Perú rompe relaciones con México por darle asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez
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LA NACION
LIMA (AP) — Perú anunció el lunes que rompió sus relaciones diplomáticas con México luego de afirmar que en un acto de “injerencia” en los asuntos del país sudamericano el gobierno de Claudia Sheinbaum concedió el asilo diplomático a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, quien está acusada del delito de rebelión.
La cancillería peruana dijo en un comunicado que “en un acto inamistoso que se suma a la serie de acciones de injerencia inaceptables” de México hacia Perú, “la embajada de ese país en Lima ha informado en la fecha que su gobierno ha concedido asilo diplomático a la señora Betssy Chávez Chino”. El canciller peruano Hugo de Zela había indicado previamente a la difusión de ese texto que Chávez “está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú”.
A continuación, el presidente interino de Perú, José Jerí, anunció en su cuenta de X que “con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”.
El incidente en torno a Chávez suma un nuevo capítulo a las deterioradas relaciones entre los dos países latinoamericanos.
La Fiscalía peruana acusa a Chávez, quien ejerció como primera ministra del gobierno del izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), de ser coautora del delito de rebelión contra los poderes del Estado a raíz de su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente dispuso la disolución del Congreso y el cierre temporal de las instituciones constitucionales, lo que finalmente terminó detonando en su destitución.
La Fiscalía solicita para la exfuncionaria una pena de hasta 25 años de prisión.
El gobierno de Sheinbaum no ha hecho declaraciones públicas sobre la decisión tomada por el gobierno de Jerí, quien asumió el poder de manera interina el 10 de octubre luego de que el Congreso, que él mismo presidía, destituyó a Dina Boluarte del Poder Ejecutivo alegando incapacidad moral permanente.
En octubre, la presidenta mexicana, de tendencia izquierdista, ratificó su respaldo a Castillo e insistió en que fue víctima de un “golpe de Estado”. Insistió en que el expresidente peruano sea liberado “y que tenga un juicio justo”.
Pero la cancillería peruana señaló en el comunicado que desde “el fallido intento de golpe de Estado” que protagonizó el expresidente Castillo, “el gobierno de México ha venido interfiriendo de manera inadmisible y sistemática en los asuntos internos del Perú, en manifiesta violación del principio de no intervención reconocido por el derecho internacional”.
Agregó que “la inaceptable posición” de México desde diciembre de 2022 se mantuvo “inalterable”, pese a que el gobierno del Perú en repetidas ocasiones exigiera el respeto a su soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos.
El canciller peruano señaló con anterioridad que el inicio del trámite de asilo por parte de México constituía un “acto poco amistoso”, que se suma a diferencias mantenidas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y el de Sheinbaum.
La esposa e hijos de Castillo están asilados en México, donde sus autoridades han mostrado simpatías por el exmandatario peruano.
El canciller De Zela precisó que la ruptura con México afecta vínculos bilaterales entre ambos países complicando no solo aspectos diplomáticos, sino también de cooperación a nivel regional. Pero acotó que se mantienen las relaciones consulares, que son aquellas que se refieren a la protección de los nacionales de ambos países.
La Fiscalía del Perú había pedido al Poder Judicial que, como parte de una serie de reglas de conducta, la exprimera ministra no acudiera a ninguna embajada ni se reuniera con diplomáticos extranjeros mientras durara el proceso en su contra.
Chávez está en libertad con restricciones tras un fallo del Tribunal Constitucional del Perú que declaró nula la prolongación de una medida en su contra de prisión preventiva que estaba fuera de plazo.
Sin embargo, el proceso por rebelión continúa en curso y el Ministerio Público mantiene abierto el riesgo de fuga como elemento central de su solicitud de prisión o de otras medidas más estrictas.
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