La experiencia latinoamericana demuestra hasta qué punto ambas están vinculadas. Los gobiernos autoritarios saben que para ejercer el poder sin límites necesitan controlar, intimidar o desacreditar a los jueces. Pero las democracias tampoco están inmunizadas contra ese peligro.

Ugaz advierte sobre dos viejos fenómenos igualmente perniciosos: la judicialización de la política y la politización de la Justicia. Cuando los conflictos que deberían resolverse mediante las instituciones políticas se trasladan sistemáticamente a los tribunales, o cuando estos son utilizados para favorecer o perseguir intereses políticos, comienza a borrarse una frontera esencial para el Estado de Derecho.

Lamentablemente, la Argentina conoce demasiado bien ese problema. Las decisiones judiciales suelen ser juzgadas según favorezcan o perjudiquen a quienes circunstancialmente ocupan el poder o la oposición. Un mismo magistrado puede ser presentado alternativamente como héroe de la República o instrumento de una conspiración, según el contenido de su última sentencia. Muchas veces los tiempos y plazos de la Justicia se adaptan a las necesidades de los políticos de turno… o a los intereses de “los amigos del juez”. El Viejo Vizcacha algo sabía de todo esto.

Ese deterioro tiene consecuencias. Una sociedad que deja de creer que los jueces deciden conforme al derecho y la ley termina también dejando de creer en la igualdad ante la ley. Y cuando la Justicia pierde credibilidad, no es solamente un poder del Estado el que se debilita. Se debilita la democracia.

Por eso la independencia judicial no es un privilegio de los jueces ni una cuestión reservada a los abogados. Es una garantía de los ciudadanos. Defenderla exige impedir las presiones del poder político, pero también reclamar a los propios magistrados independencia, imparcialidad, decoro, transparencia y responsabilidad.

Una democracia no puede ser mejor que la justicia que está en condiciones de ofrecer a sus ciudadanos.

Y allí están quienes, una y otra vez, bambolean un tronco para intentar derrumbar el templo que guarda, como en caja de cristal, el nervio vital del programa en curso: el equilibrio fiscal. Saben que si logran su cometido y quiebran la confianza, el vendaval de pesos buscando protección en el dólar podría llevarse puesto al gobierno como en 2001. Y luego, veremos. Siempre habrá un Eduardo Duhalde para recoger pedazos y zurcir otro remiendo peronista pues “todos unidos triunfaremos”.

El déficit cero es el bastión de la estabilización del Gobierno, ya que, sin moneda, es la única forma de intentar brindar certidumbre a los locales para que coloquen sus pesos a plazo fijo sin temor a otra devaluación y a los extranjeros para que concreten sus inversiones. Como ello requiere limitar los gastos a las resultas de los ingresos, por definición “deja afuera” muchas demandas sociales insatisfechas pues la economía argentina no creció per cápita desde 2011 hasta 2023.

Recordemos que, durante el kirchnerismo, tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández, su lenguaraz, predicaban con picardía que durante sus gestiones no dejarían a ningún argentino afuera. Eso sí, engañaron a los más pobres con boletos sin valor para viajar a la miseria mientras otros volaban a Calafate con grandes bolsos de sobreprecios.

Cada sector quejoso refleja alguna de las necesidades que sufre cualquier sociedad humana. Y cada uno expresa razones tan genuinas y conmovedoras que, en manos de la política, pueden convertirse en arietes para derribar los portales de la citadela, custodia de la estabilidad. Todas demandan gastos que presionan sobre el presupuesto. Algunas, mayores partidas para satisfacerlas. Otras, nuevos organismos para garantizar su satisfacción. Y las más, precisan de ambas cosas. Discapacidad, viviendas, educación, madres, niños y ancianos. Cloacas y agua potable. Remedios y tratamientos. Transporte y seguridad. Tarifas y alquileres, entre tantas otras.

Y cualquiera de ellas, magnificada de forma individual, puede provocar una catástrofe a un gobierno: una silla de ruedas, un niño con discapacidad, un joven discriminado, una familia en un zaguán. En España, el caso de Maricarmen Abascal, la jubilada que acaba de fallecer a los 87 años tras ser desalojada de su piso alquilado, provocó un tembladeral tal, que puso a Pedro Sánchez contra las cuerdas. La explicación de un economista señalando que un caso individual no puede desdecir los números de la macro (“dato mata relato”) no basta para convencer a una opinión pública que no decide con la razón sino con la emoción. De allí la importancia de saber comunicar, pues el mejor programa puede fracasar si se carece de ductilidad para generar consensos. Ese es el rol de la buena política: hacer viables las medidas necesarias y no acomodarse a los relatos oportunistas.

Cada reclamo que conmueva un sentimiento popular abre una oportunidad para el topetazo del carnero, siempre listo para aprovecharse de grupos que invoquen buenas razones para protestar. Pero el equilibrio fiscal es como un colectivo lleno: no habrá más lugar hasta que la economía se reactive y los ingresos aumenten. Solo entonces se podrán admitir más pasajeros al ómnibus de la gratuidad, aunque cornee el carnero.

Ahora la oposición en la Cámara de Diputados pretende rechazar el decreto de necesidad y urgencia No.70/23, que ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024. Tras más de dos años y medio sin tratamiento, será considerado el próximo jueves 15, luego de que la Corte Suprema de Justicia restableciera su artículo 154, referido a la venta de tierras a extranjeros, aunque poco después volviera a suspenderlo. Obviamente, sería un golpe bajo a la gestión oficial y una mancha más en nuestro prontuario de nación impredecible.

En la Argentina muchas veces se interrumpieron intervalos lúcidos con golpes de ariete que demolieron la confianza. En 1964, Arturo Illia anuló los contratos petroleros y dispuso la primera pesificación de ahorros en bancos. En 1973, Héctor Cámpora nacionalizó los depósitos e impulsó el Pacto Social que llevó al “Rodrigazo” de 1975. Domingo Cavallo estatizó la deuda privada en 1982 y Raúl Alfonsín adoptó el Plan Austral con desagio y default unilateral en 1985. Luego dispuso la emergencia previsional y de los contratos de obras públicas (1986). Al año siguiente impuso el “ahorro forzoso”, que no pudo detener la hiperinflación de 1989. Carlos Menem canjeó depósitos por bonos (Plan Bonex, 1989) y declaró otra emergencia económica. A pesar del “blindaje” del FMI (2000), Fernando de la Rúa aplicó el “corralito” en 2001. Sus sucesores aplaudieron de pie en el Congreso de la Nación el default, el abandono de la convertibilidad y la pesificación asimétrica.

A partir de 2003, el kirchnerismo realizó un raid de demolición institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares. Se cortó el suministro de gas a Chile (2004), se estatizaron empresas privatizadas y se incautaron los fondos de las AFJP (2008) mientras se vació el Fondo de Garantía. Se expropió YPF sin cumplir con su estatuto (2012); se entró en el octavo “default” (2014), se reestructuró mal la deuda pública (2020) y se falsearon los índices de crecimiento (Indec) para no pagar deudas. Mediante subsidios se pretendió que el transporte y la energía se alinearan con salarios devaluados, paralizando inversiones. Y con planes sociales se intentó tapar el verdadero desempleo. Para esconder la inflación se controlaron precios, tarifas, peajes, alquileres, internet, telefonía celular y prepagas, además de prohibirse exportaciones. Se destruyó la moneda y se vaciaron los activos bancarios con papeles del Estado. El cepo cambiario dejó al país sin reservas, con daño a la producción rural e industrial. Limpiar ese pesado prontuario es el objeto del “déficit cero”.

Los diputados que intentan anular el DNU 70/23 tienen memoria y conocen esa nómina de desaguisados que aún pesa sobre nuestro riesgo país. Saben bien que no solo está en juego la ley de tierras, sino la principal norma dictada por el presidente Javier Milei para dar sustento a su gestión y, por tanto, la confianza acerca de la perdurabilidad de los cambios en curso, incluyendo el equilibrio fiscal y la menor inflación. El éxito de una maniobra semejante pondría en peligro el primer esfuerzo serio de estabilizar el país, de forma estructural, en 80 años. Aunque quizás esa sea su intención para volver a medrar con el SIRA, los seguros y los sobreprecios, tras la neblina del desorden colectivo.