueden interrumpirlo por tres causas: cuando hay peligro para la vida o la salud de la gestante, malformaciones del feto incompatibles con la vida y si el embarazo es resultado de una violación o incesto.

Actualmente no se discute ningún proyecto en el Congreso que busque retirar del Código Penal el delito de aborto consentido para lograr su despenalización total.

Tras la sentencia de la Corte la Fiscalía emitió en 2023 una directiva en la que ordenó a los fiscales que estuvieran investigando presuntos casos de aborto ocurridos antes de la semana 24 o bajo las tres causales permitidas que archivaran las diligencias o, en caso de que se tratara de un proceso en fase avanzada de juicio, se solicitara la absolución.

La Fiscalía dijo a AP a través de su oficina de prensa que la directiva continuará activa siempre que no sea reemplazada por otra.

“La circular de la Fiscalía lo que hace es que cierra todos los casos que estaban abiertos en el pasado. Estos nuevos no entran dentro de ese espectro. Sin embargo, yo espero que no prosperen, porque no hay fundamentos legales para que las mujeres estén siendo denunciadas”, indicó Martínez Coral.

Así como en la Fiscalía se dieron nuevas directrices para abordar los casos de acuerdo a la sentencia de despenalización, el Ministerio de Salud estableció los protocolos para la prestación de los servicios de salud integrales a las mujeres que soliciten la interrupción del embarazo, uno de los principales obstáculos que tenían antes de la sentencia cuando sólo aplicaban las tres causales permitidas desde 2006.

“Colombia es un faro para la libertad reproductiva, para los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar... en este mundo que está cambiando, en donde hay estos intentos conservadores de retrocesos”, concluyó Martínez Coral.

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