Organismos de DDHH cuestionan que Bukele haya ofrecido recibir en El Salvador criminales desde EEUU

SAN SALVADOR (AP) — Defensores de los derechos humanos cuestionaron el martes el acuerdo alcanzado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el gobierno de Estados Unidos que permitiría a ese país enviar tanto a migrantes detenidos como criminales encarcelados a la nación centroamericana.

De acuerdo con esos grupos, el país de seis millones de habitantes no cuenta con las condiciones carcelarias necesarias para ello, mientras critican la prolongada suspensión de derechos básicos y constitucionales como parte de la lucha del gobierno contra las pandillas en las calles.

“El sistema penitenciario es fallido, no hay capacidad instalada ni siquiera para poder tener las condiciones mínima a 85.000 adultos procesados actualmente por agrupaciones ilícitas”, afirmó en entrevista con The Associated Press la abogada Íngrid Escobar, de la ONG Socorro Jurídico Humanitario.

Durante su visita a El Salvador el lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el presidente Bukele ha ofrecido aceptar personas deportadas por Estados Unidos de cualquier nacionalidad, así como a criminales estadounidenses violentos encarcelados en esa nación, aunque lo último enfrentaría “legalidades”, según el jefe de la diplomacia del gobierno de Donald Trump.

Bukele dijo en la red social X que su oferta abre una oportunidad a Estados Unidos de “externalizar parte de su sistema penitenciario”.

“Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa”, escribió. “La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

El CECOT se inauguró en 2023 después de que el gobierno de Bukele emprendiera su feroz campaña contra las pandillas. Tiene una capacidad para albergar a 40.000 privados de libertad y allí están recluidos los pandilleros más peligrosos del país, culpables de asesinatos, desapariciones, violaciones y extorsiones, según las autoridades.

Escobar, la defensora de los derechos humanos, sostiene que traer delincuentes desde Estados Unidos “es grave porque no hay espacio e incluso si hablan del CECOT donde sólo caben 40.000 personas".

Aseguró que en términos generales los privados de libertad en las cárceles del país “están en condiciones infrahumanas, con tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde hay tortura y muertes todos los días”.

Según datos de World Prison Brief (WPB), El Salvador registra 1.659 prisioneros por cada 100.000 habitantes, convirtiéndolo en uno de los primeros en el listado de países con mayor cantidad de población carcelaria. El gobierno salvadoreño no proporciona información de los privados de libertad en sus cárceles.

El abogado independiente Mauricio Maravilla tampoco cree que el sistema carcelario del país esté preparado para recibir a delincuentes como los de la pandilla Tren de Aragua. “¿Tenemos nosotros la capacidad penitenciaria para recibir a una banda que ha demostrado en países como Ecuador y Venezuela una gran capacidad para corromper instituciones estatales?", se preguntó.

La abogada y analista política Bessy Ríos dijo a la AP que lo que está haciendo El Salvador es que “va a vender el servicio carcelario" y cuestionó que no se divulgue el acuerdo bajo el cual se va a llevar a cabo la operación.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos afirman haber registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción. Socorro Jurídico Humanitario dice haber documentado al menos 366 personas muertas bajo custodia de las autoridades.

El Salvador vive bajo un estado de emergencia desde el 27 de marzo de 2022. Las autoridades han dicho que se han arrestado a más de 84.200 personas a las que acusan de formar parte de las pandillas o colaborar con estos grupos criminales que por más de tres décadas han aterrizado a los salvadoreños. Bukele ha dicho que 8.000 inocentes han sido liberados.

El régimen de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

El Salvador cerró 2024 con una cifra mínima récord de 114 homicidios, un promedio diario de 0,3 y en el mes de diciembre sólo registró un asesinato, ante lo cual el presidente Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.

En 2015, la nación centroamericana registró 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia del país, y el más violento desde el fin de la guerra civil.

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