Trump invoca ley del siglo XVIII para declarar invasión de pandillas y acelerar deportaciones

Bajo el argumento de que Estados Unidos está siendo invadido por una pandilla venezolana, el presidente Donald Trump invocó el sábado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una amplia autoridad en tiempos de guerra que otorga al presidente mayor flexibilidad en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas que se encuentran en el país sin autorización legal, potencialmente llevando su prometida represión a la inmigración a un nivel más alto.

La medida de Trump tiene como objetivo a Tren de Aragua, argumentando que se trata de una fuerza hostil que actúa a instancias del gobierno de Venezuela. El anuncio se produce el mismo día en que un juez federal en Washington prohibió al gobierno deportar a cinco venezolanos bajo la orden esperada, un indicio de la batalla legal que se avecina sobre el propósito de Trump. Estaba programado que el juez considerara la expansión de la prohibición de deportación sólo minutos después del anuncio de Trump por la tarde.

“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido cada vez más control sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluido el TdA”, sostiene la declaración de Trump. “El resultado es un Estado criminal híbrido que está perpetrando una invasión y una incursión depredadora en Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para Estados Unidos”.

La ley se utilizó por última vez como parte del internamiento de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y sólo se ha utilizado en otras dos ocasiones en la historia de Estados Unidos: durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra de 1812. Trump argumentó en su declaración que está justificada porque sostiene que la pandilla Tren de Aragua, un tema común en la campaña, tiene vínculos con el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump habló sobre el uso de la ley durante su campaña presidencial, y los grupos de inmigración estaban preparados para ello. Eso llevó a la inusual demanda del sábado, presentada antes que la declaración de Trump se hiciera pública. La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward en nombre de cinco venezolanos cuyos casos de pronto avanzaron hacia la deportación en las últimas horas.

James E. Boasberg, juez principal del Circuito de D.C., acordó implementar una orden de restricción temporal que bajo la ley impide la deportación durante 14 días de los cinco venezolanos que ya se encuentran bajo custodia de inmigración y creían que estaban a punto de ser deportados. Boasberg indicó que su orden era “para preservar el statu quo.” Boasberg programó una audiencia para esta tarde para determinar si su orden debe ampliarse para proteger a todos los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.

Horas después, el gobierno de Trump apeló la orden de restricción inicial, argumentando que detener una medida presidencial antes que se haya anunciado paralizará el poder ejecutivo.

Si se permite que la orden se mantenga, “las cortes de distrito tendrán licencia para prohibir virtualmente cualquier medida urgente de seguridad nacional sólo al recibir una queja”, escribió el Departamento de Justicia en su apelación.

Indicó que las cortes de distrito podrían entonces emitir órdenes de restricción temporales sobre medidas como ataques con drones, operaciones de inteligencia delicadas o capturas o extradiciones de terroristas. La corte “debería detener ese camino en seco”, argumentó el Departamento.

La inusual ráfaga de litigios destaca la controversia de la Ley, que podría otorgar a Trump un vasto poder para deportar a personas que se encuentran en el país de manera ilegal. Podría permitirle eludir algunas protecciones de la ley penal e inmigratoria normal para deportar rápidamente a aquellos que, de acuerdo con su gobierno, son miembros de la pandilla.

La Casa Blanca ya ha designado a Tren de Aragua como una organización terrorista y se está preparando para trasladar a unas 300 personas que identifica como miembros de la pandilla a un centro de detención en El Salvador.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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