Socialistas e independentistas acuerdan transferir competencias migratorias a Cataluña

El Partido Socialista del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes de Junts llegaron a un acuerdo para una transferencia amplia de competencias en materia migratoria a Cataluña, que aún debe recibir luz verde del Congreso de los Diputados.

La propuesta de ley prevé que la policía regional catalana gestione la seguridad de los puertos, aeropuertos y otras zonas críticas en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, precisó en un comunicado el martes Junts per Catalunya, el partido del líder independentista Carles Puigdemont.

Cataluña también será la "ventanilla única" para otorgar en su territorio permisos de estancia de larga duración y residencia temporal, será competente en procedimientos administrativos como el manejo de las expulsiones de extranjeros irregulares y "gestionará en su totalidad los centros de detención" de inmigrantes.

Cuando "Cataluña asuma estas competencias de manera integral, nuestro sistema político y nuestro sistema institucional gestionarán una competencia que solo ejercen los Estados", se jactó Puigdemont en una rueda de prensa en Bélgica, donde reside para evadir la justicia española desde el fracaso independentista catalán en 2017.

"Sánchez sigue desmantelando el Estado en Cataluña y profundiza en la desigualdad de los españoles", fustigó en la red social X Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición.

En declaraciones más preocupantes para el Gobierno, la secretaria general del partido de izquierda radical Podemos, Ione Belarra, también criticó el acuerdo, dando a entender que los cuatro diputados de la formación no lo apoyarían, poniendo en duda su aprobación en el Congreso.

El acuerdo migratorio es "un nuevo ataque frontal al Estado de derecho, una vulneración flagrante de la Constitución y un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña", denunció de su lado el sindicato mayoritario de la policía, Jupol, que pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez, al frente de un gobierno minoritario en el Parlamento, necesita los votos de varios pequeños partidos, en particular los de los siete diputados de Junts, para lograr aprobar sus proyectos.

Tras varias semanas de tensión entre el gobierno y Junts, sus relaciones mejoraron recientemente, como con la firma de un acuerdo a finales de enero para aprobar en el Parlamento un paquete de medidas sociales.

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