Víctima de la DANA proclama en el Congreso: "No ha sido una catástrofe natural, ha sido una catástrofe política"

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - Elisabeth González Peralta, a quien la riada de Valencia del 29 de octubre de 2024 le pilló en la circunvalación V30 y se salvó al poder encaramarse a un camión, ha proclamado este miércoles en el Congreso que aquella DANA "no fue una catástrofe natural", sino una "catástrofe política" porque los responsables "no estuvieron a la altura ni antes, ni durante, ni después" y el Estado de Derecho "no se aplicó". Con esta contundencia se ha expresado ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la tragedia, donde ha denunciado que fue testigo de cómo un coche de la Policía Local de Valencia que ella y las personas que se quedaron atrapadas en el mismo tramo de la V30 veían desde la carretera, "no se movió" para intentar auxiliarlas pese a lo cerca que estaban. González Peralta ha relatado cómo cuando llamó al 112 le contestaron que estaban colapsados y que no contaban con un "protocolo de emergencia a seguir" y que el agente de la Guardia Civil con el que logró hablar después le recriminó su tono y le informó que en ese momento no podían desplazar a nadie a esa zona. Durante la madrugada del 30 de octubre dos bomberos que llegaron al camión les prometieron que iban a enviar dos lanchas que nunca llegaron y al final ella acabó tirándose al agua. "Vivimos el terror más absoluto, la desolación más absoluta sin saber si conseguiríamos salir con vida", ha rememorado. ¿POR QUÉ NADIE NOS AUXILIÓ? "¿Alguien nos puede explicar por qué nadie nos avisó, ayudó ni auxilió? ¿Por qué nadie cruzó ese puesto cuando había personas en burbujas de aire? ¿Por qué cuando bajó el nivel del agua en Paiporta no fueron allí todos los efectivos que había en Valencia? Las 48 horas son vitales para salvar vidas", ha apostillado, incidiendo en que van a exigir responsabilidades por esa inacción. A su juicio, lo único positivo de esta situación fue la actuación de las "buenas personas". "Pero en un país desarrollado la obligación es de las instituciones y vivimos en un Estado de Derecho que no se aplicó", se ha lamentado la compareciente. Y también se ha mostrado muy crítica con la actuación posterior de la clase política: "Mientras estábamos de barro hasta las rodillas, aquí se hablaba de presuntos casos de corrupción de Aldama, del novio de Ayuso... Algunos individuos indeseables venían a saquearnos a partir de las ocho de la tarde en manada a viviendas, locales y vehículos, y no había nadie. No han estado a la altura ni antes ni durante ni después. Fue lamentable lo que sucedió". LAS OBRAS PENDIENTES DEL BARRANCO Además, ha indicado que las obras en el Barranco del Poyo se proyectaron en 2006, bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2009 se declararon "prioritarias" por la "peligrosidad" de la cuenca y en 2011 obtuvieron el informe de impacto ambiental favorable, pero que, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, no se ejecutaron "principalmente por las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica". Y después en 2018, con los socialistas Pedro Sánchez al frente del Gobierno central y Ximo Puig en la Generalitat, la Ley de Protección de la Huerta valenciana detectó incompatibilidades legales que afectaron al trazado del proyecto y en 2021 se acabó archivando el expediente alegando el Ministerio de Transición Ecológica que el alto coste "no justificaba los beneficios" y que se debía buscar una solución menos "agresiva para el entorno natural". "Sólo en Valencia, 229 víctimas. No ha sido una catástrofe natural, ha sido una catástrofe política", ha sentenciado la compareciente.

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