Túnez afronta un referéndum crucial para su joven democracia
Los tunecinos están llamados el lunes a votar en referéndum una nueva Constitución, de marcado tinte presidencialista, que suponga un giro político en la crisis de esta joven democracia, aún a riesgo de caer en derivas autoritarias.
El país, de 12 millones de habitantes, lleva un año en una profunda crisis política, después de que el presidente Kais Saied (elegido por amplia mayoría en 2019) se atribuyera plenos poderes con la excusa de una situación inestable.
"Un golpe de Estado", según la oposición, y una "concentración excesiva del poder" para las organizaciones de defensa de derechos humanos.
La oposición, sobre todo el partido de inspiración islamista Ennahdha, llamó al boicot del referéndum por considerarlo un "proceso ilegal" y ante la falta de concertación.
El principal sindicato, UGTT, no dio consigna de voto.
"La gran incógnita es si la participación será baja o muy baja, ya que mucha gente no sabe ni qué ni por qué vota", explicó a la AFP el investigador Youssef Cherif, que (como la mayoría de los analistas) está convencido de la victoria del "sí".
"Poca gente sigue la política en Túnez actualmente", añade Cherif.
Unos 9 millones electores están inscritos para la votación pero nada garantiza que vayan a las urnas el lunes, día feriado, a pesar de que los centros de votación abren a las 05H00 GMT y cierran a las 21H00 GMT.
Los partidarios del "sí" votarán "porque les gusta el presidente o porque odian a los que gobernaron desde (la Revolución de) 2011" Ennahdha y sus aliados, "pero no son más que unos cientos de miles", según Cherif.
Este desinterés viene, según el politólogo Hamadi Redissi, de que "al contrario de la Constitución de 2014, aquí no hubo debate ni deliberación pública del proyecto" que se hizo, según este investigador, "a toda prisa".
La última versión del texto, escrita por Kais Saied en persona, se encuentra "a años luz del proyecto laico y democrático" que propuso la comisión encargada de su elaboración, explica Redissi.
Sadok Belaid, el jurista al mando de la comisión, tomó distancias con el texto final, ya que es susceptible "de abrir la vía a un régimen dictatorial".
La oposición y los analistas están preocupados por la vuelta prevista a un régimen ultrapresidencialista, que rompería con el sistema parlamentario creado tras la caída del dictador Ben Alí en 2011, y que hacía de Túnez la única democracia salida de las revueltas de la Primavera Árabe.
Para Redissi "hay una deriva autoritaria: todo el poder estaría en manos del presidente, que nombra al gobierno. El ejecutivo no necesitaría tener la confianza del parlamento".
Y el jefe del Estado no podrá ser revocado.
- "Se estrecha el cerco" -
Túnez "se dirige hacia una dictadura, en el sentido del latín, donde el presidente dicta sobre todo", afirma Hamadi Redissi, que considera que el país "nunca será como China o Egipto. Pero puede evolucionar hacia un 'autoritarismo competitivo' como la Turquía de Erdogan o la Rusia de Putin, con elecciones, asociaciones, pero sin verdadera democracia".
Un riesgo presente pero no inmediato, según algunos analistas.
"El marco jurídico está. Si se mira el desmantelamiento de las instituciones que garantizan las libertades y la democracia, se estrecha el cerco", explica Isabelle Werenfels, investigadora del instituto alemán SWP.
Para Youssef Cherif, "el hecho de que la gente pueda expresarse libremente, que puedan votar no (en el referéndum) sin ir a prisión, muestra que no estamos ante el esquema tradicional de una dictadura".
Pero surgen dudas de lo que pueda ocurrir después de Saied, con una Constitución que "podría construir un régimen autoritario similar al que tenía Túnez antes de 2011", según Cherif.
Pero, tras el referéndum, el principal problema del país será la economía en crisis, con una tasa de desempleo desbocada (40% entre los jóvenes), la inflación creciendo por la guerra de Ucrania y 4 millones de pobres.
Túnez, al borde de la bancarrota, negocia desde hace un mes un nuevo préstamo con el FMI, quien celebró "satisfactorios avances" para un acuerdo.
No obstante, numerosos expertos consideran que los sacrificios exigidos para el préstamos pueden agravar la situación del país.
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