trump invoca ley de guerra contra banda criminal tren de aragua, pero juez la bloquea

(Agrega emisión de orden judicial que bloquea la ley, detalles)

15 mar (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó el sábado una ley de guerra poco conocida del siglo XVIII para declarar a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua (TdA) como enemigo extranjero, aunque más tarde un juez federal emitió una orden que bloquea temporalmente la medida.

El Departamento de Estado designó hace un mes al Tren de Aragua y a otros grupos delictivos latinoamericanos como organizaciones terroristas globales, parte de las medidas enérgicas de Donald Trump contra entidades que, según afirma, inundan Estados Unidos de drogas y ayudan a los migrantes a cruzar ilegalmente.

"Todos los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que sean miembros de TdA, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados ni sean residentes permanentes legales de Estados Unidos pueden ser detenidos, retenidos, asegurados y deportados como Enemigos Extranjeros", declaró Trump.

Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra el grupo, va dirigida al que "perpetra, intenta y amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos".

Solo se ha aplicado en tiempos de guerra y podría permitir al presidente eludir el debido proceso de los migrantes catalogados como amenazas y deportarlos rápidamente. Si bien la proclamación fue publicada por la Casa Blanca el sábado, su redacción sugiere que Trump la firmó el viernes.

Según el documento, todos los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que se determine que son miembros de la pandilla, se encuentren en Estados Unidos y no sean naturalizados ni residentes permanentes legales están "sujetos a ser detenidos, retenidos, asegurados y deportados como Enemigos Extranjeros".

La ley es conocida por su uso para justificar los campos de internamiento para personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana durante la Segunda Guerra Mundial.

Grupos de derechos civiles y algunos demócratas han criticado la idea de revivirla para impulsar las deportaciones masivas, y es probable que la medida genere impugnaciones legales.

ACUERDO CON EL SALVADOR

Un juez federal James Boasberg bloqueó temporalmente el sábado, con la emisión de una orden de restricción temporal por 14 días, cualquier deportación que se produciría bajo la invocación por parte de Trump de la ley contra el Tren de Aragua.

Boasberg afirmó que la ley "no fundamenta la proclamación del presidente, dado que los términos invasión e incursión depredadora se refieren en realidad a actos hostiles perpetrados por cualquier nación y comparables a una guerra".

Más temprano, la agencia estadounidense AP informó, citando reportes gubernamentales, que Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares por encarcelar durante un año a unos 300 presuntos miembros del Tren de Aragua.

"La República de El Salvador confirma que albergará a estos individuos durante un (1) año, en espera de la decisión de Estados Unidos sobre su disposición a largo plazo", escribió el Ministerio de Exteriores salvadoreño en un memorando, de acuerdo con Associated Press.

Ni la Casa Blanca ni el Ministerio de Información de Venezuela respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters. La oficina presidencial de El Salvador dijo que "solo sabe" lo que se ha hecho público.

A inicios de febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo tras reunirse con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, durante una visita al país centroamericano que el mandatario había ofrecido albergar en sus cárceles a "criminales peligrosos" de cualquier parte del mundo deportados por Estados Unidos.

Grupos de derechos humanos se han opuesto al plan, citando informes de tortura y muertes bajo custodia de las autoridades en El Salvador, donde Bukele ha encabezado una ofensiva contra las pandillas que ha incluido juicios masivos y la construcción de una megacárcel.

El Tren de Aragua ha sido responsabilizado de un aumento de la delincuencia en el continente, y Estados Unidos lo ha acusado de actividades que incluyen tráfico de personas, violencia de género, lavado de dinero y tráfico de drogas. (Reporte de James Oliphant y Timothy Gardner en Washington y Rich McKay en Atlanta, y de Nelson Rentería en San Salvador y Vivian Sequera en Caracas; reporte adicional de Ted Hesso; escrito por Raúl Cortés Fernández Editado en español por Javier López de Lérida)

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