Panamá reabre negociaciones sobre el futuro de una controvertida mina de cobre
LA NACION
DONOSO, Panamá (AP) — Más de un año después de que la Corte Suprema de Panamá suspendiera las operaciones en una enorme mina de cobre porque determinó que su concesión gubernamental era inconstitucional, el nuevo gobierno del país está dando señales de una posible reactivación.
Grupos empresariales están presionando al presidente José Raúl Mulino, quien dice que comenzará a examinar el futuro de la mina con su equipo la próxima semana. El propietario de la mina está realizando giras mediáticas y ha dicho que suspenderá el arbitraje, mientras que la coalición de grupos ambientales y cívicos que paralizó el tráfico durante semanas en 2023 para exigir el cierre de la mina se está preparando para volver a las calles.
Mulino ya ha ordenado que la planta de energía de la mina vuelva a operar y que se venda concentrado de cobre por un valor de unos 250 millones de dólares que se encuentra en la mina. Y el jueves pareció indicar hacia dónde se inclinaba.
Al tiempo que hacía notar el impacto económico de la mina —representó casi el 5% del producto interno bruto de Panamá el último año que operó—, Mulino declaró: “¿con qué criterio puedo decirle yo, como presidente de la República, puedo decirle al país: ‘adiós a la mina, no va haber mina porque cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?’”.
En marzo de 2023, el Congreso de Panamá llegó a un acuerdo con la empresa minera canadiense First Quantum, permitiendo que su subsidiaria local Panama Copper continúe operando la mina al menos 20 años más. La mina a cielo abierto fue cerrada temporalmente en 2022 cuando las negociaciones entre el gobierno y First Quantum se vinieron abajo debido a pagos que el gobierno quería.
El contrato, que recibió la aprobación final el 20 de octubre de 2023, permitió a la subsidiaria continuar operando la mina en una selva en la costa del Atlántico, al oeste de la capital, durante los próximos 20 años, con la posibilidad de extenderse por otros 20 años si el sitio seguía siendo productivo.
El acuerdo enfrentó oposición de aquellos que creían que Panamá no estaba recibiendo tanto como debería, y de ambientalistas y grupos indígenas que expresaron preocupaciones sobre el impacto de la mina.
La disputa derivó en algunas de las protestas más extendidas en Panamá en los últimos años, incluido un bloqueo de la planta de energía de la mina. Los manifestantes también bloquearon partes de la Carretera Panamericana, incluido un tramo cerca de la frontera con Costa Rica.
El 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión de 20 años era inconstitucional y el entonces presidente Laurentino Cortizo anunció el inicio de un proceso para cerrar la mina.
Días antes del fallo de la corte, el Congreso también había aprobado una moratoria sobre la minería metálica en Panamá.
Ahora el camino a Cobre Panamá está salpicado de letreros que piden su reapertura. En su apogeo empleaba a más de 7.000 personas, de las cuales sólo quedan unas 1.000 mientras la empresa intenta mantener a raya la selva circundante y evitar que el equipo se oxide.
Edgardo Díaz, quien vendía comida a los trabajadores de la mina, indicó que muchos vendedores tuvieron que cerrar sus negocios cuando la mina dejó de operar. Dijo que fue uno de los cinco vendedores que se reunió con Mulino hace varias semanas. “Nosotros pedimos la reapertura de la mina”, señaló Díaz.
Pero no todos están de acuerdo. Abelisario Rodríguez, un residente de Río Caimito cerca de la mina, indicó que, a pesar de la presencia de la mina y el dinero que generaba, su comunidad aún carecía de servicios básicos como electricidad, agua potable, un centro de salud y escuela.
Dijo que se habían hecho muchas promesas sobre el desarrollo que traería la mina, pero no lo veía reflejado en su comunidad, y no quería verla reabierta.
“Nosotros en Panamá no queremos minas porque nosotros tenemos la experiencia de países como Chile, como el Perú, que son países mineros, comunidades que han sido arrasadas, que han sido contaminadas, con poblaciones enfermas", manifestó Rodríguez. "Nosotros no quisiéramos eso para nuestras futuras generaciones.
Manuel Aizpurua, jefe de Cobre Panamá, indicó que han comenzado a llevar personas a la mina para mostrar el estado del equipo y la necesidad de tomar una decisión sobre el futuro de las instalaciones.
“La naturaleza está atacando estas instalaciones y estos equipos, llevándolos a un grado de deterioro que entonces no va a poder ser posible arrancar la mina nuevamente si no lo atendemos con urgencia”, declaró Aizpurua.
“Nosotros entendemos que una operación como esta debe generar beneficios importantes para el país y para las comunidades aledañas, no solamente para nuestros accionistas y nuestros inversionistas. Y estamos preparados para sentarnos con el gobierno nacional cuanto antes, sin ningún tipo de precondiciones, a encontrar una solución que logre ese objetivo”, añadió.
Poco después de que Mulino hiciera sus comentarios sobre la mina el jueves, la coalición Panamá Vale Más sin Minería —que aglutina a 40 organizaciones— se reunió en la capital.
Lilian Gonzáles Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidentes Ambientales —un organismo no gubernamental—, rechazó el argumento económico para reabrir la mina. Dijo que aunque muchos países habían tenido dificultades económicas recientemente, Panamá ha crecido incluso sin que la mina operara el año pasado.
“No hemos dependido de la minería, es una falacia”, afirmó. El único diálogo al que el grupo está abierto era sobre el cierre permanente de la mina.
La coalición ha convocado a una vigilia pública el domingo para recordarles a las autoridades la oposición pública a que vuelva a operar.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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