Ucrania: "escándalo de corrupción"; detienen a exministro que huía de Ucrania
'Involucrado en la indagación Midas, fue detenido mientras intentaba escapar del país en tren'
"Estaba cruzando la frontera estatal", declaró en un comunicado de prensa la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), mientras que el periódico Ukrainska Pravda, citando una fuente propia, añadió que el político fue hecho bajar de un tren.
Numerosos periódicos ucranianos e internacionales informan que se trata de German Galushchenko, pero la noticia no ha sido oficialmente confirmada.
Galushchenko fue ministro de Energía desde 2021 hasta 2025 y luego ministro de Justicia desde julio hasta noviembre del año pasado, cuando renunció a petición del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmando sin embargo no tener nada que ver con el caso Midas.
Los investigadores anticorrupción denuncian un supuesto esquema de sobornos de dimensiones gigantescas creado con el objetivo de desviar fondos de un sector energético ya colapsado: una noticia que el año pasado provocó un gran escándalo en Ucrania, donde los bombardeos de las tropas invasoras rusas continúan dañando las infraestructuras eléctricas, dejando a miles de personas a oscuras y a merced del frío en pleno invierno, mientras el termómetro alcanza temperaturas gélidas.
En el centro del caso se encuentra Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear que gestiona tres plantas nucleares y proporciona más de la mitad de las necesidades eléctricas de Ucrania: según los investigadores, existía un esquema de corrupción que implicaba presionar a los contratistas de Energoatom para que pagaran sobornos del 10 al 15% de los contratos.
La investigación ha sido un duro golpe político para Zelensky y ha llevado a la dimisión de algunos miembros del gobierno y a un cambio en la cúpula del Estado. El presidente ucraniano fue previamente cuestionado en la calle por miles de personas y se vio obligado a retirar de un plumazo una nueva ley acusada de socavar la independencia de los organismos anticorrupción.
La norma -promulgada y luego inmediatamente eliminada el verano pasado- preveía un mayor control de las agencias anticorrupción por parte del fiscal general, quien es nombrado por el presidente, lo que según varios observadores hacía temer interferencias políticas en las investigaciones. (ANSA).
