Sobreviviente de ataque israelí a prisión iraní Evin describe "muerte lenta" tras 12 días de guerra
LA NACION
BEIRUT (AP) — Sayeh Seydal —una disidente iraní encarcelada— escapó de la muerte por poco cuando misiles israelíes impactaron en la prisión de Evin de Teherán, donde se encontraba recluida. Salió de la clínica de la prisión apenas momentos antes que fuera destruida por las explosiones.
Los ataques del 23 de junio contra la prisión para disidentes políticos más conocida de Irán causaron la muerte de al menos 71 personas, entre personal, soldados, familiares que estaban de visita y residentes de las inmediaciones, dijo el domingo el portavoz judicial iraní, Asghar Jahangir. En el caos resultante, las autoridades trasladaron a Seydal y a otros a prisiones fuera de Teherán —a instalaciones hacinadas y conocidas por sus duras condiciones.
Cuando pudo llamar a su familia hace varios días, Seydal rogó que la ayudaran.
“Es literalmente una muerte lenta”, dijo sobre las condiciones, según una grabación de la llamada proporcionada por sus familiares por deseo de Seydal.
“Los bombardeos de Estados Unidos e Israel no nos mataron. Luego, la República Islámica nos trajo a un lugar que prácticamente nos matará”, agregó.
Los activistas prodemocracia y de derechos humanos de Irán temen que sean ellos quienes paguen el precio de la campaña aérea israelí de 12 días, cuyo objetivo fue paralizar el programa nuclear del país. Muchos dicen ahora que el Estado, tambaleante tras la brecha en su seguridad, ya ha intensificado la represión contra sus opositores.
El ataque de Israel a Evin —dirigido, informó, contra las “autoridades represivas”— sembró el pánico entre las familias de los presos políticos, quienes se vieron obligados a determinar el destino de sus seres queridos. Una semana después, las familias de quienes se encontraban en régimen de aislamiento o bajo interrogatorio todavía no tienen noticias suyas.
Narges Mohammadi, una activista veterana galardonada con el Premio Nobel de la Paz y quien ha estado encarcelada varias veces en Evin, expuso que la sociedad iraní, “para alcanzar la democracia, necesita herramientas poderosas que fortalezcan a la sociedad civil y al movimiento feminista”.
“Desafortunadamente, la guerra debilita estas herramientas”, expresó en un mensaje de video a The Associated Press, desde Teherán. El espacio político ya se reduce, con una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles de la capital, añadió.
Muchos temen ahora una posible ola de ejecuciones que tengan como objetivo a activistas y presos políticos.
Consideran un precedente aterrador: tras el final de la guerra de Irán con Irak, en 1988, las autoridades ejecutaron al menos a 5000 presos políticos —tras juicios meramente formales—, y luego los enterraron en fosas comunes a las que nunca se ha tenido acceso.
Ya durante la campaña de Israel, Irán ejecutó a seis presos que fueron condenados a muerte antes de la guerra.
La organización Human Rights Activists in Iran (Activistas de Derechos Humanos en Irán, o HRA), con sede en Washington, documentó el arresto de casi 1300 personas en tan solo 12 días, la mayoría por cargos de espionaje —incluidas 300 por compartir contenido en redes sociales—.
El Parlamento acelera un proyecto de ley que permite un mayor uso de la pena de muerte por cargos de colaboración con adversarios extranjeros. El presidente del poder judicial solicitó procedimientos acelerados contra quienes “alteren la paz” o “colaboren” con Israel.
“Sabemos lo que eso significa. Significa juicios de farsa y ejecuciones”, dijo Bahar Ghandehari, directora de defensa y medios de comunicación del Center for Human Rights in Iran (Centro para los Derechos Humanos en Irán), con sede en Nueva York.
La prisión de Evin, ubicada en un barrio de alto nivel en el extremo norte de Teherán, albergaba a aproximadamente 120 hombres y mujeres en sus pabellones generales, y se cree que cientos de personas más se encuentran bajo interrogatorio o en régimen de aislamiento en sus unidades de seguridad secretas, según la HRA.
Entre los presos están manifestantes, abogados y activistas que han hecho campaña durante años contra el régimen autoritario, la corrupción y las leyes religiosas de Irán, incluida la imposición de la vestimenta islámica a las mujeres. Las autoridades han aplastado repetidas oleadas de protestas a nivel nacional desde 2009 en represiones que han causado cientos de muertos y miles de encarcelados.
Los ataques impactaron en Evin durante el horario de visita, lo que causó conmoción y pánico.
Seydal, una académica de derecho internacional quien se unió a los movimientos de protesta durante las últimas dos décadas y ha entrado y salido de la cárcel desde 2023, relató a su familia que estuvo a punto de morir en la clínica de la prisión. Un familiar que habló con Seydal reportó —bajo condición de anonimato por temor a represalias— que la explosión causó que cayera al piso.
Las salas de visita, la fiscalía y varios pabellones de prisioneros también sufrieron graves daños, según grupos de derechos humanos y familiares de presos. Un misil impactó en la entrada de la cárcel, donde los reclusos suelen esperar para ser trasladados a un hospital o los tribunales. “Atacar una prisión, donde los reclusos se encuentran a puerta cerrada y no pueden hacer absolutamente nada para salvarse, nunca puede ser un objetivo legítimo”, expresó Mohammadi, quien fue liberada apenas en diciembre, tras una breve suspensión de su última condena por motivos médicos. Durante la noche, comenzaron a trasladar a los presos a otras instalaciones en autobuses, informaron Mohammadi y familiares de los presos. Al menos 65 mujeres fueron enviadas a la prisión de Qarchak, reportó Mohammadi, quien está en contacto con ellas. Los hombres fueron enviados al Centro Penitenciario del Gran Teherán, que alberga a delincuentes y presos de alta seguridad. Ambos se encuentran al sur de Teherán. Mohammadi dijo a la AP que su temor inmediato era la falta de instalaciones médicas y la mala higiene. Entre las mujeres, hay varias con afecciones que requieren tratamiento, incluida la activista de derechos civiles Raheleh Rahemi, de 73 años, quien padece un tumor cerebral. En su llamada a casa, Seydal llamó a Qarchak “un infierno”. Informó que las mujeres estaban hacinadas en aislamiento, sin ninguna higiene y con poca comida y agua potable. “Apesta. Es pura inmundicia”, agregó. “Parecía confundida, asustada y muy triste”, dilucidó su familiar. “Sabe que denunciar es muy peligroso para ella, pero también puede ser peligroso que guarde silencio”. El domingo, Sayeh volvió a llamar a su familia y expuso que la habían llevado brevemente de vuelta a Evin para recoger sus pertenencias. Un hedor a muerte impregnaba el aire, la citó su familiar. Seydal, de 47 años, fue sentenciada por primera vez en 2023. A principios de 2025, se le canceló el permiso penitenciario o de salida, fue agredida por el personal de seguridad y enfrentó nuevos cargos tras negarse a llevar un chador —el velo con el que las musulmanas se cubren la cabeza, parte del rostro y la parte superior del cuerpo— en la fiscalía. Un hermano desaparece El padre y el hermano menor de Reza Younesi, Ali, han pasado años encarcelados en Evin. Ahora, la familia está aterrorizada porque Ali ha desaparecido. Ali, de 25 años, graduado de una prestigiosa universidad técnica, cumplía una condena de 16 años por “colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. La sentencia, ampliamente criticada por grupos de derechos humanos, fue reducida, pero entonces el Ministerio de Inteligencia abrió una nueva causa penal contra él por cargos desconocidos. Días antes del ataque a Evin, Ali fue sacado a rastras de su pabellón y llevado a un lugar no revelado, según su hermano. Tras el ataque, su padre, Mir-Yousef Younesi, no vio ningún rastro de Ali mientras él y otros presos eran trasladados al Centro Penitenciario del Gran Teherán.
Presa del pánico, el padre logró llamar a su familia.
Las desapariciones en Evin son frecuentes. En ocasiones, los guardias sacan a los presos políticos de los pabellones para someterlos a interrogatorios. En algunos casos, son condenados en juicios secretos y ejecutados. Tras los ataques, el académico sueco-iraní Ahmadreza Djalali, condenado a muerte en 2017, fue trasladado de la prisión de Teherán a un lugar no revelado, según Amnistía Internacional, que expresó su temor de que sea ejecutado.
Reza Younesi dijo que el abogado de la familia no pudo obtener ninguna información sobre su hermano ni sobre los nuevos cargos.
“Todos estamos preocupados”, manifestó desde Suecia, donde es profesor asociado en la Universidad de Uppsala. “Cuando no se tiene información de un preso, eso casi siempre significa que esa persona está bajo interrogatorios y tortura”.
Mehraveh Khandan creció en una familia de activistas políticos. Durante gran parte de su infancia y adolescencia acudió a Evin para visitar a su madre, la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, quien estuvo encarcelada allí varias veces.
Su padre, Reza Khandan, fue encarcelado en Evin en diciembre por distribuir insignias en contra de que las mujeres tuvieran que usar de manera obligatoria el velo islámico.
Mehraveh Khandan, de 25 años, quien ahora reside en Ámsterdam, intentó desesperadamente encontrar información sobre su padre tras el ataque. El acceso a internet fue suspendido y su madre evacuó Teherán.
“Pensaba en quién podría morir allí”, dijo ella. Tardó 24 horas en saber que su padre estaba bien.
En una llamada posterior con su familia, su padre contó que ahora dormía en el suelo de una celda abarrotada e infestada de insectos en el Centro Penitenciario del Gran Teherán. Al principio, ella pensó que el ataque a Evin podría motivar al gobierno a liberar a los presos. Pero tras ver los informes de detenciones masivas y ejecuciones, “se esfumó cualquier esperanza”, expresó.
La guerra “simplemente destruyó todo lo que los activistas habían empezado a construir”, agregó.
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