Pero en la Cámara de Diputados ocurrió algo profundamente argentino. Entre las normas que se pretendía derogar apareció una ley particularmente reveladora. Una pequeña joya del privilegio antirrepublicano. Un fósil jurídico que cualquier persona sensata habría supuesto destinado inmediatamente al museo de las extravagancias institucionales. No obstante, la Cámara baja decidió conservarla cuidadosamente. Toca ahora al Senado acompañar esa lamentable decisión o, en un rapto de sano, oportuno y conveniente republicanismo, dar de baja una norma aberrante.

Esta ley, sancionada en junio de 1975, había dispuesto textualmente que “los senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios de ambas cámaras del Congreso de la Nación, tendrán derecho al uso de una credencial personal e intransferible que los habilitará para la libre circulación y el libre estacionamiento de los automotores que utilicen en todo el territorio de la República”. La frase posee una obscenidad antirrepublicana casi perfecta.

No estamos hablando aquí de inmunidades parlamentarias destinadas a proteger la libertad de expresión legislativa, ni de garantías institucionales vinculadas a la división de poderes o de mecanismos para evitar persecuciones políticas. Estamos hablando de estacionamiento, de libre circulación automovilística, de evitar multas y restricciones que sí rigen para el resto de los ciudadanos. Y, además, “en todo el territorio de la República”.

La ley parece redactada por una monarquía menor del siglo XVIII que otorga una especie de salvoconducto nobiliario a la aristocracia vial argentina.

Lo verdaderamente notable no es siquiera la existencia original del privilegio. La Argentina ha producido durante décadas incontables anomalías corporativas. Lo verdaderamente revelador es otra cosa: cuando llegó el momento de eliminar normas inútiles, los legisladores decidieron que justamente esta sobreviva. La “hojarasca” siempre parece ser la del otro. Nunca la propia. Y aquí aparece un fenómeno mucho más profundo que una simple cuestión de tránsito.

Las repúblicas no se degradan únicamente mediante grandes escándalos de corrupción como los que tenemos, golpes institucionales como los que supimos tener o catástrofes económicas monumentales en las que nos hemos especializado. También se erosionan lentamente cuando sus élites comienzan a considerarse exentas de las pequeñas incomodidades ordinarias de la vida común.

Compartir embotellamientos, multas, restricciones, estacionamiento, grúas y molestias urbanas forma parte de la igualdad democrática. Ningún diputado necesita estacionar gratis para legislar correctamente.

Los grandes privilegios suelen esconderse detrás de sofisticadas teorías jurídicas o constitucionales. Los pequeños privilegios, en cambio, sinceran crudamente la mentalidad de casta.

El razonamiento implícito parece ser el siguiente: “las leyes deben simplificarles la vida a los ciudadanos; pero a nosotros un poco más”. Y eso confirma inevitablemente otra insoportable distancia moral entre dirigentes y sociedad. Mientras cualquier ciudadano argentino paga estacionamiento, recibe multas, pierde tiempo buscando dónde dejar el auto, soporta restricciones o discute con una grúa, los representantes del pueblo poseen una credencial cuasi aristocrática que los libera de esas incomodidades. Simplemente porque pertenecen a una categoría superior.

La escena resulta todavía más incómoda cuando se recuerda el clima general de austeridad discursiva que domina actualmente la política argentina. Se nos habla constantemente de sacrificios, esfuerzo, eficiencia, modernización, racionalización del gasto y de igualdad ante la ley. Todo muy razonable, Excepto, aparentemente, para el estacionamiento parlamentario.

Hay algo involuntariamente cómico en todo esto: la Cámara de Diputados elimina solemnemente normas inútiles mientras preserva cuidadosamente el derecho corporativo de sus miembros, supuestos servidores públicos, a estacionar gratis en cualquier lugar del país.

Discépolo probablemente habría considerado el episodio demasiado exagerado para resultar verosímil.

Pero quizá lo más preocupante sea otra cosa. Las democracias modernas no suelen morir solo por grandes tragedias institucionales. A veces comienzan a deteriorarse cuando sus dirigentes dejan gradualmente de sentirse ciudadanos comunes. Y una dirigencia patética que no es capaz de renunciar ni siquiera a sus privilegios de estacionamiento difícilmente logrará convencer a la sociedad de la necesidad de sacrificios colectivos.

Sería saludable que el Senado decidiera demostrar al pueblo de la Nación que la llamada “ley hojarasca” no fue concebida simplemente para eliminar privilegios ajenos preservando los propios.

La Cámara alta tiene ahora la oportunidad de evitar que la “ley hojarasca” termine convertida en una extraordinaria metáfora de la cultura política argentina: reformar todo, salvo a uno mismo. Esperemos que se ponga a la altura de las circunstancias y deje de lado la triste mezquindad acomodaticia de la mayoría de los diputados.

Una de sus ramas es la exportación de servicios del conocimiento, el conjunto de los que brindan profesionales como contadores, administrativos, diseñadores e ingenieros, entre otros, y los destinados a tecnología, que cientos de miles de argentinos prestan desde empresas de todo tamaño y procedencia -o aun como freelancers- desde cualquier punto del país.

Estos servicios contribuyeron a la balanza comercial con casi 10.000 millones de dólares en 2025, lo que implicó un incremento interanual de 8,1%, el valor más alto registrado hasta la fecha, según datos Indec.

Conforme información de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento de la cartera económica, ese indicador “refleja que la Economía del Conocimiento representa más de la mitad de los servicios que la Argentina exporta al mundo, con una participación del 53% sobre el total de ventas externas” y que “con este desempeño, el sector se consolida como el tercer complejo exportador del país, detrás del oleaginoso-cerealero y del petrolero-petroquímico, y como una fuente clave de generación de divisas. Tal fue el nivel de desarrollo y ocupación alcanzado que superó los 285.000 puestos formales, lo que representó la creación de 9000 empleos respecto de 2024 y 17.000 con relación a 2023.

Es dable destacar, además, que la remuneración promedio del sector se ubicó por encima de las del resto de la economía, lo cual importa un diferencial asociado a la alta demanda de talento y al grado de especialización requerido. En este sentido, las fuentes oficiales resaltan que el 80% de la fuerza laboral posee estudios universitarios, lo que posiciona al sector entre las actividades con mayor calificación y como un motor clave de empleo de calidad.

Por su parte, Argencon, la primera entidad del país que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento, realizó entre el 5 de enero y el 20 de febrero pasados su Encuesta de Perspectivas 2026. Entre los principales datos obtenidos figuran que de 52 empresas referentes de la Economía del Conocimiento consultadas, el 40% pertenece al sector de Tecnología de la Información, el 33,3% a Servicios Profesionales, el 7,4% a Audiovisuales, 4,4% EdTech, 2,2% Biotecnología y el 10% restante a otras tecnologías. El 50% de las empresas encuestadas cuenta con más de 500 empleados y el 42% exporta más del 50% de su facturación total.

El informe también revela que el 82,5% de las empresas coincidieron en que la gestión del Gobierno promovió mejoras para la resolución de los problemas del sector, al tiempo que evaluaron como buena la previsibilidad para el desarrollo de sus negocios en nuestro país. Como sus mayores preocupaciones, señalaron las condiciones de competitividad, tomando en cuenta el costo salarial argentino comparado con el de otros países, el comportamiento de la inflación, el tipo de cambio y la inestabilidad normativa y regulatoria.

Cabe destacar que, si bien este desempeño del sector del conocimiento confirma una tendencia de crecimiento sostenido, se da en un contexto internacional menos favorable, en el cual las importaciones de estos servicios por parte de algunos de los principales mercados se desaceleraron en 2025 respecto de 2024 y crecieron por debajo del promedio mundial. En este contexto, el intercambio con los Estados Unidos (principal destino de las exportaciones) continuó en aumento cuando, hacia el cierre del año pasado, se registraron caídas en el comercio con otros socios relevantes, especialmente de América Latina y Europa.

El sector proyecta para este año una mayor expansión, aunque bajo una creciente presión competitiva marcada, además, por la Inteligencia Artificial (IA).

El mundo está rearmando sus cadenas de valor buscando proveedores confiables y la adopción de la IA está generando saltos de productividad inéditos.

La macroeconomía ordenada es condición necesaria, pero no suficiente. La agenda debe poner el foco en posicionarse en la implementación y el desarrollo de la IA, generando talento argentino en este campo para ofrecer al mundo y mejorar las condiciones de costos para poder competir de igual a igual.