Víctimas en Colombia aspiran por primera vez al Congreso
VISTA HERMOSA, Colombia (AP) — Los caminos llanos se abren entre la vegetación exuberante. Junto a la carretera varios carteles rojos con una calavera advierten: “Peligro minas, no entre”. Aun así, Cecilia Lozano avanza sin miedo por una de las zonas más recónditas de Colombia para buscar los votos que podrían darle por primera vez en la historia una banca en el Congreso en representación de las víctimas del conflicto armado.
La camioneta levanta polvo a su paso y se detiene en un caserío a primera vista desolado, con calles sin pavimentar, casas de madera y un puesto de salud con las ventanas rotas y solo una camilla en su interior. Los visitantes son poco frecuentes. Además del carro de Cecilia, sólo hay un camión con un puñado de soldados que trabajan en el desminado en esta zona del centro de Colombia.
Cecilia rompe el hielo al saludar a una mujer de unos 50 años a la que ya conoce. “Vengo a reafirmar su voto”, le dijo al mostrarle un ejemplo del tarjetón de votación para los curules de paz, una figura de representación política creada en el acuerdo que firmaron hace cinco años el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de 50 años de confrontaciones.
En el país hay más de ocho millones de víctimas del conflicto que serán representadas por 16 nuevos congresistas elegidos el próximo 13 de marzo entre más de 400 candidatos.
“Estamos en los lugares más complicados porque son los más abandonados por el Estado, los más golpeados por el conflicto armado”, aseguró Cecilia a The Associated Press desde Vista Hermosa, en el departamento de Meta, que fue parte de la antigua “zona de distensión” como se conoció a la desmilitarización otorgada por el gobierno a las FARC desde 1998 hasta 2002 en un intento fallido por acordar la paz.
Cecilia, una mujer morena de 49 años, se quiebra al hablar de su historia. Sobrevivió a la masacre de Mapiripán, una de las más cruentas del país. En julio de 1997 un centenar de paramilitares tomaron esa zona del Meta tras declararla objetivo militar por supuestamente apoyar a las FARC. Torturaron, desaparecieron y asesinaron al menos a 49 personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en 2005 por la masacre -en la también colaboraron algunos militares- y le ordenó reparar a las víctimas.
Durante los cinco días de la masacre Cecilia permaneció en su finca cuidando a su hija de seis meses. Su esposo iba al pueblo, veía a los muertos en las calles y logró escapar de los paramilitares. “La gente llegaba llorando porque habían matado a alguien y nos contaban que les habían quitado la cabeza y los dejaban parados en un poste”, recordó.
Cecilia tuvo que desplazarse forzosamente por varios lugares como Bogotá y Villavicencio, la capital del Meta, como lo hicieron otras 500 familias.
Aspirar a los escaños de paz volvió a enfrentarla con su pasado. Mapiripán es uno de los sitios donde tiene que hacer campaña, sin embargo, no ha logrado entrar a las zonas rurales por las amenazas.
El desplazamiento y la desaparición de su esposo en 2002 convirtieron a Cecilia poco a poco en una líder social. “Fui adonde a mi esposo lo desaparecieron y me quedé una noche, tal vez desde ahí me volví así como soy, enfrentando todo lo que sea. Me le paraba al paramilitar y le decía, ‘¿usted por qué mató a mi esposo?’ y me le paraba al guerrillero y también le decía lo mismo y me le paraba al ejército y les decía ‘¿por qué ustedes hacen esto?’”, relató.
Su trabajo de 16 años por las mujeres víctimas del desplazamiento le ha valido amenazas. Actualmente tiene un esquema de seguridad dotado por el Estado: dos escoltas y un carro sin blindaje. El peligro es latente en Colombia, donde los asesinatos de líderes sociales son frecuentes: la estatal Defensoría del Pueblo registró 130 víctimas en 2021.
El acuerdo de paz no acabó con la violencia en el país, persisten otros grupos armados como las disidencias de las FARC lideradas por quienes retomaron las armas que tienen presencia en Meta y Guaviare. En enero de este año un equipo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia fue intimidado por personas armadas y dos de sus carros fueron incinerados cuando se movilizaban en San José del Guaviare, cerca de Vista Hermosa.
También siguen activos el grupo narcotraficante Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la que el actual gobierno rompió el diálogo en enero de 2019 tras un ataque terrorista y por negarse a liberar a los rehenes que mantiene en su poder.
Colombia elegirá nuevo presidente el 29 de mayo, pero esta vez el tema central de la campaña no es el acuerdo de paz con las FARC: prevalecen las discusiones sobre la seguridad, la reactivación económica y la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, recientes atentados del ELN han revivido el debate sobre si reanudar o no las negociaciones de paz con esa guerrilla.
El candidato izquierdista Gustavo Petro, quien hasta ahora va primero en las encuestas, propone buscar una “paz completa” y negociar. Otros candidatos como Sergio Fajardo, de centro, o Federico Gutiérrez, de derecha, condicionarían la negociación a muestras de paz por parte del ELN mientras que el independiente Rodolfo Hernández no desgastaría su gobierno en una nueva negociación y le pediría adherirse al pacto firmado con las FARC.
Lanzarse por primera vez a la política significa para Cecilia y muchos otros candidatos un nuevo riesgo para sus vidas.
El informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentado esta semana advirtió el impacto negativo de la presencia de grupos armados en las zonas en las que los candidatos a las bancas de paz hacen campaña. El organismo instó al Estado a tomar “medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales” en esas zonas.
Ya se han registrado atentados contra candidatas. El 15 de febrero Mayra Alejandra Gaona fue interceptada por hombres armados que quemaron la publicidad de su campaña y hurtaron su carro en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela. El padre de Gaona fue asesinado en 1987 en esa zona, donde tienen presencia disidencias de las FARC y el ELN.
Los curules de paz para las víctimas han tenido obstáculos. Su aprobación en el Congreso en 2017 quedó en entredicho por una reñida votación, por lo que no pudieron ser elegidos en 2018. Recién en 2021 la Corte Constitucional avaló su creación tras revisar una demanda que así lo pedía.
Ahora las víctimas del conflicto guardan la esperanza de unas elecciones transparentes y justas. “No va a ganar sólo Cecilia, vamos a ganar todas, porque ahorita nos tienen mal las leyes que vuelven a victimizarnos… se han muerto personas esperando una indemnización que no llegó”, dijo a AP Sandra Correa Hernández, integrante de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta que representa Cecilia.
Los candidatos a los escaños de paz no pueden ser avalados por partidos políticos, sólo por asociaciones de víctimas, y únicamente pueden recibir financiación del Estado para hacer campaña. Sin embargo, la mayoría no la ha recibido y ha tenido que buscar recursos propios. Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, advirtió a la AP que “los partidos tradicionales quieren cooptar esos espacios de las víctimas para tener el poder de más curules en la Cámara del Congreso por cuatro años y como tienen la capacidad de financiar una campaña, aunque no sea legal, podrían ganar con ventaja”.
Cecilia se enfrenta al peligro constante con sus propios recursos, no regala camisetas ni da dinero a cambio de apoyo, sólo promete que de llegar al Congreso defenderá a las víctimas y velará por la creación de una reforma rural integral, uno de los puntos del acuerdo de paz que menos se ha implementado.
“Sigo por nuestros muertos, por las mujeres, por todos los desplazados, por todo lo que hemos vivido”, dijo llorando. “Hasta el miedo ya se me quitó, porque digo ‘yo no me muero cuando otro quiera, yo me muero cuando así esté destinado’”.
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