Venezuela: ONG Foro Penal pide que se desarticulen órganos represivos venezolanos
La sola aprobación de la ley de amnistía luce como una medida incompleta
Para el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez y para las fuerzas armadas, el nuevo instrumento legal busca promover la reconciliación nacional, pero tras su aprobación legislativa y un rápido ejecútese del ejecutivo, ha dividido opiniones entre defensores que la ven como un avance y críticos que la califican de insuficiente e ilegítima.
Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, valoró los avances, pero llamó a continuar la lucha por la libertad de todos los detenidos políticos. En declaraciones públicas este viernes, recalcó que es necesario, además de las excarcelaciones, "el desmantelamiento del sistema represivo".
Foro Penal ha ratificado su intención de hacer aportes al sector oficial.
Tras la aprobación de la ley, la noche de este jueves, los familiares en vigilias desde el 8 de enero en distintos centros de detención del país, levantaron sus improvisados campamentos en espera de que sean excarcelados sus seres queridos.
Entretanto, el periodista Víctor Amaya explicó las modificaciones introducidas en la segunda y definitiva discusión de este jueves, como la ampliación del número de hitos históricos para incluir las primarias opositoras de 2023 y las elecciones regionales y parlamentarias de 2025.
Resaltó este analista que las atribuciones de la comisión especial de seguimiento de la ley, en cuya conformación predominan figuras del chavismo duro, permitirán revisar casos que no están contemplados, ya que la ley estableció solamente 13 momentos del siglo XXI muy delimitados, con lo cual —según ONGïs— no se beneficiarían personas detenidas en otros momentos.
Un asunto que también revisará la comisión especial es el estatus de unos 185 militares detenidos por razones políticas, que de entrada no serán beneficiados con una amnistía, al estar acusados, procesados o condenados por rebelión militar.
El diputado opositor Stalin González, en declaraciones a periodistas, defendió la propuesta opositora de incluir más delitos y revisar detenciones de militares. Subrayó que "la puerta quedó abierta" para resolver casos no contemplados en la ley aprobada de forma unánime.
Otro legislador opositor, Luis Florido, quien participó en el debate, celebró la aprobación como "un paso adelante hacia la libertad y la reconciliación". En una publicación en X, destacó que la ley permite solicitudes de amnistía desde cualquier parte del mundo mediante un poder simple y crea una comisión de seguimiento para casos no contemplados, abriendo "una ventana de esperanza" para miles de venezolanos, aunque admitió que no es perfecta.
En contraste, Pedro Urruchurtu, vocero de la líder opositora María Corina Machado en temas internacionales, descalificó la ley como una "aberración" y "trampa" del régimen para ganar tiempo y revictimizar a los perseguidos. En la actual composición del parlamento venezolano no existe representación de Machado, quien diversas encuestas independientes ubican como el principal referente de oposición en Venezuela.
Urruchurtu denunció que la ley obliga a víctimas de detención o exilio (como es su caso) a reconocer culpas falsas y pedir perdón al sistema judicial que justamente le violó sus derechos humanos.
La propia Machado, quien fue declarada "prófuga de la justicia" en noviembre pasado por el fiscal general Tarek William Saab, tendría que presentarse ella o su abogado ante un tribunal en Venezuela para poder regresar al país, según opinión de expertos en derecho.
La líder opositora vivió una suerte de huida cinematográfica para salir de Venezuela sin ser detectada por las autoridades del entonces régimen de Nicolás Maduro y asistir a Oslo a recibir su galardón como premio Nobel de la Paz 2025. (ANSA).
