Un vistazo a las universidades con financiamiento federal en la mira del gobierno de Trump
LA NACION
Harvard es la más reciente en una creciente lista de instituciones de educación superior cuyo financiamiento federal ha sido objetivo del gobierno para cumplir con la agenda política del gobierno del presidente Donald Trump.
La serie de amenazas —y las subsecuentes pausas en el financiamiento— a algunas de las principales universidades de Estados Unidos se han convertido en una herramienta sin precedentes para que el gobierno ejerza influencia en los campus universitarios. Seis de las siete universidades afectadas son escuelas del prestigioso grupo “Ivy League”.
Trump prometió aplicar estos recortes federales durante la campaña electoral del año pasado, señalando que se centraría en las escuelas que promueven “teoría crítica de la raza, locura transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados”. Los sistemas de escuelas públicas también son objetivos de recortes.
Aquí hay un vistazo a las universidades que han sido presionadas por los recortes de financiamiento del gobierno hasta ahora.
El gobierno anunció que su grupo de trabajo sobre antisemitismo llevará a cabo una “revisión exhaustiva” de la universidad de Massachusetts el 31 de marzo. El gobierno estaba preparado para revisar casi 9.000 millones de dólares en subvenciones y contratos federales.
Harvard está entre las universidades de todo el país donde estallaron protestas propalestinas en el campus en medio de la guerra en Gaza el año pasado. Desde entonces, los funcionarios republicanos han examinado minuciosamente esas universidades, y varios presidentes de la Ivy League testificaron ante el Congreso para discutir las acusaciones de antisemitismo.
El gobierno emitió su lista de demandas a Harvard en una carta el 3 de abril. Las demandas incluían una prohibición de uso de máscaras, limitaciones a las protestas en el campus y una revisión de los sesgos de la Facultades académicas.
Aproximadamente una semana después, esas demandas se ampliaron para incluir reformas de liderazgo, cambios en la política de admisiones y detener el reconocimiento de ciertas organizaciones estudiantiles por parte de la universidad.
Luego, el lunes, el presidente de Harvard, Alan Gerber, se negó a cumplir, subrayando en una carta que la universidad “no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”.
Horas después, el gobierno anunció que congeló más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos a la universidad.
La Casa Blanca anunció la semana pasada que congeló más de 1.000 millones de dólares del financiamiento federal de Cornell. El gobierno de Estados Unidos indicó que el congelamiento de fondos se produce al tiempo que investiga presuntas violaciones de derechos civiles en la universidad.
La universidad de Nueva York estaba entre un grupo de más de 60 instituciones de educación superior que recibieron una carta del Departamento de Educación el 10 de marzo instándolas a tomar medidas para proteger a los estudiantes judíos o enfrentar “posibles medidas de cumplimiento”.
El Departamento de Defensa emitió más de 75 órdenes de suspensión de trabajo para investigaciones, informó Cornell en un comunicado, pero el gobierno federal no había confirmado si el congelamiento total de fondos ascendía a 1.000 millones de dólares.
Al igual que Cornell, Northwestern también vio una interrupción en parte de su financiamiento federal la semana pasada. La cantidad fue de aproximadamente 790 millones de dólares, según el gobierno de Trump.
La universidad de Illinois no recibió un mensaje oficial de la Casa Blanca sobre el congelamiento a pesar de su cooperación con las investigaciones de derechos civiles, según funcionarios de Northwestern en ese momento.
El portavoz de la universidad, Jon Yates, dijo que la investigación científica de Northwestern estaba “en peligro” debido al congelamiento, un problema generalizado para las universidades que enfrentan recortes de investigación de los Institutos Nacionales de Salud.
Se anticipaba que el gobierno de Trump pausara subvenciones y contratos federales en la Universidad Brown debido a la respuesta de la escuela de Rhode Island al presunto antisemitismo en el campus, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca el 3 de abril.
Se esperaba que el total fuera de aproximadamente 510 millones de dólares en financiamiento, según el funcionario.
Docenas de subvenciones de investigación fueron suspendidas en la Universidad Princeton sin una justificación clara, según un mensaje del campus emitido el 1 de abril por el presidente de la universidad, Christopher Eisgruber. Las subvenciones provenían de agencias federales como el Departamento de Energía, la NASA y el Departamento de Defensa.
Antes de la pausa en el financiamiento, Eisgruber había expresado su oposición a los recortes amenazados por Trump en la Universidad Columbia en un ensayo en la revista The Atlantic. Llamó a la medida del gobierno una “amenaza radical a la excelencia académica y al liderazgo de Estados Unidos en investigación”.
A diferencia de las otras universidades objetivo, la Universidad de Pensilvania vio recortes de financiamiento debido a un atleta transgénero que compitió en el programa de natación de Penn, según el gobierno de Trump.
Después de una orden ejecutiva del 5 de febrero que prohibía a los atletas transgénero participar en deportes femeninos y de niñas, el Departamento de Educación lanzó una pesquisa un día después sobre los programas de atletismo en Penn y la Universidad Estatal de San Jose. La investigación de Penn se centró en Lia Thomas, quien es la primera atleta abiertamente transgénero en ganar un título de la División I de la NCAA y se graduó de la universidad en 2022.
Más de un mes después, la Casa Blanca anunció la suspensión de aproximadamente 175 millones de dólares en financiamiento federal del Departamento de Defensa y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El gobierno detalló que la interrupción del financiamiento el 19 de marzo se produjo después de una revisión separada de dinero federal discrecional.
La universidad dijo en ese momento que no fue notificada directamente de la medida.
La Universidad de Columbia fue la primera gran institución cuyo financiamiento fue señalado por el gobierno de Trump.
Al principio, las agencias federales declararon que estaban considerando órdenes de suspensión de trabajo para aproximadamente 51 millones de dólares en contratos con Columbia el 3 de marzo. Trump también había dicho en las redes sociales que las escuelas que permiten “protestas ilegales” verían recortes de financiamiento.
El año pasado, los estudiantes manifestantes de Columbia iniciaron una ola de protestas en el campus contra la campaña militar de Israel en Gaza. Las protestas llevaron a enfrentamientos tensos con la policía en la universidad de la ciudad de Nueva York y al arresto de más de 100 manifestantes.
Las autoridades de la universidad enfrentaron duras condenas de republicanos por la proliferación de las protestas, lo que llevó a la expresidenta Minouche Shafik a renunciar. Columbia también comenzó a investigar a activistas estudiantiles propalestinos, como Mahmoud Khalil, quien fue arrestado posteriormente y está en riesgo de deportación.
El 7 de marzo, el gobierno de Trump congeló aproximadamente 400 millones de dólares del financiamiento federal de Columbia. Columbia tomó algunas medidas después, como expulsar y suspender a algunos estudiantes manifestantes que ocuparon un edificio del campus durante las protestas.
La universidad anunció el 21 de marzo que había acordado realizar cambios de política aún más amplios que el gobierno de Trump había exigido.
Los cambios incluyeron colocar al Departamento de Estudios del Oriente Medio bajo supervisión, contratar nuevo personal de seguridad que pueda realizar arrestos y prohibir las máscaras faciales “con el propósito de ocultar la identidad de uno”. La universidad también acordó nombrar a un rector senior encargado de revisar el liderazgo y el currículo de varios departamentos de estudios internacionales.
Armstrong renunció a su cargo la semana siguiente. La decisión fue recibida con insatisfacción entre algunos miembros de la facultad y una demanda contra los recortes.
Pero tras la resistencia de Harvard a las demandas del gobierno de Trump, la presidenta interina de Columbia, Claire Shipman, tenía un nuevo mensaje el lunes. Dijo que, si bien está de acuerdo con algunas de las solicitudes del gobierno federal, la universidad rechazará la “orquestación autoritaria” que “nos requerirá renunciar a nuestra independencia y autonomía como institución educativa”.
Las discusiones aún estaban en curso entre el gobierno federal y Columbia hasta el lunes, según la carta del campus de Shipman.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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