Suspendida la declaración del hermano del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha acordado aplazar la declaración de Guillermo Morodo, hermano del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, y la de otro testigo que también estaba citado a declarar este miércoles.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la testifical del hermano del exembajador ha sido suspendida a raíz de un error del juzgado en la cédula de citación en la que se le requería comparecer. Han precisado, además, que el caso del otro testigo responde a un problema familiar que le imposibilitaba acudir este miércoles ante el juez.
Las mismas fuentes han asegurado que el resto de testigos que tenían previsto declarar esta semana sí han podido responder a las preguntas de los investigadores en la Audiencia Nacional.
Las testificales se enmarcan en una serie de interrogatorios que el magistrado Abascal ha llevado a cabo esta semana para reactivar la causa que se sigue contra el exembajador de España en Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ayer martes declaró como testigo el exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez Nervis Villalobos y excargos venezolanos imputados en el procedimiento, mientras que el lunes acudieron al juzgado el propio Morodo, su esposa Cristina Cañeque, su hijo Alejo Morodo y su mujer Ana Varandas.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y el hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores sospechan que Raúl Morodo y su círculo familiar más íntimo recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros procedentes PDVSA "carentes de justificación real y lógica comercial". El Ministerio Público apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
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