Definición: el secretario de Agricultura proyectó que las retenciones cero serían un hecho para la finalización de un segundo mandato de Milei

La necesidad de mayor previsibilidad, una menor presión impositiva, mejoras en infraestructura y un marco regulatorio moderno aparecen como los principales ejes para sostener un crecimiento en el tiempo. En ese contexto, el productor continúa siendo el motor central de la cadena, con un rol clave en la generación de valor y en la adopción de tecnología.

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Durante el Summit de Amcham, bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, dos referentes del sector pusieron en palabras los desafíos y oportunidades: Fernando García Cozzi, presidente de Cargill Argentina, y Juan Lariguet, presidente de Corteva Agriscience Cono Sur. Ambos ejecutivos coincidieron en destacar el rumbo actual de la política económica, aunque advirtieron que es necesario profundizar cambios para liberar el potencial productivo del país.

Para García Cozzi, uno de los principales condicionantes históricos fue la presión impositiva. “Durante los últimos 25 años se ha cargado a la actividad agropecuaria con una carga impositiva que hace que sea casi un milagro que tengamos la producción que tenemos y que tengamos el rol que tenemos en el mundo”, afirmó.

El directivo señaló que, pese a contextos internacionales favorables, la Argentina no logró capitalizar plenamente esas oportunidades. “Nuestra capacidad para aprovechar esas situaciones fue muy limitada porque la carga interna de impuestos hizo que no tengamos esa posibilidad de crecer de la manera que lo hizo Brasil”, explicó. En esa línea, remarcó la necesidad de sostener un cambio de rumbo. “Para que el campo se desarrolle necesitamos levantar la carga impositiva”, sostuvo, y vinculó ese objetivo con la disciplina fiscal. “Para levantar la carga impositiva empezamos bajando los gastos, cerrar el déficit fiscal”, indicó.

Además, puso el foco en la estabilidad de las reglas de juego. “Necesitamos reglas de juego estables y claras”, subrayó, al recordar que en el pasado hubo reducciones impositivas que luego se revirtieron.

Más allá del frente tributario, García Cozzi planteó que el crecimiento también depende de resolver cuellos de botella históricos en logística. “Necesitamos una mejor infraestructura, los caminos y las rutas también tienen que mejorar”, afirmó. En particular, mencionó la importancia de avanzar en soluciones para la Hidrovía y el sistema ferroviario, claves para reducir costos y mejorar la competitividad. Según explicó, el contexto internacional exige eficiencia. “Si uno mira los precios hacia atrás y los corrige por inflación, los precios son bajos; es un negocio que está corriendo detrás de muchas eficiencias”, advirtió.

Por eso, insistió en que el futuro crecimiento no vendrá tanto por expansión de superficie. “El crecimiento no va a venir tanto por un aumento de área; debería ser por eficiencia”, señaló. En paralelo, destacó el potencial de los biocombustibles como motor de demanda.

Desde otra mirada, Lariguet puso el foco en el capital humano y tecnológico del país. “La Argentina ya cuenta con productores que están en el tier 1 a nivel mundial”, afirmó. En ese sentido, el directivo destacó la capacidad técnica del productor local. “Son de los mejores productores en cuanto a eficiencia y manejo”, agregó.

También remarcó la diversidad productiva y el perfil exportador del país y subrayó la posibilidad de desarrollar tanto cultivos extensivos como economías regionales. En ese contexto, planteó que el próximo salto productivo estará ligado a la innovación. “El siguiente salto productivo no va a ser principalmente anexando más superficie, sino que va a ser desde el punto de vista de mayor adopción de tecnología”, indicó. Para que eso ocurra, consideró clave contar con un entorno normativo adecuado. “Tener un marco regulatorio acorde a las necesidades de estos tiempos es muy importante”, sostuvo.

No obstante, también destacó avances recientes. “En los últimos dos años se han logrado generar tremendos avances en todos los aspectos regulatorios para que la Argentina siga creciendo en la adopción de biotecnología”, afirmó. En esa línea, resaltó el posicionamiento del país en nuevas tecnologías que se puso a la vanguardia a nivel mundial en edición génica.

Sin embargo, advirtió que aún queda un punto crítico por resolver: la propiedad intelectual. “Respetar la propiedad intelectual es sin duda el mayor combustible para quienes invertimos en innovación”, afirmó.

El ejecutivo vinculó este aspecto con la posibilidad de atraer inversiones. “Queremos incrementar nuestra inversión en un mercado que puede ofrecer 17 millones de hectáreas de soja”, indicó.

Remarcó la necesidad de fortalecer el marco legal. “Robustecerlo con un marco regulatorio adecuado es el paso que nos falta”, sostuvo. Según explicó, la experiencia internacional es clara. “Aquellas geografías que están adheridas a ese tipo de convenio [en referencia a UPOV-91] tienen un tercio más de lanzamientos de variedades de soja año tras año”, señaló. Y concluyó con una advertencia sobre el escenario global. “El tren está pasando y nos tenemos que subir, claramente”, afirmó.

Ambos referentes coincidieron en que la Argentina tiene condiciones para crecer, pero que ese proceso dependerá de decisiones concretas en materia de política económica, infraestructura y regulación. El desafío, hacia adelante, será transformar ese potencial en una expansión sostenida, con mayor producción, más valor agregado y una inserción internacional más sólida.

El productor chubutense Julio Cittadini y Ximena, dueña de una carnicería local, impulsan su comercialización.

“Es una prueba experimental que ha sido un éxito”, explicó Ximena en diálogo con LN+. La iniciativa surgió de la necesidad de reconvertir campos donde el ganado ovino perdió terreno frente a la baja rentabilidad lanera, los depredadores y la sequía. “Acá los campos no son como los de Buenos Aires. Este productor, entre cerrar el campo o producir otra cosa, eligió el burro”, añadió.

Ximena contó que en solo tres días se vendió todo. Fueron cuatros animales, ocho medias res. Hay gente que compró y volvió comprar porque gustó”, precisó.

Según relató, los consumidores se encontraron con un producto ligeramente más firme por la naturaleza del animal. “Tratamos al burro como si fuera una vaca; se despostó igual y obtuvimos lomo, vacío y asado con hueso, los mismos cortes”, explicó la comerciante.

La clave reside en el precio: $7500 el kilo, lo que representa apenas la mitad del valor de la carne vacuna.

Si bien el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ya habilitó la trazabilidad de los animales en el establecimiento de Cittadini, el proyecto requiere la obtención del permiso del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) específico para la especie en los mataderos locales.

A diferencia del vacuno, el burro requiere menos agua y aprovecha mejor las pasturas. Sobre el gusto, Ximena dio su propia experiencia: “Lo consumí. Me gustó. No es diferente al de la vaca, ni tiene olor. Y por ahí note un poco más firme la carne, es un animal de campo, que camina. Si se lo trabajara, podría ablandarse un poco más”.

Para Cittadini, la rentabilidad será clave. “No tengo dudas de que será un éxito. Creemos que va a ser buena y va poder sostener un negocio próspero. Mi proyecto es el único que está en ejecución y hay varios productores que están esperando para meterse en el negocio”, declaró a LN+.

Y aclaró: “En este caso, toda la parte bromatología y demás se maneja con el ministerio de la Producción de la Provincia que son el contralor en los casos como este”.

Asimismo, remarcó que el precio de esta carne “en el peor de los casos, no va a superar el 50% de lo que vale una carne vacuna”.

Este nuevo fenómeno de consumo ocurre en un contexto de en que la inflación de marzo volvió a acelerarse. Lleva diez meses sin bajar. Se trata de la más alta en lo que va de 2026.

Cittadini organiza este jueves una degustación en la parrilla abierta local para que los vecinos, productores, y autoridades locales puedan probar empanadas, chorizos y asado de carne de burro.

“Esperamos que llegue el Senasa y la participación del Ministerio de Producción”, manifestó Ximena.

Pilatti no solo fue un ingeniero del INTA, recuerdan quienes lo conocieron, sino el hombre que pensó máquinas y llevó la innovación directamente al campo de los productores de pequeña escala. Nacido el 26 de febrero de 1939, construyó su trayectoria en la Estación Experimental del INTA en Reconquista, donde no sólo trabajó durante más de 40 años, sino que también fue director entre 1985 y 1992. Desde allí impulsó una transformación silenciosa en el norte santafesino, lugar donde fomentó la investigación, extensión rural y el desarrollo local.

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Estaba casado con Juana Celia Gómez Pescié, fue padre de Graciela, Pablo, Patricia y Néstor (fallecido). Sus restos son velados en Reconquista y serán cremados tras una ceremonia que se extenderá hasta la tarde del martes, según mencionaron los medios locales.

Su nombre quedó ligado al algodón, cultivo emblemático de la región. No por casualidad, en 2022 fue distinguido como “Embajador del Algodón” durante la 53° Fiesta Nacional del Algodón, en reconocimiento a su aporte a la mecanización de la cosecha, la logística y la conservación de suelos. Ese trabajo derivó en el desarrollo de maquinaria adaptada a pequeños y medianos productores, un segmento históricamente relegado por la tecnología.

Entre sus creaciones más reconocidas se encuentran las cosechadoras Sapucay, Javiyú y La Lola, además de otros desarrollos como la cañera y la máquina Reconquista. Estos equipos no sólo obtuvieron premios nacionales e internacionales, sino que marcaron un punto de inflexión: tecnología pensada desde el territorio, con soluciones concretas para las condiciones productivas locales, que incluso lograron proyectarse a mercados externos.

En el caso de Sapucay se trató de una cosechadora automotriz tipo “picker”, es decir, un sistema que recolecta la fibra sin arrancar toda la planta (a diferencia del stripper). Este tipo de tecnología es más complejo y cercano al estándar internacional, lo que muestra el salto de escala en los desarrollos locales. Formó parte de una línea de prototipos que buscaban adaptar tecnologías globales a condiciones regionales, especialmente para productores que no podían acceder a maquinaria importada.

La Javiyú fue, probablemente, el desarrollo más disruptivo. Se trató de una cosechadora de arrastre tipo “stripper”, pensada para pequeños y medianos productores. Con su innovación introdujo un cambio clave, ya que permitió consolidar el sistema de surcos estrechos y alta densidad, hoy dominante en el cultivo. Logró recolectar más del 95% del algodón en condiciones adecuadas. Se caracterizó por su bajo costo de adquisición y mantenimiento y simplicidad operativa. Fue considerado un éxito nacional e internacional, dado que posibilitó la venta de más de 300 unidades y exportaciones a países como Turquía, Brasil, Paraguay y Colombia. Este equipo permitió mecanizar a productores de menor escala en la actividad. Además, llegó a representar cerca del 40% del parque de cosechadoras de arrastre en la Argentina.

La Lola fue la evolución tecnológica del sistema, según informaron en su momento desde el INTA. Consistía en una cosechadora autopropulsada, que no requería tractor. La máquina integraba en una sola operación la recolección, limpieza, prensado y enfardado del algodón. Entre sus características también se distinguía porque producía rollos cilíndricos de hasta 700 kg, envueltos en plástico para su conservación.

En su capacidad operativa se distinguía por hacer entre 15 y 18 toneladas por día y hasta 1 kilo por segundo de cosecha. Esto implicó una reducción de hasta seis veces los tiempos de cosecha, carga y traslado.

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No obstante, el aporte de Pilatti no se limitó a lo técnico, ya que fue un fuerte promotor del manejo conservacionista de suelos y del trabajo articulado con comunas a través de proyectos de desarrollo local, una mirada que hoy es central pero que en su momento fue pionera. Quienes lo conocieron lo recuerdan también por su rol en el extensionismo rural, especialmente en los clubes 4A, donde acompañaba a productores y jóvenes con una impronta cercana y formativa.

Su compromiso con la comunidad de Reconquista también dejó marcas visibles: fue impulsor del Velódromo Municipal y del Observatorio Astronómico, iniciativas que reflejan una visión más amplia del desarrollo, integrando producción, educación y vida social.

Tras conocerse su fallecimiento, en el INTA lo despidieron destacando que “dejó una huella imborrable en el norte santafesino” y lo recordaron como “un inventor nato y un hombre de profunda humanidad”.

“Despedimos con profundo pesar a Orlando Pilatti. Su trayectoria de más de cuatro décadas en nuestra Experimental Reconquista, donde se desempeñó como director entre 1985 y 1992, dejó una huella imborrable en el norte santafesino”, mencionaron.

Despedimos con profundo pesar a Orlando Pilatti. Su trayectoria de más de cuatro décadas en nuestra Experimental Reconquista, donde se desempeñó como director entre 1985 y 1992, dejó una huella imborrable en el norte santafesino. pic.twitter.com/zkyxPKPcjY

— INTA (@intaargentina) April 14, 2026

En la misma línea, la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA) subrayó su rol como colaborador permanente y actor clave en la consolidación institucional del sector. “A lo largo de los años, Orlando acompañó activamente las acciones impulsadas por APPA, aportando su experiencia, su conocimiento del territorio y su visión estratégica, elementos que resultaron fundamentales en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de iniciativas vinculadas al desarrollo del algodón. Su compromiso con la actividad, sumado a su vocación de trabajo conjunto, dejó una marca significativa en nuestra institución, contribuyendo a afianzar el vínculo entre los distintos actores de la cadena algodonera”, señalaron.

“Desde APPA destacamos y agradecemos profundamente su acompañamiento, su generosidad y su permanente disposición para contribuir al crecimiento del sector. Su legado permanecerá como parte del camino construido colectivamente por la comunidad algodonera. Reafirmamos, en su memoria, el compromiso de APPA de continuar trabajando por el desarrollo y fortalecimiento de la cadena algodonera, sosteniendo los valores y la visión que personas como Orlando supieron impulsar. Acompañamos a su familia, amigos y allegados en este momento de dolor, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”, puntualizaron.

Había nacido en la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras del Obelisco, lejos del campo. “Nada más alejado de lo que fue mi vida”, contó en una entrevista al recordar sus orígenes.

Se graduó como ingeniera agrónoma en la Universidad de Buenos Aires en 1982 y desde temprano tuvo claro su camino. “Con seguridad sabía que iba a hacer investigación”, contó en una entrevista. Luego realizó una maestría en Balcarce (Universidad Nacional de Mar del Plata) y obtuvo su doctorado en la Universidad París XI, en Francia. Más tarde completó un posdoctorado en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en Minnesota. Esa formación internacional marcó una trayectoria que luego tuvo fuerte impacto en el país.

A su regreso desarrolló una carrera que combinó investigación, docencia y trabajo aplicado. Fue profesora titular en la Facultad de Agronomía de la UBA, investigadora superior del Conicet y trabajó en el INTA Pergamino. Además, tuvo un rol activo en la formación de posgrado, como co-directora de la especialización en mejoramiento genético vegetal.

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Su especialidad fue la ecofisiología de cultivos, con foco en maíz. Estudió en profundidad los procesos que determinan el rendimiento, como el número de granos, el llenado, el secado y la calidad, así como la interacción entre genética y ambiente. Ese enfoque fue clave para explicar por qué ciertas estrategias productivas podían ofrecer ventajas en contextos variables.

A lo largo de su carrera publicó más de 100 trabajos científicos en revistas internacionales y superó las 300 publicaciones en total. Participó en comités editoriales de revistas científicas de alcance global. Además, dirigió numerosas tesis de grado y posgrado y formó a varias generaciones de profesionales que hoy se desempeñan en el sistema científico, universidades y empresas, especialmente en el área de mejoramiento y producción de maíz.

Para ella, investigar estaba profundamente ligado a la curiosidad. “La búsqueda. Poder hacerme preguntas. Eso es algo increíble”, definía sobre su trabajo. Y también destacaba el valor del intercambio entre generaciones: “A ellos les sirve tu conocimiento y experiencia, y a vos te sirve la energía y ganas de hacer cosas”.

En su mirada, incluso en un contexto de creciente tecnificación, la observación directa seguía siendo clave: “Caminar un lote, un instante de una mirada te explica lo que después mirando papeles no encontrás”.

Durante su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Diploma Konex en Biotecnología 2023, y fue incorporada como académica de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida en el sector. “Desde Maizar lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de María Elena Otegui. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su compromiso y aporte dejan una huella inmensa en la cadena del maíz argentino”, expresó.

Desde Aapresid señalaron: “Lamentamos profundamente la pérdida de María Elena Otegui, reconocida investigadora que realizó aportes claves en el estudio del cultivo de maíz. Su legado perdurará en sus trabajos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

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En el INTA destacaron: “Manifestamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de María Elena Otegui, investigadora de nuestra Experimental Pergamino y una de las especialistas más influyentes y reconocidas en el estudio del maíz”.

Sus colegas también remarcaron su perfil humano: “Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida María. Gran investigadora y formadora. Su mirada crítica y aguda, siempre orientada a mejorar, se combinaba con una gran generosidad y bondad. Así te recordaremos, siempre”.

Desde la Escuela para Graduados de la Fauba manifestaron: “Despedimos a la Dra. María Elena Otegui, referente de la agronomía argentina, docente e investigadora destacada. Su compromiso y calidad humana dejaron una huella invaluable en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y colegas”.

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La secuencia, difundida en las redes de Warchocki exhibe a tres animales corriendo a toda velocidad mientras son seguidos por el robot, que avanza con movimientos mecánicos, pero sorprendentemente ágiles. La escena, con hilo casi cinematográficos, remite a una mezcla entre ciencia ficción y vida urbana contemporánea, según comentaban los usuarios en sus redes donde se hizo viral la secuencia del robot.

Lo que más llamó la atención fue el contraste de la tecnología de última generación entre la fauna silvestre y, sobre todo, con un problema que viven los productores agropecuarios en muchos lugares del mundo. Además, los usuarios remarcaron que esto era habitual en distintas ciudades europeas y la presencia de un androide con inteligencia artificial es lo que explica gran parte del impacto del video.

Los usuarios aprovecharon para hacer chistes y trazar un paralelismo entre el mundo cinematográfico y la vida real. “Amo esta nueva era”; “le voy a decir a mis hijos que esto es Terminator 1″; “qué clase de escena cinematográfica es esta”; “por qué lleva una mochila en la espalda”; “corre Forrest”; “ellos están evolucionando”, fueron algunos de los comentarios debajo de las imágenes.

A juzgar por las imágenes compartidas, en el entorno donde se registró la secuencia se perciben gritos de niños y reacciones de sorpresa de los testigos que presenciaron el momento en el que Warchocki echó a los animales de la zona urbana.

Más allá del tono humorístico que dominó su circulación en redes, el contenido abrió un debate más amplio sobre el uso de robots en espacios públicos y su eventual aplicación en el control de animales urbanos e incluso, en el campo.

En rigor, se trata de un robot modelo Unitree G1, diseñado para interactuar con humanos y generar contenido viral para las redes sociales en la era de la tecnología. Según se desprende del sitio oficial, es un avanzado robot humanoide de propósito general diseñado por Unitree Robotics, con un precio base aproximado de US$16.000. Mide alrededor de 1,27 a 1,30 metros, pesa unos 35 kg y destaca por su alta flexibilidad (más de 23-40 articulaciones), capaz de realizar tareas complejas, sortear obstáculos y operar como asistente personal o industrial.

“El 60% de las divisas que ingresan a la Argentina vienen del sector agroexportador. Eso nos da la pauta de la dimensión del sector sobre el que estamos hablando”, afirmó el funcionario.

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En ese marco, destacó el impacto de las condiciones productivas y de las medidas económicas recientes. “Tuvimos una gran cosecha de trigo y ahora una cosecha gruesa, en parte gracias a Dios porque tiene que llover y gracias también a políticas de regulación, a políticas de bajas impositivas, bajas de retenciones, desregulaciones. El campo está volviendo a tener la competitividad que debió haber tenido toda la vida”, señaló.

Según detalló, desde el inicio de la actual gestión se avanzó en una reducción significativa de los derechos de exportación (DEX). “Cuando empezó este Gobierno la soja estaba al 33% y ahora en 24%; estamos en cero en economías regionales, en cero en lácteos y porcinos, cero en vacas, bajamos al resto de las carnes, bajamos girasol, bajamos maíz”, enumeró.

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Para Iraeta, estas medidas implicaron un esfuerzo fiscal que el propio sector retribuye. “La verdad es que sí se hizo un esfuerzo importante en términos de ingresos públicos que el campo, por supuesto, lo devuelve. Lo devuelve en producción, lo devuelve en ánimo”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar completamente las retenciones, evitó dar una fecha concreta, aunque dejó en claro el objetivo oficial. “Llegar a retenciones cero, como se lo propuso este Gobierno cuando asumió es una pregunta muy compleja porque tiene que ver con la responsabilidad fiscal”, advirtió.

En esa línea, insistió en que el rumbo está definido. “El Gobierno va en línea de bajar las retenciones, lo está demostrando, lo ha hecho de manera permanente y está cumpliendo con todo aquello que prometió”, afirmó. No obstante, introdujo un matiz sobre los tiempos. “Es muy complejo que yo diga la fecha. Pero mi opinión, esto no es un dato, que para la finalización del segundo mandato del presidente Javier Milei ocurrirá [retenciones a cero]. Es una opinión, no es un dato”, aclaró.

Más allá de las definiciones fiscales, el funcionario se mostró optimista respecto de la campaña en curso. “La de soja va a ser mucho mejor de lo que pensábamos y la de maíz ni hablar, es explosiva como fue la de trigo, donde tampoco el sector esperaba que fuera tan voluminosa y fue récord de récords, más de 27 millones de toneladas”, destacó.

Aun así, evitó anticipar resultados definitivos. “No me gusta anticipar resultados porque hasta que uno no mete la cosechadora y tiene el producto en el silo, no sabe cuántos kilos se tiene”, explicó.

Otro de los ejes abordados fue la infraestructura, un factor clave para mejorar la competitividad. “Son problemas que vienen de arrastre, de 20 años de desmanejo y de falta de mantenimiento”, señaló.

En ese sentido, detalló que el Gobierno avanza en distintas áreas. “Ya estamos entrando en las concesiones de rutas muy importantes, de las rutas del Mercosur, de las rutas nacionales más importantes; el tema de los trenes también está en proceso de licitaciones y de concesiones y la Hidrovía; lo mismo, está entrando en un proceso de licitación”, indicó.

En cuanto al escenario internacional, consideró que, pese a la incertidumbre global, el país cuenta con ventajas estratégicas. “Todo lo que tiene que ver con lo geopolítico está complejo, disruptivo, y dentro de todo la posición relativa de la Argentina es buena”, evaluó. Según explicó, esa ventaja se apoya en recursos clave. “Nos agarra en una buena posición en términos energéticos, en términos de alimentos, en términos de todo lo que es fundamental”, subrayó.

Propiedad intelectual

En materia tecnológica, puso el foco en la discusión sobre semillas y propiedad intelectual, en el marco de la implementación de UPOV-91. “Para que haya una buena cosecha, tiene que haber también una buena tecnología y biotecnología”, planteó. Allí reconoció tensiones históricas entre los distintos actores del sector. “El problema de semillas y de propiedad intelectual es un problema ancestral, tiene muchos años en la Argentina”, explicó.

En ese contexto, definió el rol del Estado como articulador. “El trabajo que me está tocando hacer ahora es acercar las dos posiciones, la posición de las empresas y de los productores”, indicó.

Para el funcionario, el punto de equilibrio pasa por reconocer el valor de la innovación sin desconocer la realidad del productor. “Si uno investiga y si uno aplica tecnología y eso tiene un costo, hay que pagarlo y es lógico que se pague”, afirmó.

Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de contemplar las particularidades locales. “El productor argentino viene de una situación muy retrasada respecto de otros países que tienen otro sistema de protección de la propiedad intelectual”, sostuvo. Con ese panorama, fue categórico respecto del marco normativo internacional. “UPOV-91 no está en discusión, es algo que ya está, es un dato”, afirmó.

No obstante, aclaró que el desafío está en su aplicación concreta. “El Gobierno tiene después que reglamentar ver cómo se aplica, UPOV 91 es un marco y es un marco muy general”, explicó. Por eso, remarcó el enfoque que buscan desde la Secretaría. “El tema es hacerlo lo más racional y lo más justo posible, ese es el trabajo que estamos haciendo”, concluyó.

Según la presentación, impulsada por sindicatos como Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a asociaciones de la agricultura familiar, la decisión “carece de fundamento técnico y jurídico” y deja “sin asistencia a uno de los cinturones productivos más relevantes del país”. El escrito fue presentado en la justicia federal de San Martín.

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Para los gremios, la resolución que dispuso el cierre “interrumpe de manera abrupta un servicio de asistencia técnica que se brindaba desde hace más de 15 años”, afectando directamente a miles de productores del conurbano bonaerense. Resaltaron que la EEA AMBA, con sede en Ituzaingó, articulaba investigación, capacitación y extensión en una región clave para el abastecimiento diario de frutas y verduras a una población estimada en 16 millones de personas.

Desde hace meses, el INTA atraviesa tensiones por reformas impulsadas desde el Ministerio de Economía, que incluyen reestructuraciones, retiros voluntarios y una eventual venta de tierras, que pasaron a disponibilidad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Uno de los puntos más sensibles del amparo apunta precisamente a ese aspecto. Los demandantes sostienen que el cierre de la experimental “persigue en realidad un fin inmobiliario”, vinculado a la eventual venta de los terrenos que ocupa la sede en Ituzaingó. “Se trata de una desviación de poder”, afirman, al advertir que el objetivo sería habilitar desarrollos privados en una zona de alto valor, una hipótesis que ya generó controversias en otros casos similares.

En Ituzaingó, donde funcionaba la experimental, el cierre generó rechazo institucional y social. El Concejo Deliberante declaró el predio como área de “preservación ambiental, productiva y patrimonial”, en línea con su histórico uso para investigación y producción agroecológica. “No es una tierra ociosa, es un activo estratégico para el abastecimiento alimentario y el equilibrio territorial”, sostuvieron desde el ámbito municipal. Allí, argumentaron que el espacio estaba destinado a actividades de investigación y producción agroecológica, y remarcaron su rol dentro del esquema de abastecimiento del conurbano bonaerense.

En paralelo, el escrito judicial cuestiona la legalidad de la resolución al considerar que es “inmotivada, arbitraria y basada en normas inexistentes o derogadas”. Según el planteo, el acto administrativo no cumple con los requisitos básicos de fundamentación exigidos por la ley y contradice la propia trayectoria del organismo, que durante más de una década impulsó políticas de apoyo a la agricultura familiar en el área metropolitana.

Además, los gremios advierten que el amparo no es solo para proteger el derecho al acceso a la ciencia aplicada a la alimentación. Dicen que también pretenden defender el patrimonio público, ya que “el cierre de la EEA AMBA solo busca vender sus tierras, para que sean adquiridas a precio de remate por desarrolladores inmobiliarios que harán edificios de lujo en la zona. Ya hay procesos penales abiertos por este tipo de ventas fraudulentas".

Llos gremios y entidades argumentan que el INTA “abandonó sin explicación a los agricultores familiares”, en contradicción con leyes nacionales y tratados internacionales que garantizan el acceso a la ciencia y la tecnología. “Se trata de una regresión en derechos que impacta sobre el derecho a la alimentación”, advierten en el escrito judicial, donde también invocan la protección constitucional y convencional de estos principios.

La agricultura familiar, afirman, “genera el 70% de los alimentos que se consumen en la Argentina y el 54% del empleo rural”. En esa línea, remarcan que el cinturón hortícola del AMBA es estratégico para el consumo cotidiano: “Todos los días comemos papa, tomate o zapallo; no comemos soja”, señalaron.

Detrás de ese salto hubo una combinación de factores. Por un lado, hubo menos hacienda disponible, algo que suele pasar a comienzos del año por cuestiones estacionales. A eso se sumó el impacto del clima: por un lado, la mejora en las condiciones de los campos, con más pasto disponible, llevó a muchos productores a retener la hacienda algunos días o semanas más para que ganara peso. En menor medida, también influyeron las lluvias, que en algunas zonas dificultaron sacar los animales de los campos. Con menos oferta y una demanda que se mantuvo relativamente estable, los precios subieron con fuerza.

En los meses previos, las subas venían en niveles más moderados: en enero los precios aumentaron 4,87% y en febrero 4,75%. Ese ritmo se rompió en marzo, cuando la suba se aceleró y prácticamente lo duplicó.

El relevamiento del IPCVA, realizado sobre más de 30.000 precios por semana en AMBA, Rosario y Córdoba, muestra además que la suba fue generalizada. En ese contexto, el precio promedio en el AMBA llegó a $18.564 por kilo, tras subir un 10,6% en el mes. La suba no fue homogénea: en carnicerías el incremento fue del 12,2%, mientras que en supermercados se ubicó en el 7,1%.

Entre los cortes, las mayores subas se dieron en los más económicos, lo que golpea de lleno al consumo masivo. La picada común aumentó 20,4% y pasó a $10.381 por kilo, la carnaza común subió un 17,7% hasta $12.012, y la falda trepó 13,4%, a $11.724. En contraste, los incrementos fueron más moderados en cortes de mayor valor: el lomo subió un 8,5% y alcanzó los $27.711 el kilo, mientras que el matambre avanzó un 7,6%, hasta $18.726.

Detrás de estos movimientos también se observa lo que ocurre en la cadena de producción. El precio de la media res —una referencia clave del mercado— aumentó un 13,3% en marzo y acumuló una suba interanual del 71,7%. A nivel de categorías, el novillo subió un 12,8%, la vaquillona y la ternera un 12,7% y el novillito 9,4%, en línea con la tendencia general.

En ese contexto, desde el sector explicaron con más detalle qué pasó. Según el director de la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Eiras, la menor disponibilidad de hacienda fue clave. “El aumento viene por el impulso de febrero, por el tema de la escasez. El aumento siempre es escasez”, resumió. Esto tiene que ver con cómo funciona la producción: los animales se engordan más en otoño e invierno y salen al mercado en primavera, por lo que a fines del verano hay menos oferta.

A eso se sumó el impacto del clima, que jugó en dos sentidos. Por un lado, con más pasto disponible tras las lluvias, muchos productores optaron por retener los animales más tiempo en los campos para que ganen más kilos, ya que con las lluvias había más pasto disponible. Esa decisión redujo la cantidad de hacienda disponible en el corto plazo.

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Pero, al mismo tiempo, el exceso de agua también generó el efecto contrario en otras zonas. Según explicó el titular de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, las lluvias de febrero y marzo complicaron el movimiento de la hacienda y limitaron su llegada al mercado.

En la práctica, cuando los campos están anegados los animales comen peor y es más difícil moverlos o sacarlos. “No es sencillo sacar animales del campo con los caminos como están”, señaló. Con una demanda relativamente estable, eso empuja los precios hacia arriba. “Si le bajás la oferta y la demanda es constante, el precio tiende a subir”, sintetizó.

Sin embargo, esa presión empezó a moderarse hacia el final del mes. Según Eiras, en la segunda quincena de marzo el precio del ganado en pie llegó a bajar entre un 10% y un 12%, un movimiento que todavía no se reflejaba completamente en los precios al consumidor. Esto ocurrió porque, tras la fuerte suba de la primera parte del mes, el consumo empezó a frenarse: los comercios llevaron los precios hacia arriba hasta que el consumidor dejó de convalidar nuevos aumentos, lo que enfrió la demanda y empujó los valores hacia abajo.

En tanto, según el Ipcva, el pollo subió un 10,9% y se ubicó en $4822 por kilo (acumuló un incremento del 24,8% en el año), mientras que el pechito de cerdo aumentó 6,3% hasta $8944. En términos relativos, la carne se encareció frente a sus sustitutos: en marzo se necesitaron 3,92 kilos de pollo o 2,08 kilos de cerdo para igualar el valor de un kilo de asado.

En ese escenario, Schiariti consideró que no espera grandes cambios en los próximos meses, con un mercado más bien estable. Señaló que el consumo se mantiene en niveles más bajos que en el pasado y que, en un contexto en el que el ingreso no alcanza, “es difícil que la gente no decida por el bolsillo”, en referencia a la competencia con otras carnes más baratas.

El fenómeno no fue exclusivo del AMBA. En Rosario, el precio promedio de la carne llegó a $19.066 por kilo, con una suba mensual del 11,6%, mientras que en Córdoba alcanzó los $19.362, tras un aumento del 10,3%.

Incluso dentro del AMBA se observaron diferencias. En el sur del conurbano los precios subieron 12,5%, mientras que en la ciudad de Buenos Aires el incremento fue del 9,5%. En el norte del Gran Buenos Aires la suba alcanzó el 11,1% y en el oeste el 9,8%.

El informe también señaló que el impacto varía según el nivel socioeconómico. En los barrios de mayores ingresos, los precios subieron 9,6%, mientras que en los sectores medios el aumento fue del 11,4% y en los de menores ingresos del 9,8%.

“Hoy es una solución”: en 2025 crecieron en volumen un 313,9% las importaciones de carne vacuna

Los novillos, con 1517 cabezas, representaron el 13,01% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 455 kg; $4620 con 504 kg, y $4600 por 4 lotes de 462 a 529 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 450 kg; $3980 con 492 kg, y $3800 con 514 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 339 kg; $5350 con 353 kg, y $5040 con 392 kg, y en vaquillonas, $5500 con 293 kg; $5060 con 351 kg, y $4600 con 392 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3321,496, mientras que el peso promedio general resultó de 426 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4018,000. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4018,006. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4242,686.Detalle de venta: 1517 novillos; 1812 novillitos; 2220 vaquillonas; 3571 vacas; 2232 conservas, y 305 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (97) De All vq. 21, 370 kg a $3700. Asoc. de Coop. Argentinas: (375) Asoc. de Cooperativas vq. 50, 368 a 4600; 35, 363 a 4650; 18, 356 a 4710; Hippener n. 21, 488 a 4260; Louge vq. 29, 388 a 4500; Tres de Agosto v. 23, 475 a 2800.

Balcarce y Cía. SRL: (108) Suc. Ballester vq. 91, 323 a 1800. Blanco Daniel y Cía. SA: (430) Agropecuaria Las Marías nt. 30, 374 a 4700; vq. 18, 359 a 4600; Bertone n. 22, 451 a 4500; Grupo D y V n. 25, 464 a 4500; nt. 24, 410 a 4600; Guillaumet vq. 28, 347 a 4900; Rizzi n. 20, 529 a 4600; 33, 528 a 4600.

Campos y Ganados SA: (120) Fundación Salas n. 18, 405 a 3900. Casa Usandizaga SA: (154) Marillos vq. 22, 351 a 2100. Colombo y Colombo SA: (241) Aguilar v. 26, 515 a 2800; Est. Ganad. Queirolo vq. 35, 307 a 2000; Est. Las Armas vq. 24, 394 a 2200; Estancia Las Armas vq. 18, 350 a 2050. Colombo y Magliano SA: (704) Agrop. Borro vq. 84, 267 a 5300; Bellamar Estancias n. 45, 504 a 4200; Bravo vq. 21, 335 a 5100; 45, 292 a 5500; El Recado vq. 51, 345 a 5000; Serrago n. 21, 485 a 4400; Viejo Roble nt. 18, 350 a 5260. Consignataria Melicurá SA: (244) El Refugio n. 23, 449 a 4500; Fund. de Asist. San Luis Orione vq. 18, 346 a 1900; Kaufmann n. 30, 611 a 4200; Milanese nt. 19, 423 a 4500. Crespo y Rodríguez SA: (72) Trenton v. 24, 508 a 3000.

Dotras, Ganly SRL: (298) Camponorte v. 20, 465 a 2500; Est. San Javier de Rauch nt. 18, 420 a 4150; 28, 389 a 5000; Ganadera Mapa vq. 32, 388 a 4400; Mapa n. 38, 475 a 4500; Roffo n. 58, 576 a 2500. Ferias Agroazul SA: (81) Maguirre vq. 23, 428 a 2200.

Gahan y Cía. SA: (470) Agrop. Guatan v. 35, 481 a 2000; Est. San Javier de Rauch nt. 28, 421 a 4000; 42, 388 a 5000; Las Víboras vq. 18, 342 a 1600; 38, 418 a 1700; Louge n. 50, 492 a 4000; Silenka vq. 100, 352 a 2000. Ganadera Salliqueló SA: (52) Herrero vq. 45, 319 a 5000. Gananor Pujol SA: (326) Appella n. 20, 450 a 4350; vq. 33, 377 a 2300; Boga vq. 22, 395 a 2300; Maeti Pecuaria vq. 28, 357 a 4550. Gogorza y Cía. SRL: (226) Barcelonna Dominguez e Hijos nt. 22, 411 a 3800; Cabezón vq. 20, 363 a 1800.

Harrington y Lafuente SA: (287) Arambarri vq. 23, 335 a 4500; Castells v. 26, 460 a 1900; La Concordia Agrop. vq. 36, 415 a 1900; Las Tijeras vq. 35, 315 a 1600; Rincón de Ajo vq. 23, 385 a 1600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (206) Guerrero Davalos vq. 20, 408 a 2000. Jáuregui Lorda SRL: (573) Boucinha n. 32, 510 a 4550; Dapoto vq. 23, 346 a 3500; Hyxazas vq. 50, 334 a 4000; Legarralde vq. 45, 392 a 2300; Suc. Navarge vq. 19, 368 a 2100; Tecnogest vq. 47, 360 a 2000; 81, 381 a 2100; 39, 357 a 2150; 21, 430 a 2600; v. 21, 449 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (104) Van Strien v. 18, 512 a 2000. Lartirigoyen & Oromí SA: (449) García del Solar vq. 21, 321 a 5000; 51, 298 a 5200; Golden Fame v. 32, 458 a 2200; 33, 507 a 2300; Guarda Pampa v. 21, 469 a 2250; Lorda nt. 28, 374 a 4900; Sastre Inchauspe nt. 52, 393 a 4900; 19, 372 a 5000.

Madelan SA: (703) Antinori v. 20, 468 a 2200; Bordeu de Jones vq. 33, 388 a 2000; Comisso nt. 43, 422 a 4450; Est. y Cab. Los Corralitos n. 23, 435 a 4500; Estab. La Hortensia n. 21, 435 a 4500; Etchehoum vq. 28, 360 a 1900; 30, 370 a 2000; Herrero vq. 31, 323 a 5000; Jumaranos v. 25, 490 a 2400; La Verónica vq. 24, 410 a 2600; Los Baguales n. 33, 462 a 3900; Paraguil vq. 26, 347 a 2000; San Mariano n. 36, 476 a 4600; San Pedro Agrop. n. 40, 443 a 4450; Soldati nt. 19, 420 a 4600; 25, 389 a 5000; Van Cauwenberghe n. 19, 558 a 3800. Martín G. Lalor SA: (493) Da-Nes nt. 52, 323 a 5400; Dorotea vq. 42, 514 a 3800; 32, 374 a 4600; 127, 346 a 4900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (366) Arotcarena nt. 18, 335 a 5200; vq. 19, 310 a 5100; Domafo v. 20, 471 a 2600; El Caramba nt. 20, 443 a 4400; Huelquen v. 19, 500 a 2200; Industrias Rurales v. 23, 448 a 1900. Monasterio Tattersall SA: (1079) Agrop. La Criolla vq. 21, 324 a 4800; 21, 312 a 5150; Agrop. San Diego n. 19, 483 a 3800; 21, 456 a 4000; Agropecuaria Santa Celia vq. 18, 382 a 4500; 28, 339 a 5050; Campomax nt. 22, 364 a 4500; 22, 348 a 4600; Ercom nt. 18, 345 a 5300; La Hormiga v. 19, 474 a 2200; Martin n. 37, 517 a 4000; Munarriz nt. 23, 421 a 4800; Sullivan nt. 22, 412 a 4600; Sullivan H. n. 20, 444 a 4500; Troya v. 24, 605 a 2100; Urcola v. 19, 452 a 3300.

Nieva H. y Asociados SRL: (64) El Deslinde v. 18, 558 a 2400. Pedro Genta y Cía. SA: (245) Mendivil vq. 20, 424 a 2270; v. 23, 460 a 2420.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (862) Celiberti n. 23, 480 a 4000; Iruanyak n. 36, 459 a 4600; 26, 446 a 4700; vq. 20, 343 a 4900; 40, 319 a 5200; Jomarca nt. 29, 387 a 5270; Los Ángeles v. 23, 617 a 2500; Gaztambide nt. 30, 374 a 5050; Molina Anchorena nt. 21, 409 a 5000; 19, 393 a 5050; Nuñez nt. 18, 399 a 5150; O.M.P. vq. 20, 381 a 2200; Olmedo Ganadera nt. 21, 415 a 4950; 39, 384 a 5070; San Mariano n. 36, 504 a 4620; Tres “T” n. 30, 447 a 4450; Tres Yunques n. 36, 519 a 4350. Santamarina e Hijos SA: (114) Agropecuaria El 26 v. 18, 463 a 3300. S. L. Ledesma y Cía. SA: (82) Pérez vq. 19, 339 a 3400.

Umc SA: (60) Schwindt v. 27, 473 a 2000.Wallace Hermanos SA: (289) Berciano n. 45, 468 a 4500; Esteva vq. 20, 432 a 3200; Martínez nt. 19, 432 a 4100; vq. 22, 395 a 3700; Mayordomo nt. 41, 342 a 5200; vq. 22, 326 a 4900.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (98); Casa Massola SA (28); Consignataria Blanes SRL (1); Consignataria Nieva y Cía. SA (2); Goenaga Biaus SRL (74); Gregorio Aberasturi SRL (66); Heguy Hnos. y Cía. SA (68); Hourcade Albelo y Cía. SA (27); Iriarte Villanueva Enrique SA (36); Llorente-Durañona SA (44).

En este contexto, resulta pertinente repasar el comportamiento de los precios en lo que va de 2026. Durante enero, se mantuvo una tendencia alcista de cotizaciones, con valores en torno a los 5900 pesos por kilo. A principios de marzo subieron a 6600 pesos por kilo. Posteriormente, en ese mismo mes, la tendencia continuó al alza registrando una suba adicional, para alcanzar los 7000 pesos por kilo, valor récord en lo que va del año.

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Sin embargo, transcurridas dos semanas de abril se observa un ajuste bajista, con precios que se ubican en torno a los 6600 pesos por kilo.

Comportamiento atípico

Como se expresó, marzo suele marcar el inicio de una mayor oferta de terneros destetados provenientes de los campos de cría. Sin embargo, datos del Senasa a primera hora del 14 de abril indican que las salidas desde estos establecimientos totalizaron 873.500 cabezas en marzo de 2026. El registro muestra una incipiente activación: el movimiento de invernada se ubica 7% por encima de febrero. No obstante, en la comparación histórica, el nivel de actividad se mantiene 20% por debajo del promedio de los últimos cinco marzos y 13,6% por debajo de marzo de 2025.

En otras palabras: por primera vez en ese período, la zafra no presenta una tendencia de oferta creciente desde enero hasta los meses de mayo o junio, sino que muestra una leve contracción mensual, del orden del 1%. Asimismo, al comparar con años anteriores, se observa que las salidas de marzo de 2026 son 26% inferiores a las de 2025 y un 18% menores respecto de 2024.

Según Paloma Fontana, analista de Ganados y Carnes de AZ-Group, este comportamiento puede explicarse principalmente por dos factores. Por un lado, por los elevados precios de la hacienda que alientan la retención; por otro, las lluvias de fin de marzo-principios de abril, que recuperaron la oferta forrajera, luego de un inicio de año seco.

Como consecuencia de ambos factores, la oferta de terneros tendió a retraerse. En este escenario, “es probable que la zafra de este año se desarrolle de manera más gradual, sin un pico inicial y con una mayor oferta en los meses de abril y mayo”, proyecta Fontana.

Por lo expuesto, los precios de la invernada aún se encuentran en proceso de búsqueda de un equilibrio. “Por el lado de la demanda, existen compradores con intención de adquirir hacienda, aunque muestran resistencia a convalidar valores superiores a los 6500 pesos por kilo; por su parte, los criadores cuentan, en muchos casos, con margen para retener los terneros, sosteniendo expectativas de precios mayores”, distingue Paloma.

En síntesis, el mercado de invernada se encuentra en una etapa de ajuste, a la espera de una mayor definición en el ritmo de salida de terneros desde los campos de cría, pero con un comportamiento distinto al verificado en los últimos años.

Según los datos oficiales, el año pasado llegaron por la importación 24.798,89 toneladas, un salto del 313,9%. En valor fue por 112,50 millones de dólares, un crecimiento de casi el 193% respecto del año previo. Entraron desde carne bovina, subproductos y cueros y pieles, entre otros rubros. Como se dijo, en volumen es mínimo, considerando que el año pasado en todo el país se consumieron más de 2,2 millones de toneladas.

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En este contexto, en un informe del sector privado se puede observar el desempeño de las importaciones, dominadas por grandes frigoríficos de capitales extranjeros. En 2025 el liderazgo absoluto correspondió a Swift Argentina SA, que dominó tanto el segmento de cortes enfriados como el de congelados. La compañía, controlada por el gigante brasileño Minerva Foods, concentró en 2025 el 91,47% de las importaciones de carne enfriada con 1.520.284 kilos, por US$8.175.105. Además de ser uno de los principales exportadores del país, el grupo utiliza la importación como herramienta para sostener el abastecimiento interno. En el caso de los cortes congelados, el año pasado importó 10.487.842 kilos por US$37.392.588, que representaron el 57,85% de la incidencia.

Detrás apareció Quickfood SA, otra firma de origen brasileño, perteneciente al grupo Marfrig Global Foods. El año pasado importó 31.447 kilos por US$392.252 de cortes enfriados, con una participación del 4,39% en el total. Al igual que su competidor, el grupo empresario combina su perfil exportador con compras externas para cubrir el mercado local. En el caso de los cortes congelados, trajo al país 5.140.689 kilos por US$19.146.006, con una incidencia del 29,62% en el negocio.

También figura Fast Food Sudamericana SA, orientada al suministro del canal gastronómico e industrial. Importó cortes congelados por US$5.538.484 con 1.485.456 kilos, el 8,57% del total en ese segmento en 2025.

En congelados también aparece Frigorífico Bermejo SA con 28.322 kilos por US$172.663 con una incidencia del 1,93% en productos enfriados. En tanto que el Frigorífico Río Platense importó 6862 kilos por US$150.850, cuya incidencia fue del 1,69%. Además, el frigorífico Abuelo Julio SA trajo 2763 kilos por US$46.776.

En 2025, si bien Swift y Quickfood lideraron el ranking, el universo de importadores fue mucho más amplio e incluyó a más de una docena de empresas, entre ellas frigoríficos regionales y operadores medianos.

En términos generales, entre lo que se importó 2025 y en lo que va de 2026 las importaciones de cortes congelados alcanzaron los US$77 millones y más de 20,8 millones de kilos, con un claro predominio del primer año. Solo en 2025 se superaron los 17,3 millones de kilos, mientras que en lo que va de 2026 se observa una fuerte caída tanto en montos como en volumen. En 2025 ingresaron a la Argentina 1.589.678 kilos por US$8.937.646 por los cortes enfriados, mientras que en el caso de los cortes congelados ingresaron en total 17.584.153 kilos por US$66.629.255.

No mueve la aguja

En este contexto, el consultor ganadero Víctor Tonelli relativizó el impacto de las importaciones dentro del mercado local y puso el foco en la escala del consumo interno. “La Argentina consumió el año pasado un poco más de 2.200.000 toneladas anuales y lo que se está importando en total no supera las 15.000 [según el dato del sector privado en 2025 fueron 24.798,89 toneladas]. Estamos hablando de la nada misma”, afirmó. En ese sentido, subrayó que el fenómeno “no afecta ni mueve la aguja”, más allá de las interpretaciones que puedan surgir.

En la misma línea, Tonelli consideró que el ingreso de carne del exterior debe leerse como un factor complementario ante un escenario de menor oferta. “Hoy mirar a la importación de carne como un problema, más que un problema es una solución o una mitigación del problema, toda vez que aporta más oferta, una oferta absolutamente insuficiente”, explicó.

El especialista advirtió, además, sobre un cambio de ciclo en la disponibilidad de hacienda. “En la medida que baje la oferta, vamos a tener un ciclo de retención muy largo. Este año vamos a tener como mínimo 200.000 toneladas menos disponibles”, señaló. Según su análisis, ese faltante impactará directamente en el mercado interno, ya que “la exportación, con los valores internacionales y el empuje que hay hoy, probablemente mantenga volúmenes similares a los del año pasado”.

Tonelli vinculó la reciente suba de precios y la caída en el consumo con un problema estructural de oferta. “Los datos de febrero y marzo ya están mostrando una caída de entre 5 y 6 kilos por habitante por año de consumo”, indicó, y aclaró que no responde principalmente a una cuestión de poder adquisitivo. “La razón por la cual aumenta el precio del ganado y de la carne al consumidor es que la oferta es insuficiente. Si la oferta fuera suficiente, el precio no sube. Hoy ver la importación de carne es una solución o mitigación del problema toda vez que aporte más oferta”, concluyó.

En este marco, esta mañana Lorenzini concedió una última prórroga corta, hasta el próximo 15 de mayo. También reconoció algunos intentos para reactivar la empresa con contratos a fasón como los realizados con Grassi SA, nuevo dueño de la cerealera Vicentin, y ordenó reuniones entre el Banco Nación y la concursada.

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El rechazo del BNA dificulta que la textil con planta de producción en Reconquista alcance el porcentaje de adhesión que exige la ley para que el Poder Judicial homologue un convenio. Esta instancia es otro dolor de cabeza para los 366 trabajadores afectados directamente (entre los de régimen mensual y los quincenales), de los cuales la empresa querría conservar a unos 120 para su trabajo a futuro.

Fundamentos

Según Eleonora Sartor, apoderada del BNA, de aceptar la propuesta, Algodonera Avellaneda pagaría solo el 2,2% del capital nominal en dólares y un 0,02% de la deuda en pesos. “Esa propuesta es insignificante e inaceptable”, señaló. Aseguró que “la concursada pretende desconocer los efectos obligacionales que asumió, invocando argumentos falaces para intentar obtener resolución favorable a su pedido de prórroga del período de exclusividad”.

Además, en su respuesta, el BNA señaló que la oferta “no cumple las condiciones mínimas de plazo y carga financiera exigibles para ser aceptada por la entidad”, y advirtió que la propuesta implica una quita económica implícita que el BNA considera inaceptable. “Por la magnitud y naturaleza del crédito –explicó-, las decisiones deben elevarse al Directorio y que, tras el análisis técnico en distintas gerencias, la oferta no reúne las condiciones mínimas para su aceptación”.

Se afirmó que “dicha mejora de propuesta debe ser rechazada, puesto que no reúne las condiciones mínimas necesarias para ser aceptada por el Banco Nación; debiendo en su caso, ser mejorada en cuanto al plazo de repago y la carga financiera”.

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Esta parte de la presentación ante el juez Lorenzini refiere a lo informado por la textil en la audiencia judicial celebrada el 7 de este mes en los tribunales de Reconquista, cuando la concursada ofreció a los acreedores una nueva opción de pago y corrigió otras. Ahora ofrecía cinco opciones, desde el pago al contado del 9%, hasta la cancelación total del crédito con un pago único dentro de 35 años. Nada de eso fue aceptado por el principal acreedor en este proceso.

Por otra parte, sobre la deuda en dólares, el BNA calcula que, descontando los flujos ofrecidos a una tasa del 12% anual, el Valor Actual Neto de la porción en dólares sería aproximadamente US$5,7 millones, lo que representa cerca del 2,2% del capital nominal y algo que el banco interpretó como una quita financiera implícita significativa. Para la porción en pesos, descontada a una tasa del 30% anual, el Valor Actual Neto se reduce a aproximadamente $316.738, equivalente a 0,02% del crédito nominal, cifra que el BNA calificó de insignificante.

El tema preocupa a los 366 trabajadores que la algodonera posee en su planta del Parque Industrial de Reconquista y a los más de 50 empleados en desmotadoras en Chaco y Santiago del Estero. Días atrás se anunció la inyección de un flujo de dinero, a través de una propuesta de reactivación con Grassi, para recomponer en parte el momento difícil de la algodonera, pero el anuncio del Banco Nación puede atrasar varias cuestiones.

Pascual Celdrán, abogado de Ricardo Vaira y Andrés Ingaramo -quien habían sembrado las 1948 hectáreas de maíz que fueron cosechadas en 2023- asegura que sus clientes “nunca” fueron notificados fehacientemente de que la provincia había retomado el control del campo y que incluso les siguieron cobrando el canon anual.

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Es que la historia comienza en 2007 cuando la provincia de San Luis adjudica con opción a compra las 2000 hectáreas con dos condiciones: generar embriones de caballos de polo y pagar un canon a la administración provincial. El adjudicatario original era Daniel Lucero, a quien Vaira e Ingaramo primero le arrendan y, después, le compran la sociedad.

En 2017, según el Gobierno, por incumplimiento de esos requisitos revoca la operación. La decisión es apelada pero en 2022, “por decreto interno y sin notificación” según el abogado, la apelación es rechazada.

Sacaron el maíz

En ese contexto es que se sembró el maíz. Funcionarios provinciales tomaron el control y el maíz fue cosechado y sacado del campo, lo que motivó la denuncia judicial de Vaira e Ingaramo. “Cortaron los candados e ingresaron, dijeron que es del Gobierno y que les correspondía la posesión. Contratan a una persona de Buenos Aires que cosecha y el grano desaparece sin que exista ninguna constancia contable oficial”, dijeron.

Según publicaciones de la Agencia San Luis de mayo de 2024, “la provincia evitó la usurpación” del campo después de haberlo “recuperado” un mes antes. “Nos enteramos ayer que habían cambiado el candado, nos avisó la persona que está encargada del cuidado del campo, que no pudo ingresar. Inmediatamente el doctor Darío Oviedo radicó la denuncia policial y volvimos para evitar la usurpación de esta propiedad del Gobierno que ha sido objeto de una conducta violenta que naturalmente vamos a desterrar. Esas son las instrucciones del gobernador Claudio Poggi. Por eso nos vinimos al sur de la provincia para realmente tomar posesión, como ya la teníamos, pero que fue perturbada por personas que desconocemos. Naturalmente a partir de ahora se inicia una investigación policial y judicial”, dijo Bazla entonces.

Hace tres semanas, Bazla fue imputado como presunto autor de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

El fiscal Leandro Estrada sostuvo que se realizaron actos de disposición de la cosecha sin respetar los procedimientos administrativos establecidos, lo que habría generado un perjuicio al Estado provincial. En ese sentido, indicó que se habrían vulnerado normas previstas en la Ley de Contabilidad en relación con las contrataciones.

De acuerdo a la acusación, tras la recuperación del campo por parte del Gobierno provincial en 2024, Bazla habría intervenido en contrataciones para la cosecha de maíz sin cumplir con los mecanismos legales correspondientes, alterando la situación patrimonial del predio. La defensa del exfuncionario rechazó las acusaciones de las querellas y planteó la nulidad de lo actuado por supuesta vulneración del derecho de defensa, argumento que fue desestimado por el juez interviniente.

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Después de imputado, Bazla renunció a su cargo con una carta dirigida al gobernador Claudio Poggi: “Motiva la presente, la necesidad de ejercer mi derecho de defensa frente a una serie de decisiones judiciales y medidas de coerción dirigidas contra mi persona, pero que entiendo no sólo me afectan en lo personal, sino que, bajo ningún punto de vista, quisiera que lo propio dañara la impecable gestión de gobierno que Ud. encabeza y menos aún, su lucha contra la corrupción y el claro objetivo de recuperar la institucionalidad de nuestra provincia”.

Qué dice el Gobernador

“Nosotros tomamos las medidas de desafectar a un funcionario y someterlo a investigación. Ahora la Justicia consideró que el doctor Bazla debe también ser investigado, y soy respetuoso de las acciones judiciales, y me parece bien”, planteó Poggi.

Consideró que la Justicia debe hacer “una investigación mucho más amplia, porque en definitiva de ese campo que la provincia recuperó en el 2017, y no sabemos qué pasó con lo producido ahí en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”.

Señaló que hasta ahora la investigación judicial “fue bien rápida aunque falta completar los siete años anteriores cuando el gobernador era otro. Me sorprendió la velocidad con que se abordó este tema y no se abordaron los siete años anteriores que el campo estaba en la misma condición”.

Añadió que es “respetuoso de la Justicia y ese es uno de los cambios que votó la ciudadanía de San Luis. El cambio está en que automáticamente el funcionario mismo se retira del Gobierno para defenderse como corresponde, no se cubre a nadie”.

Los querellantes aseguran que hay audios -que circularon en redes sociales- de una persona identificada como asesor, presuntamente vinculada a funcionarios provinciales, sugiriendo formas de comercializar el maíz sin dejar registro contable. Por estos presuntos delitos la denuncia escaló al fuero federal, que investiga una posible evasión fiscal agravada.

A través de un comunicado, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del puerto local, junto a numerosas entidades agroindustriales, entre ellas Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carbap y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), informaron que se alcanzó un “acuerdo parcial” en el conflicto. Hay enojo en el sector de quienes protestan porque la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) avaló un 14% de suba en las tarifas del transporte de cereales, oleaginosas y subproductos para enero 2026. Los transportistas movilizados reclaman al menos un 30%.

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Para destrabar las rutas, las entidades del agro señalaron que se reforzará la presencia de fuerzas de seguridad nacionales, en coordinación con la policía bonaerense, con el objetivo de asegurar la libre circulación en rutas de acceso y en zonas clave. La medida busca brindar garantías a los transportistas para retomar la carga y descarga de mercadería “sin temor a represalias” y avanzar hacia la normalización de la operatoria portuaria.

Desde el sector exportador dijeron a LA NACION que hay transportistas que quieren trabajar, por lo que esto posibilitó “avanzar algo en un entendimiento para normalizar en el momento pico de la cosecha”, indicaron. En la zona de Necochea hay bloqueos.

Del lado de los transportistas disidentes hay rechazo. Carlos Geneiro, secretario general de Untra, aseguró que el 14% que avaló Catac “no representa el costo real del transporte”. Se quejó: “Levantar la medida con esa tarifa es seguir en el mismo lugar”.

“Nos están tratando de amedrentar por medio de la Policía. No nos dejan manifestarnos, nos están amedrentando con denuncias. Todo muy mal. Hay algunos puntos que se están resistiendo, que no quieren levantar la medida, y está perfecto, pero tenemos compañeros que ya fueron denunciados por manifestarse", avisó.

En Córdoba, Pablo Trapani, de Fatrac, confirmó que no hubo avances en las mesas provinciales y cuestionó la falta de una negociación integral. “La solución siempre fue una mesa nacional y mesas provinciales”, afirmó.

Vale recordar que la Secretaría de Transporte de la Nación se despegó de la discusión tarifaria del transporte de cargas. A través de un comunicado señaló que la cartera ya no tiene ninguna injerencia en la tarifa de referencia, que ahora es acordada exclusivamente entre privados (productores y transportistas). Explicó que esta decisión se tomó en 2025 para eliminar la “mesa de negociación” estatal, que era considerada poco funcional y no representaba a todos los actores. Desde entonces, se promueve un esquema de libre negociación sin intervención del Estado.

La falta de mesas de negociación a nivel nacional y provincial, fue uno de los puntos que profundizó el conflicto. “Acá seguimos como el primer día a la espera de soluciones”, graficó un transportista desde Necochea, quien reflejó el clima entre los transportistas que continúan con las medidas de fuerza a la vera de la ruta. En Bahía Blanca, contó, a muchos de sus colegas les comenzaron a pedir los datos y creen que es para “hacer denuncias penales”. “Estamos manifestándonos pacíficamente, sin hacerle daño a nadie”, advirtió.

Las negociaciones entre los transportistas y los acopiadores permanecen estancadas pese a ofertas de aumento del 14%, que se hicieron en los últimos encuentros en La Plata, y que finalmente fue avalado por una entidad, como se mencionó. Para los autoconvocados y otras federaciones estos números están lejos de las pretensiones de hasta el 40% que quieren los transportistas adheridos a las movilizaciones a lo largo y ancho del país. Según confirmaron a este medio para poder salir a trabajar piden entre un 30 y 35%. Denuncian que las recientes subas del gasoil ya consumen el 65% del valor del flete.

Pablo Agolanti, de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), defendió la propuesta en discusión y sostuvo que, aun con una suba del 14%, “la tarifa sigue estando unos cinco puntos por debajo de la referencia nacional que maneja la entidad”. En ese sentido, relativizó el alcance del conflicto y aseguró que “los problemas más marcados se registran en el sur de Córdoba, mientras que en el resto del país los camiones están llegando con relativa normalidad”.

No obstante, reconoció la legitimidad de los reclamos y señaló que la propuesta “formaba parte de una base de negociación” que no logró consenso entre todos los actores del sector. “Muchos de los que hoy reclaman venían trabajando con valores que no se sostenían”, indicó, y apuntó también contra los dadores de carga.

Por otra parte, Agolanti señaló que cualquier solución deberá contemplar las particularidades regionales y sostuvo que “los acuerdos deben resolverse en el ámbito provincial”.

Los tres establecimientos donde se detectaron los casos son “El Luchador”, de Sergio Taffarel, en Entre Ríos; y las cabañas santafesinas Dorper Santa Fe, de Andrés Lebus, y El Tacurú, de Luciano Toldo. Taffarel habló con LA NACION y fue crítico con el accionar del Senasa. Es criador de las razas Dorper, Santa Inés y Hampshire Down.

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Según fuentes de la actividad, dos de los animales afectados habían sido importados desde Paraguay en 2021 y 2022. En ese contexto, recordaron que “es obligación del productor remitir la cabeza del ejemplar importado al organismo sanitario una vez que muere para realizar el análisis correspondiente”.

Sin embargo, indicaron que las cabezas de los animales muertos en 2025 que fueran remitidas de manera inmediata, no fueron analizadas en ese momento, sino que “lo hicieron recién a fin de año por un tema de costos”, lo que retrasó la detección de la enfermedad.

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El protocolo vigente establece que, cuando se importa un animal, el productor firma una responsabilidad para su seguimiento sanitario. “Cada seis meses el funcionario viene al campo para observar el animal importado, pero si el ejemplar muere, es el productor quien debe mandar la cabeza del animal”, explicaron.

En ese sentido, señalaron que el deber del Senasa es analizar el cerebro de los animales para determinar la presencia de scrapie, pero advirtieron que la decisión de esperar a reunir más muestras para optimizar el uso de los reactivos provocó demoras en los estudios, dejando las cabezas almacenadas durante largos períodos sin ser examinadas. “Eso fue lo que pasó”. Para los actores del sector, la situación refleja fallas en el sistema de control. “Ningunearon la enfermedad, teniendo el estatus sanitario de Brasil con scrapie en la frontera”, enfatizaron. Como se dijo, la importación fue en rigor desde Paraguay.

Cuestionaron que los tres establecimientos afectados fueron interdictados en un contexto donde ya se modificó el estatus sanitario del país. Mientras tanto, crece la preocupación entre los productores, que expresaron su solidaridad con los criadores involucrados.

En paralelo, también surgieron tensiones dentro del propio sector. “Salvo un cabañero que intenta aprovechar esta situación para promocionar su plantel con genética que supuestamente tendría resistencia (ARR) a la enfermedad. Hacer leña del árbol caído en este contexto es una verdadera vergüenza”, advirtieron.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de llevar tranquilidad al consumo. “Debemos hacer una movida para concientizar de que el animal que tiene la enfermedad es apto para consumo humano”, remarcaron. Además, anticiparon gestiones institucionales: “Vamos a pedir una reunión con el Gobierno”.

El problema, según advirtieron, no se limita a los establecimientos afectados. “No es un problema de solo estas tres cabañas, en la Patagonia han comprado genética en una de estas cabañas implicadas. Esto podría impactar en el mercado de manera negativa y resentir los valores no solo de la raza Dorper sino de las otras razas”, alertaron.

En el plano sanitario, también surgieron reflexiones sobre la detección temprana: “El estatus sanitario de un país depende de la sinceridad de la población. Un veterinario nos mencionó que productores llamaban y decían que tenían animales que se rascaban, uno de los primeros síntomas de la enfermedad”. A ese signo se suman manifestaciones neurológicas. “El animal es como que está echado, al rato se para, sale corriendo 10 metros, se tira al piso, y le temblequea la cabeza”, describieron.

En este contexto, también se puso el foco en el ingreso de genética. “Hubo una fuerte importación desde Paraguay de la raza Dorper, que alcanzó un pico en 2022, con más de 1000 animales ingresados de manera legal”, señalaron, y estimaron que con fronteras laxas “por vías informales podrían haber entrado al menos otros 2000 ejemplares”.

En este contexto, Taffarel expresó su malestar por la situación y por el mal manejo de las autoridades nacionales. “Hoy, nosotros somos culpables de una ineficiencia de Senasa que se durmió en los laureles y dijo que éramos libres; libres hasta que te explota una bomba en las manos”, afirmó.

El productor relató que cumplió con todos los protocolos: “Fueron unas cuatro importaciones de Paraguay, realizadas con todos los protocolos y todos los análisis correspondientes, fue todo legalmente autorizado por Senasa”.

También explicó que actuó conforme a las exigencias sanitarias: “Mandamos los cerebros de todo animal importado que muere al laboratorio de Senasa”. Sin embargo, las consecuencias fueron severas. “Mi cabaña está interdictada. El Senasa ayer me notificó que estoy bloqueado durante dos años como mínimo. Recién analizó las muestras en diciembre y a mí me avisaron en febrero de este año. Me cerraron toda la cabaña y estoy imposibilitado de vender animales. No voy a subsistir durante dos años, me fundo”, dijo. Taffarel también apuntó a falencias en los controles sanitarios: “Si se hubiera cuidado la frontera, no estaríamos pasando esto”.

Repercusiones en la Patagonia

La preocupación se extiende con fuerza a la Patagonia, una región altamente dependiente del negocio ovino. Allí, el productor y director del distrito 14 (Santa Cruz y Tierra del Fuego) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcelo Díaz, advirtió sobre posibles consecuencias comerciales. “Si llega a salir una medida de que no podemos exportar, nos matan porque tenemos las cámaras de los frigoríficos llenas”, alertó.

En esa misma línea, Díaz remarcó la relevancia estratégica de la industria frigorífica ovina en la región. “Hay tres frigoríficos de ovinos habilitados para la Comunidad Europea que pueden exportar a cualquier lugar del mundo”, señaló. Sobre el impacto económico, fue categórico: “En la Patagonia se faenan en los tres frigoríficos más o menos unos 300.000 lanares, y se exporta de eso el 70%, mientras que el animal adulto se exporta el 98%”, detalló, y agregó que “es un ingreso clave de divisas para el sector, porque prácticamente toda la producción depende del mercado externo”.

En paralelo, el dirigente indicó que por estas horas el sector busca definiciones oficiales. “Hay una reunión de la Cámara de Frigoríficos de la Patagonia con el Senasa. Ya el viernes se empezó a hablar con Agricultura para ver qué medida van a tomar y cómo sigue esto”, explicó. A la espera de esa instancia, el clima es de máxima cautela. “Necesitamos certezas. No nos pueden involucrar en una medida cuando siempre fuimos independientes”, advirtió, al tiempo que insistió en la necesidad de preservar el estatus sanitario diferencial de la región.

“Debemos seguir respetando que la Patagonia era libre del resto del país”, expresó. También describió la dependencia estructural del sector: “Vivimos del ovino que exporta lana y carne”. Frente a la incertidumbre, el clima es de cautela. “Estamos todos cruzando los dedos a ver qué es lo que va a pasar”, expresó Díaz.

Mientras tanto, continúan las gestiones entre el sector privado y las autoridades para definir los pasos a seguir, en un contexto donde la aparición del scrapie abrió un frente sanitario inesperado y de alto impacto para toda la cadena ovina argentina. LA NACION intentó tener una opinión de funcionarios del Senasa, pero aún no obtuvo respuesta.

El cambio central pasa por la aplicación de un tratamiento impositivo diferencial sobre la energía para riego, que en la práctica reduce el IVA y baja uno de los principales costos operativos de estos sistemas. A esto se suma el RIMI, que incorpora beneficios fiscales para inversiones productivas y alcanza de manera directa a tecnologías clave para el agro, como los equipos de riego.

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“Es una buena noticia para el sector”, dijo Martín Pasman, presidente en la Argentina de Valley, empresa de pivotes de riego, y productor agropecuario. Según detalló, en Río Negro ya comenzaron a ver el impacto en las boletas de luz: “Nos llegaron con 10,5% de IVA en lugar de 27%; el impacto es muy fuerte”.

Pasman, que maneja unas 3000 hectáreas bajo riego y opera cerca de 90 equipos de pivote central, señaló que la reducción se da sobre uno de los principales costos de estos sistemas. “El cambio es muy significativo porque antes la energía estaba gravada con una alícuota mucho más alta”, remarcó.

El esquema alcanza a distintos tipos de tecnología. Según explicó, el beneficio aplica tanto a riego por pivote central como a riego por goteo y a cualquier sistema que utilice energía eléctrica para su funcionamiento.

En paralelo a esta reducción en los costos operativos, la reglamentación del RIMI, conocida hoy, introdujo cambios en la estructura de las inversiones. El régimen fue creado para incentivar inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas y estableció un marco de beneficios fiscales por un período determinado. Entre los principales incentivos se encuentra la posibilidad de aplicar amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias. Esto permite que las inversiones puedan computarse como gasto en plazos más cortos que los habituales, lo que modifica el flujo de fondos de los proyectos.

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A su vez, el régimen contempla la devolución del IVA vinculado a la inversión. Según explicó Pasman, este es un punto relevante para el sector: “Va a impulsar la inversión, principalmente por la amortización anticipada y porque ahora el IVA se puede recuperar”. Y agregó: “Antes ese IVA no se recuperaba y terminaba formando parte del costo del proyecto”.

El caso del RIMI

El RIMI está dirigido a empresas que encuadren como micro, pequeñas o medianas, y fija condiciones para acceder a los beneficios. Entre ellas se establecen montos mínimos de inversión acumulada: US$150.000 para microempresas; US$600.000 para pequeñas; US$3.500.000 para medianas tramo 1 y US$9.000.000 para medianas tramo 2.

El régimen contempla de manera específica ciertas inversiones productivas, entre ellas los sistemas y equipos de riego agrícola, las mallas antigranizo y los animales reproductores de genética superior. En estos casos, según explicó Pasman, no se exige cumplir con los montos mínimos generales.

Además, el régimen incluye otras inversiones productivas como bienes de capital nuevos, tecnología, obras vinculadas a la actividad —siempre que no superen determinado grado de avance— y proyectos orientados a la generación o uso eficiente de energía.

En ese marco, el productor también señaló que el nuevo esquema cambia la forma en que se estructura un proyecto de riego. “En los proyectos de riego, el IVA de la inversión no se recuperaba y el de la energía se incorporaba como un costo más. Ahora eso cambia”, indicó.

En cuanto al punto de partida, la superficie bajo riego en la Argentina se ubica en torno a los 2,1 millones de hectáreas, lo que representa entre el 5% y el 6% del área cultivada. De ese total, alrededor del 65% se abastece con aguas superficiales —principalmente ríos y canales—, mientras que el resto proviene de fuentes subterráneas.

El sistema predominante sigue siendo el riego gravitacional, especialmente en economías regionales como la vitivinicultura y la fruticultura en Cuyo y el norte patagónico. No obstante, en los últimos años se expandieron los sistemas presurizados, como el pivote central y el riego por goteo, asociados a un uso más eficiente del agua.

Según datos mencionados por Pasman, en los últimos años se venían incorporando alrededor de 35.000 hectáreas anuales bajo riego. “Con estas medidas esperamos que ese ritmo se duplique o incluso se triplique”, señaló.

Distintos relevamientos indican que el potencial de crecimiento es mayor: la superficie irrigada podría expandirse hasta entre 8 y 10 millones de hectáreas en el mediano plazo.

Impacto

Daniel Bartolucci, productor de semillas de soja, maíz y trigo con riego, contó que en su caso tenían proyectos concretos en marcha —algunos en la provincia de Catamarca—, pero condicionados a la reglamentación del régimen. Entre ellos, mencionó la ampliación de una planta procesadora de semillas, con el objetivo de duplicar su capacidad, y la incorporación de energía solar para abastecer tanto los sistemas de riego como distintas etapas del proceso productivo, desde la preparación de granos hasta la conservación.

Además, avanza con la instalación de paneles solares en los equipos de riego y en otras áreas operativas, así como en la construcción de cámaras de frío para el almacenamiento de semillas, también alimentadas con energía renovable. “Son proyectos que ya estaban definidos, pero que estábamos esperando la reglamentación del RIMI para avanzar”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el cambio en el esquema —con la posibilidad de recuperar el IVA y aplicar la amortización acelerada— es lo que termina de destrabar las inversiones y “permite pasar de la planificación a la ejecución”.

Según esta entidad, una mejora en los precios internacionales y un mayor volumen proyectado para exportación hacen que la liquidación de divisas proyectada sea mayor. A modo de ejemplo, la BCR viene de ampliar en cinco millones de toneladas, a 67 millones de toneladas, su previsión para la cosecha de maíz, lo que dejará más mercadería disponible para exportar.

En marzo pasado, la Bolsa rosarina había calculado una cosecha total de los diferentes granos de 160 millones de toneladas y que eso iba a generar 34.530 millones de dólares. La semana pasada, la entidad recalculó la cosecha de maíz al volumen mencionado de 67 millones de toneladas.

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“Esta mayor oferta se traduce en un aumento en la proyección de exportaciones del cereal a 43 millones de toneladas para la campaña, versus 41 millones hace un mes, un aumento en el uso forrajero (+0,7 millones de toneladas) y un incremento en los stocks finales de la campaña (+2,3 millones de toneladas)”, dijo.

Según la entidad, los 43 millones de toneladas de exportaciones de maíz “representarían un récord para el país”. Alertó que ese número, no obstante, “puede sufrir ajustes en los próximos meses de acuerdo a cómo se acomode la oferta en los otros dos grandes países exportadores (EE.UU. y Brasil) hacia la segunda mitad del ciclo argentino 2025/26″.

Para la BCR, las mayores exportaciones de maíz, un buen ritmo de ventas al exterior de semillas de girasol y precios “levemente mayores a los vigentes hace un mes producto del conflicto bélico en Medio Oriente”, llevan a que la estimación de liquidación de divisas salte a US$35.375 millones para 2026, un incremento de casi US$1000 millones respecto de marzo.

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En tanto, de acuerdo con el reporte, en el primer trimestre del año el sector liquidó US$5735 millones, inferior a los US$6200 del primer trimestre de 2025. “Una de las explicaciones de esto se encuentra en el programa de eliminación temporaria de retenciones vigente durante septiembre 2025, que dejó como saldo un adelantamiento en el volumen de dólares ingresado durante ese mes y el impacto de un menor ingreso en los meses subsiguientes”, explicó.

Según la previsión de la BCR, hacia adelante la liquidación de divisas del agro se normalizará. En esta línea, dijo la entidad, se espera que el flujo de divisas del agro “se incremente notoriamente a partir de abril, manteniéndose por encima del promedio del último lustro para todos los meses que restan del 2026″.

Añadió: “Entre abril y diciembre se estima que la liquidación de divisas acumule US$29.600 millones: US$16.500 millones de soja y derivados, US$7500 millones de maíz, US$2200 millones del complejo trigo, US$2400 millones del complejo girasol, US$500 millones del complejo cebada, US$300 millones de sorgo y US$600 en otros cereales y oleaginosas”.

En tanto, el trabajo indicó que la diferencia entre el monto de dólares ingresado al MLC y las exportaciones devengadas informadas por el Indec se encuentran prácticamente equilibradas.

Explicó que desde mayo 2025 el saldo a favor de las exportadoras, esto es la diferencia entre los dólares ingresados al MLC y los despachos al exterior, se fue incrementando hasta llegar a un máximo de US$ 7700 millones en septiembre, mes de vigencia del mencionado programa de eliminación temporaria de DEX. “A partir de allí, ese saldo a favor fue retrocediendo y la estimación de marzo marca un equilibrio, lo que hace suponer que las exportadoras ya agotaron los dólares ingresados bajo el programa [de suspensión de las retenciones]”, dijo.

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El remate fue organizado junto a la Sociedad Rural de Bariloche y la firma consignataria Otermin–Massini, que aportó su estructura operativa, logística y red de compradores.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo rionegrino, Carlos Banacloy, destacó que se trató de una jornada “histórica”, que es “el resultado de un trabajo que se viene impulsando junto al sector, con el objetivo de acercar herramientas concretas de comercialización y mejorar las condiciones para nuestros productores”.

También recordó que la ganadería como la que se conoce hoy es una actividad relativamente nueva en esta provincia, que se desarrolló a partir de la llegada de la barrera sanitaria. “Hasta hace pocos años no había cabañas, no había genética, no había toros, ni remates, ni consignatarias ni engordes a corral, ni pasto en Río Negro. Había un desarrollo mínimo, hoy el crecimiento de la ganadería permite otras oportunidades”, agregó el funcionario.

En ese sentido, una de las claves de este primer remate en Bariloche es la mejora en las ventas: “Es muy difícil para un productor chico concretar la logística de vender cinco o diez animales. En este caso, la consignataria armó los lotes y en ellos se van jaulas completas. Dentro de los corrales, un mismo comprador compró nueve, quince: conforma lotes y paga mucho mejor”, explicó Banacloy.

Y sumó: “Si ese comprador comprara diez animales en tu campo, te va a cobrar el flete y te lo va a descontar, incluso de forma más marcada si tiene que llevar los animales a engordar a otro lugar, que es algo que en esta zona de la provincia no se hace. Además, eventos de este tipo no se hacían hasta ahora en Bariloche y alrededores porque no es fácil juntar los animales para un remate en invernada. Es un trabajo tedioso, lleva mucho tiempo y hay que confiar en las consignatarias. Entonces, esto marca una evolución”.

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Tal como explicaron desde el gobierno rionegrino, los resultados reflejan un avance concreto en la formación de precios y en la posibilidad de comercializar en condiciones más competitivas, con lotes livianos que superaron los $8500 por kilo y un mercado que respondió con interés en todas las categorías.

“Los resultados del remate muestran que cuando se generan condiciones adecuadas, la producción responde y se logran mejores precios para los productores. Esto no es solo una venta, es una herramienta que permite ordenar la comercialización, transparentar el mercado y dar previsibilidad en una región donde históricamente estos mecanismos no estaban disponibles”, señaló Banacloy.

Río Negro –principal productora de carne bovina en la Patagonia– cuenta hoy con 25 cabañas activas y consolidó un esquema de ciclo completo que integra cría, recría y terminación dentro del territorio. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo destacan la articulación entre producción de maíz, pasturas y engorde a corral, que permitió que cada vez más animales se finalicen en la provincia, evitando que salgan para su terminación en otros distritos. Ese proceso de mejora se vincula con la expansión agrícola: 22.800 hectáreas de maíz y más de 10.000 hectáreas bajo riego por pívot fortalecen la base forrajera que sostiene el crecimiento ganadero.

A partir de ahora, la Región Andina –Bariloche y alrededores– buscará replicar lo que ya ocurre en otras zonas de la provincia, donde hay uno o dos remates de hacienda por mes. Según consideraron desde el gobierno provincial, la convocatoria y el volumen de animales comercializados en esta primera experiencia dan cuenta de “una ganadería activa, en crecimiento, que demanda infraestructura, organización y acompañamiento”.

A punto de cumplir 54 años, la contratista repasa su historia con la serenidad de quien aprendió a construir su vida sobre la tierra. “Mis padres son pequeños productores, tienen una chacra donde tienen animales, algunos terneros, algunas vacas y estoy acostumbrada a esa vida rural desde mi niñez”, relata.

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Su vínculo con el campo es profundo y está marcado por valores que, dice, la acompañan desde siempre. “Toda la vida rodeada de ellos y toda la vida rodeada de esos valores del campo, son raíces muy profundas las que nos enlazan y llevan a estar tan arraigados con el suelo”, afirma.

Para Galli, la identidad rural no es solo un trabajo sino una forma de vivir. “Siempre digo que, entre el cielo y la tierra, mi lugar ideal es el campo. Por eso lo defiendo y trato de mostrar lo que hago, de lo que hacemos en realidad, porque es algo maravilloso”, agrega.

Hoy vive en el pueblo donde nació, a unos 15 kilómetros del establecimiento familiar. Sin embargo, su rutina sigue ligada al campo. Los recuerdos de la infancia aparecen ligados a la escuela y a los sacrificios familiares. “La infancia fue en el campo. Recuerdo cuando todos los días me llevaban a la escuela en la rastrojera que teníamos en aquel momento”, rememora. Más tarde, debió mudarse con sus abuelos para continuar sus estudios secundarios.

También recuerda la ausencia de su padre, que recorría largas distancias como contratista. “A mi padre lo eché de menos muchas veces porque viajaba mucho al norte de la provincia a cosechar. Meses sin verlo”, dice.

Tras finalizar el secundario, su vida tomó otro rumbo. “La idea era estudiar, pero quedé embarazada de mi hijo mayor, de Jonathan, que es el encargado hoy de la cosecha”, cuenta. A partir de entonces comenzó a construir su camino entre la familia y el trabajo.

Con el tiempo logró continuar su formación. “Seguí trabajando, estudié y soy profesora de computación e inglés, así que me dediqué un tiempo a la docencia”, explica. Sin embargo, reconoce que su destino estaba marcado por la actividad rural.

El regreso definitivo al campo llegó años después, cuando decidió asumir responsabilidades junto a su hermano. “Cuando mi papá ya estaba grande decidimos con mi hermano quedarnos con las maquinarias de mi padre y se las compramos: mi hermano con la parte de cosecha y yo con la parte de siembra”, relata.

Ese proceso se consolidó en 2016, cuando comenzó a involucrarse plenamente en la actividad. Dos años más tarde, dejó su trabajo docente. “En 2018 renuncié a los cargos que tenía como docente y me dediqué a full, 100% a andar arriba del tractor junto con mi marido”, recuerda.

La empresa familiar se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y hoy involucra a toda la familia. “Hoy hacemos siembra, disco, rolo, cosecha. La parte de cosecha la hace mi hijo Jonathan”, detalla. Su hija Nicole también participa del proyecto mientras avanza en su formación universitaria.

“Está a poco de recibirse de ingeniera agrónoma, si Dios quiere. Está estudiando en la facultad de Balcarce”, cuenta con orgullo. Para la contratista, el trabajo rural es una construcción colectiva que se transmite de generación en generación.

La rutina diaria exige organización y esfuerzo constante. “Si estoy en el campo, en la casilla Cristian sale primero en el tractor. Yo me levanto, pienso qué voy a hacer de comer, preparo el mate y me voy al tractor con él”, describe.

Cuando no está trabajando en los lotes, dedica tiempo a acompañar a sus padres. “Ahora que vivo en el pueblo, salgo muy temprano al campo de mis padres para soltar las ovejas, abrir el molino para que cargue el tanque”, explica.

Su compromiso también se extiende a la vida comunitaria. Participa activamente en instituciones locales y en organizaciones vinculadas al ámbito rural. Forma parte de la cooperadora del hospital local, integra el Centro Cultural y Biblioteca José Hernández y el Club Atlético y Social Defensores de su pueblo. En paralelo, forma parte de espacios que buscan visibilizar el rol de las mujeres en el campo en la Red de Mujeres Rurales.

Para Galli, ser mujer rural y ser contratista no son exactamente lo mismo, aunque ambas identidades se entrelazan. “Ser una mujer rural es todo: es apasionarte, cuidar el suelo, tener animales, proyectar a futuro. Y contratista es salir en tractor como andar en bicicleta en el campo”, reflexiona.

Esa relación con las máquinas comenzó desde muy chica. “Desde muy pequeña, en el Deutz 55 de mi padre, llevaba el sinfín, ya con mi papá contratista rural. Lo tengo incorporadísimo, lo llevo en la sangre”, asegura.

En Expoagro participó de la Cumbre de Contratistas, donde planteó la necesidad de mayor integración del sector. “Todos sabemos que somos un eslabón fundamental, pero nos estaba faltando la unidad, el saber que existimos”, sostiene.

El acceso al financiamiento es uno de los principales desafíos que enfrenta la actividad. “Lo digo con orgullo para que nos tengan en cuenta a la hora de dar créditos, porque cuando sos contratista sin campo, acceder es mucho más difícil”, advierte.

Aun así, destaca la capacidad de trabajo del sector. “La fábrica nuestra es a cielo abierto y depende del de arriba si trabajamos o no. Pero si me dejás hago 900, 1000, 1500 hectáreas, no tengo problema”, afirma.

Antes de finalizar, deja un mensaje dirigido a quienes se cruzan con maquinaria agrícola en las rutas. “Cuando la gente vea un contratista en la ruta que no se enoje con nosotros, que nos cuide, que nos cuesta mucho transitar en las rutas, porque las maquinarias son cada vez más anchas y las rutas son las mismas de hace 70 años. Que nos tengan un poquito de paciencia, que nosotros no vamos a la oficina en la ciudad, nuestra oficina es el campo”, concluye.

La medida surge de una resolución firmada por el fiscal adjunto Ramiro Martínez, de Villa Constitución. Allí se resolvió dejar sin efecto la figura de depositario judicial sobre el ganado, lo que destraba la situación de las 161 cabezas que estaban bajo custodia.

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Según el documento, la decisión se tomó luego de que “se acreditara en autos la titularidad del ganado vacuno oportunamente secuestrado” y de que “han cesado las razones que motivaron dicha cautela”.

En ese marco, se dejó asentado que el titular de la firma informó su intención de avanzar con la operación: “Ha informado la intención de la celebración de una operación de venta respecto de las ciento sesenta y una (161) cabezas de ganado objeto de la presente investigación, a favor del Sr. Polimanti y sus sociedades”.

El punto clave es que ese destino coincide con la operación original que hoy está bajo investigación. Según la reconstrucción del caso, la hacienda había sido comercializada el 25 de febrero pasado a través de la consignataria Aguirre Vázquez, en una operación atribuida a Coscia que terminó en el feedlot de Luis Polimanti, en Chabás.

La transacción —por 161 animales y un monto superior a $267 millones— quedó registrada en una liquidación comercial y en documentos de traslado del Senasa, aunque, según la denuncia, se habría realizado sin autorización del titular del ganado.

Sin embargo, en este nuevo escenario, la venta se hará de manera directa entre el productor y el comprador, sin la intervención de Coscia. En la resolución, el fiscal también señaló que “no advirtiéndose, en este estadio, circunstancias que impidan el ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad debidamente acreditado, corresponde autorizar la disposición de los semovientes en los términos informados”.

Hasta ahora, los animales no se podían vender libremente porque estaban bajo una medida judicial. Con esta decisión, ese freno se levanta y se puede avanzar con la operación en las condiciones informadas. Además, se ordenó dar intervención al Senasa para que registre el movimiento de hacienda.

El origen del conflicto

El caso comenzó a mediados de marzo, cuando Riboldi denunció la desaparición de 190 vacunos de un campo en Santa Teresa, en el sur de Santa Fe. La situación tomó fuerte repercusión cuando el propio productor difundió videos en los que aseguraba que los animales habían sido trasladados sin su consentimiento desde Santa Teresa.

Con el avance de la investigación, 161 de esos animales fueron encontrados en Chabás, lo que reencuadró el caso y lo llevó al terreno de una presunta maniobra irregular en la venta de la hacienda. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Constitución, que imputó a Nicolás Coscia por presunta defraudación por abuso de confianza.

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Según la hipótesis del fiscal, Coscia tenía a su cargo los animales en un acuerdo de pastaje —es decir, debía cuidarlos—, pero habría decidido venderlos sin autorización, en el marco de la relación comercial que mantenía con el productor.

Riboldi apuntó a una maniobra irregular y que los animales fueron vendidos sin su autorización.

“Acá tengo uno de los papeles más importantes que confirma que las vacas me las chorearon”, afirmó al mostrar documentación en redes sociales. Entre esos elementos mencionó la emisión de guías de traslado (DT-e) sin la documentación que acreditara la autorización correspondiente, un punto que consideró clave en su denuncia. Además, exhibió documentación comercial que registra la venta de 161 animales por más de $267 millones, una operación que, según su versión, nunca autorizó ni cobró.

Del otro lado, la defensa de Coscia rechazó esa interpretación y asegura que no hubo delito. Según esa versión, la relación entre las partes era habitual y formaba parte de un esquema de trabajo en el que el imputado se encargaba del engorde y la posterior venta de la hacienda.

En ese sentido dijeron que la comercialización de los animales era conocida por ambas partes.

Por otra parte, la consignataria Aguirre Vázquez también se refirió al caso. A través de un comunicado, la firma señaló que resultó “víctima de una maniobra” bajo investigación judicial y aseguró que se puso a disposición de las autoridades, aportando la información y documentación requerida.