Unidas Podemos y socios parlamentarios del Gobierno piden que preste apoyo a Colombia para que cumpla el Acuerdo de Paz

Y manifieste su preocupación por el "escenario de violencia social", la proliferación de grupos armados y el asesinato de líderes sociales

MADRID, 10 Jun. 2021 (Europa Press) -

Unidas Podemos y diversos socios parlamentarios demandan al Gobierno preste su apoyo a Colombia para "garantizar y acelerar" el cumplimiento del Acuerdo de Paz, suscrito en 2012 entre el Ejecutivo de este país y las FARC.

Además, demanda también que el Gobierno español manifieste su "preocupación" por el "escenario de violencia" ante el aumento de grupos armados en este país, el aumento de asesinatos de líderes sociales y la "represión" de la movilización social contra medidas del gabinete dirigido por el presidente de Colombia, Iván Duque.

Así lo recoge la iniciativa suscrita también por ERC, EH Bildu, Compromís, Más País y Junts y que se registra para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, dado que la adecuada ejecución de este pacto es "fundamental para que este país sea "más igualitario y democrático".

No obstante, estos partidos subrayan que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia elevó un informe en el que expresaba su "preocupación" por la "desaceleración" de las medidas de aplicación, sobre todo en términos de la reforma rural comprometida, la sustitución de cultivos ilícitos, la protección de líderes sociales y las medidas de género, dado que la "mayor parte" no han sido aplicadas aún.

"escenario generalizado de violencia social"

"Ello está contribuyendo a un nuevo escenario generalizado de violencia social y una profundización de la crisis de derechos humanos del país que toma nuevas dimensiones", ahonda el texto de la PNL, para aludir también a su inquietud por la gestión de la crisis del Covid-19 por parte de las autoridades colombianas, que evidencia "profundas desigualdades" y "riesgo de establecer un marco jurídico regresivo y limitador respecto a derechos".

Sobre todo aluden los proponentes a los "injustificables ataques que atentan contra su independencia" que ha sufrido el Sistema Integral de Justicia Transicional, unido al aumento de las "masacres contra la población civil y asesinatos" de personas defensoras de los derechos humanos.

Todo ello sumado a la "presencia cada vez más activa y violenta de grupos armados ilegales", algunos "fuertemente vinculados al narcotráfico", sobre todo en zonas rurales habitadas por comunidades indígenas.

"Se constata un riesgo de militarización creciente de la vida social que podría contribuir a aumentar la espiral de violencia que viven muchas regiones del país", añaden estas formaciones para aludir también a las movilización social "fuertemente reprimida contra las medidas del Gobierno liderado por Iván Duque.

De esta forma, solicitan al Ejecutivo que manifieste su "preocupación" por los "graves hechos violentos" que han acontecido recientemente en Colombia, que han provocado numerosas víctimas, a raíz de las protestas contra la reforma tributaria impulsada en el país sudamericano. También exhorta a que apoye la necesidad de investigar "graves violaciones de derechos humanos" que se hubieran cometido en intentos de "represión" de estas manifestaciones.

Terminar con los "herederos del paramilitarismo"

Junto al "total apoyo" al Acuerdo de Paz para terminar con el conflicto de Colombia, piden también que se inste al Ejecutivo del país sudamericano a "acelerar y garantizar" la "implementación integral" de las medidas contenidas en el mismo, con la participación "activa" de las organizaciones sociales y cumpliendo, a su vez, con los enfoques de "género, étnico y territorial".

En especial, prosiguen estas formaciones política, la ejecución de las disposiciones relativas a diseñar una política pública efectiva de desmantelamiento de los grupos "herederos del paramilitarismo", a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

También demanda que se dé apoyo al Gobierno de Colombia para garantizar la presencia de las instituciones civiles del Estado en todo el territorio del país y a colaborar "política y financieramente" con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

A su vez, reclama el "respaldo" de España a la labor que realizan los defensores de los derechos humanos y líderes sociales del país, para que traslade a su vez a Colombia la relevancia de aplicar una política pública "integral en materia de garantías, prevención y protección", acorde a lo dispuesto en dicho Acuerdo de Paz.

Por otro lado, solicita que se recalque al Gobierno colombiano la "importancia del respeto a la independencia judicial, pilar del Estado de Derecho, y que éste aliente a las instituciones judiciales del país a realizar las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de delitos" cometidos contra dichos defensores de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC.

Estas formaciones también quieren que las autoridades judiciales colombianas esclarezcan si existen vínculos entre los autores de dichos delitos y las "élites políticas, económicas y militares" de Colombia, para lo cual España puede brindar además apoyo financiero y técnico para fortalecer la capacidad de la Unidad especial de Investigación de la Fiscalía para del Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.