Uruguay: Uruguay romperá el contrato para la compra de dos patrulleras al astillero vigués Cardama por 82 millones
Uruguay.- Uruguay romperá el contrato para la compra de dos patrulleras al astillero vigués Cardama
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LA NACION
MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de Uruguay ha cancelado un contrato para la fabricación de dos patrulleras de vigilancia oceánicas tipo OPV ('offshore patrol vessel') por alrededor de 82 millones de euros debido a, según ha alegado el Ejecutivo del país sudamericano, los "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado".
Según ha explicado el Gobierno de Uruguay en una rueda de prensa, Cardama debía presentar una garantía de "fiel cumplimento" de la licitación que equivalía al 5% del contrato total de la obra (en torno a 4,1 millones de euros).
Es decir, que si Cardama no cumplía con el contrato, el Gobierno de Uruguay podía ejecutar la garantía y recibir ese importe.
"Eso no se cumplió y se fueron solicitando prórrogas", detalla el Ejecutivo sudamericano en un comunicado, en el que añade que "los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante, porque el primer barco iba a estar construido en 18 meses".
En concreto, Uruguay envió a su embajador en Reino Unido para ejecutar esa garantía en las oficinas de Eurocommerce, la entidad financiera con la que el astillero vigués constituyó el mencionado aval, sin embargo, en el lugar tan solo había una inmobiliaria.
A ello se suma que, según los informes que maneja el país, la compañía se encuentra en "liquidación por inactividad", que no figura en los registros como una empresa financiera y que parte de la información en su web es "engañosa".
Sobre este punto, fuentes de Cardama apuntan que han hablado con el mencionado banco y que este les ha confirmado que ha cambiado su dirección en Reino Unido.
"Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría", ha argumentado el Ejecutivo sudamericano, que ha indicado que prevé iniciar acciones "administrativas, civiles y penales".
En este contexto, cabe señalar que la adjudicación del contrato a Cardama --que ha levantado cierta polémica en el país-- se produjo durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, mientras que el actual mandatario del país es Yamandú Orsi, de la coalición izquierdista Frente Amplio (a la cual pertenecía el fallecido José Mujica, por ejemplo).
De este modo, el actual Gobierno del país considera que la administración anterior no tomó las precauciones necesarias para constatar que la empresa tuviera la capacidad de hacer frente al compromiso adquirido.
"Resulta evidente que estamos frente a una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad para ver si de esta maniobra, aparentemente fraudulenta, hay complicidad por parte de funcionarios públicos que actuaron y no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario", ha resaltado el Gobierno uruguayo.
DIALOGARÁ CON EL GOBIERNO DE URUGUAY"
"En todo este tipo de contratos, las garantías se presentan, se dan para incumplimientos de contrato.
Nosotros no tenemos absolutamente ninguna comunicación de incumplimiento de contrato. Nadie nos ha comunicado incumplimientos de contrato, nadie. Estamos muy sorprendidos porque nos hemos enterado por la prensa", han relatado a Europa Press fuentes del astillero vigués.
Asimismo, explican que una delegación de la empresa gallega estuvo reunida hace un par de semanas con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, y que nadie de la administración del país comunicó "ni por escrito ni de palabra" que Cardama estuviese incumpliendo el contrato.
En este contexto, la intención de Cardama es sentarse a negociar con el Gobierno de Uruguay porque, a su juicio, "no tiene ningún sentido que el contrato se rompa". "Otra cosa es que haya otros intereses que desconozcamos", han apuntado las fuentes consultadas.
En caso de que finalmente se rescinda el contrato, Cardama debería devolver al Gobierno uruguayo, según relatan las fuentes de la empresa, en torno a 8 millones de euros en concepto de garantías. A ello se suma que habría que dirimir en los juzgados qué ocurriría con los 28 millones de euros que ya ha abonado el Ejecutivo sudamericano para la construcción de las patrulleras.
La constructora naval gallega considera que la anulación del contrato supondría un varapalo para la empresa, pero también para Uruguay, que, a juicio de Cardama, necesita las embarcaciones "como agua de mayo" para solucionar los "gravísimos" problemas de pesca ilegal y de narcotráfico en sus costas.
Por otro lado, cabe recordar también que la actual ministra de Defensa de Uruguay señaló de forma reciente que existen informes que dudan de la capacidad del astillero vigués para construir las patrulleras --en cuya construcción también se interesaron otras empresas-- debido a su falta de experiencia en este tipo de embarcaciones.
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