Nayib Bukele anuncia la puesta en marcha de un nuevo plan de control para "extraer" a pandilleros
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado la puesta en marcha de la "Fase 5" de su Plan de Control Territorial de lucha contra las pandillas, que permitirá a las Fuerzas Armadas del país encontrar y "extraer" a supuestos delincuentes en grandes ciudades.
"Hoy anunciamos la Fase 5 del Plan de Control Territorial que denominamos Extracción. Aprovechando la coyuntura y el éxito que tuvimos en el cerco Comasagua, vamos a replicarlo en escenarios más grandes", ha detallado el presidente salvadoreño durante la juramentación de nuevas tropas para el Ejército del país.
El plan de Bukele es el de exportar a nivel nacional cercos militares como el que llevaron a cabo en la localidad de Comasagua, de 15.000 habitantes, pero esta vez en ciudades y municipios más grandes, ha informado 'La Nación'.
"Con la Fase 5 vamos a terminar de sacar esa plaga de nuestras ciudades y El Salvador será un ejemplo para el mundo, aunque no será fácil", ha declarado Bukele, en alusión a que el plan está enfocado principalmente al combate contra las pandillas.
El mandatario ha advertido que las Fuerzas Armadas capturarán a cualquier persona que quiera "suplir" a los pandilleros "para que sigan sus amedrentamientos contra la población", asegurando que serán capturados y procesados con nuevas penas aprobadas por el Parlamento del país.
"Si alguien quiere suplirlos de armamento, alimentos, munición, celulares, saldo, chip o lo que utilizan para amedrentar a la población pues ahí ustedes van a interceptarlos, tanto a los delincuentes como a los que colaboren con ellos", ha sostenido Bukele, según ha recogido 'El Mundo'.
En el último informe facilitado por el Gobierno de El Salvador, se estima que un total de 56.000 pandilleros han sido detenidos desde que se decretara en el país el estado de excepción, un mecanismo que permite al Estado salvadoreño suspender ciertas libertades y garantías.
Bukele, que se presentará a la reelección en 2024, ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad, frente a la organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que cuestionan los excesivos poderes que concede este régimen a las fuerzas de seguridad.
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