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Singapur ejecutó el jueves por ahorcamiento a dos personas condenadas por narcotráfico, en lo que activistas calificaron como un "castigo vergonzoso e inhumano", al aumentar a cuatro el número de ejecuciones desde marzo en la ciudad Estado.

Las últimas ejecuciones tuvieron lugar después de que en abril fuera ahorcado un hombre minusválido mental, lo que generó críticas de la Unión Europea (UE) y la ONU.

Singapur, que dispone de una de las legislaciones antidrogas más severas del mundo, insiste en que la pena capital tiene un efecto disuasivo contra el narcotráfico.

El jueves fueron ejecutados Kalwant Singh, un malasio de 32 años, y el singapurense Norasharee Gous, informó la activista de derechos humanos Kirsten Han.

Dijo a AFP que la hermana de Kalwant recibió su certificado de defunción, y que la familia de Norasharee trasladó sus restos a una mezquita.

Autoridades carcelarias inicialmente no respondieron a los pedidos de comentario.

Amnistía Internacional afirmó que el uso de la pena de muerte por parte de Singapur era una "flagrante violación de los derechos humanos".

Kalwant y Norasharee fueron condenados en 2016 por un caso de tráfico de heroína.

El malasio hizo el miércoles una apelación de última hora, al señalar que aportó información que permitió detener a un importante narcotraficante, pero la petición fue rechazada por un panel de tres jueces.

Activistas temen que en los próximos meses habrá más ejecuciones.

En una reciente entrevista con la BBC, el ministro del Interior K Shanmugam defendió la posición de Singapur sobre la pena de muerte y aseguró que hay "evidencia clara de que es un importante disuasor para posibles narcotraficantes".

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