Esto debería resultar una obviedad -en particular para aquellos que son abogados o que integran el Poder Judicial o, incluso, el Ministerio Público-, pero parece que no es tan obvio cuando vemos lo que ocurre en algunas investigaciones a lo largo y a lo ancho del país. En particular, aquellas en las que algún poderoso personaje aparece como acusado.

Basta con observar el devenir de la investigación que tiene a Martín Insaurralde y a su exesposa Jésica Cirio entre los protagonistas. La pesquisa no avanza, el juez federal Luis Armella muestra escaso o nulo interés por impartir justicia y el fiscal federal Sergio Mola acumula reproches porque intenta hacer su trabajo. Es decir, la función por la que todos nosotros les pagamos un salario con nuestros impuestos.

Mientras el fiscal Mola insiste, correctamente, desde hace meses en promover medidas de prueba, ampliar la investigación y avanzar sobre aspectos patrimoniales del expediente, el juez Armella ha rechazado o demorado varias de esas iniciativas

La división de funciones entre jueces y fiscales no es un tecnicismo jurídico: constituye uno de los pilares sobre los que descansa el funcionamiento del sistema penal y, en última instancia, la confianza de la sociedad en la administración de justicia. Cuando alguno de esos engranajes deja de cumplir el papel que le asigna la Constitución nacional, no solo se resiente una causa judicial. Se debilita el Estado de Derecho.

Vale la pena recordar ese principio porque, con demasiada frecuencia, las investigaciones sobre corrupción terminan naufragando entre demoras, expedientes que pierden impulso y decisiones que postergan indefinidamente la búsqueda de la verdad. En ese contexto, el rol de los fiscales adquiere una relevancia decisiva. Son ellos quienes tienen la obligación legal de investigar los delitos, reunir pruebas, promover la acción penal y actuar en representación del interés general de la sociedad, con objetividad, independencia y lealtad procesal.

No siempre esa tarea resulta sencilla. Investigar a funcionarios o exfuncionarios con poder político, económico o capacidad de influencia suele implicar resistencias de distinta naturaleza. Precisamente por eso el Ministerio Público Fiscal fue concebido como un órgano con autonomía funcional, para impulsar las investigaciones sin depender de los intereses circunstanciales del poder político ni de las conveniencias de los propios investigados.

La causa que tiene entre sus principales protagonistas a Insaurralde y a Cirio ofrece un ejemplo elocuente de esa tensión. Mientras el fiscal Mola insiste, correctamente, desde hace meses en promover medidas de prueba, ampliar la investigación y avanzar sobre distintos aspectos patrimoniales del expediente, el juez Armella ha rechazado o demorado varias de esas iniciativas, generando una diferencia de criterios que ya resulta inocultable.

El episodio más reciente ocurrió hace unos días, cuando Mola solicitó la detención de ambos ante el riesgo procesal que, según sostuvo, representaban las nuevas evidencias incorporadas al expediente, entre ellas, los videos en los que se observa a la modelo rodeada de fajos de dólares guardados en bolsas dentro de un vestidor, un hallazgo que los investigadores estiman en millones de dólares. Pero el magistrado, inexplicablemente, no compartió ese criterio. Mola, por su parte, considera que los dólares en bolsas de plástico que se vieron en los videos grabados por Cirio en un vestidor son de la pareja y se los imputará a la hora de tener que justificar sus bienes y pedir nuevamente su declaración indagatoria.

No se trata de una discrepancia aislada. Desde el año pasado, ese fiscal sostiene -junto con Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)- el pedido de indagatoria a Insaurralde, apoyado en un informe patrimonial que detectó decenas de millones de pesos en gastos sin justificar, solo por viajes al exterior. Esa solicitud tampoco prosperó. Más tarde, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) impulsó profundizar la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el respaldo institucional a esa estrategia también se debilitó tras el desplazamiento de uno de sus principales funcionarios.

El transcurso de los días, los meses y los años deteriora las pruebas, facilita maniobras defensivas, dificulta reconstruir los hechos y termina afectando la confianza ciudadana en la capacidad del sistema judicial para llegar a la verdad

A esa serie de diferencias se suma ahora la decisión de excluir a Carolina Álvarez, segunda esposa de Insaurralde, del peritaje contable destinado a determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir el terreno sobre el que luego se construyó la casa de San Vicente. Mientras el juez entiende que Álvarez no se encuentra imputada, Mola y la asociación Poder Ciudadano sostienen con buen criterio que la investigación la considera una presunta testaferro y que su exclusión compromete el alcance del peritaje. Y otro buen fiscal involucrado en el expediente, Diego Iglesias, fue todavía más explícito al señalar que resulta difícil comprender esa decisión después de que el propio juzgado hubiera dispuesto medidas cautelares sobre su patrimonio. Así las cosas, será la Cámara Federal de La Plata la que deba resolver esa controversia.

Mientras tanto, pasa el tiempo y medidas básicas de investigación llegan con una demora difícil de explicar cuando las investigaciones por corrupción exigen rapidez. El transcurso de los días, los meses y los años deteriora las pruebas, facilita maniobras defensivas, dificulta reconstruir los hechos y termina afectando la confianza ciudadana en la capacidad del sistema judicial para llegar a la verdad. Por eso el impulso de los fiscales no constituye un detalle procesal, sino una condición indispensable para que las causas avancen. Que luego los jueces compartan o no sus planteos forma parte del funcionamiento normal del sistema acusatorio. Lo preocupante aparece cuando las diferencias terminan traduciéndose en expedientes que pierden dinamismo y generan impunidad.

La Argentina asumió, además, compromisos internacionales para investigar con eficacia los delitos de corrupción y el lavado de activos. No se trata únicamente de satisfacer estándares exigidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino de cumplir una obligación elemental frente a los ciudadanos: demostrar que las sospechas de corrupción serán investigadas con la misma intensidad, cualquiera sean sus protagonistas.

Los fiscales no están llamados a garantizar condenas, sino a investigar, impulsar las causas y procurar que los jueces cuenten con todos los elementos necesarios para decidir. Cuando cumplen esa función con independencia, merecen respaldo institucional, aun cuando sus planteos sean finalmente rechazados. Porque una democracia necesita jueces imparciales, y fiscales activos. Sin investigaciones diligentes no hay decisiones judiciales fundadas. Y, sin ambas cosas, la certeza de que todos somos iguales ante la ley se convierte en una mera declaración de principios.

Quizá debamos recordar que el fin último de los fiscales, cuando ejercen bien su función, es actuar en defensa de los intereses generales de la sociedad. Cuando perdemos de vista esa premisa, retrocedemos como comunidad y la corrupción gana la batalla.

Se trata de un retroceso institucional que debilita un derecho esencial y empobrece la calidad republicana. Participar es un derecho, no una concesión del gobernante.

El decreto 467/2026 del gobierno de Javier Milei eliminó el plazo de 15 días durante el cual ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil podían formular observaciones o impugnaciones sobre los candidatos antes de que el Poder Ejecutivo adoptara su decisión definitiva elevando los pliegos al Senado de la Nación. También dejó sin efecto la posibilidad de que el Ministerio de Justicia solicitara opiniones especializadas. El Gobierno sostiene, equivocadamente, que la participación subsiste cuando los pliegos llegan a la Cámara alta. Sin embargo, allí el postulante ya cuenta con el respaldo político del Poder Ejecutivo. La instancia previa permitía aportar información relevante, advertir incompatibilidades o señalar antecedentes controvertidos antes de que la decisión quedara políticamente consolidada.

Paralelamente, se derogaron artículos que establecían criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional para ocupar esos cargos.

La participación ciudadana no reemplaza a las autoridades elegidas por el voto. Su función es mejorar la calidad de las decisiones públicas mediante el escrutinio social y el control del poder. La Argentina cuenta con diversos mecanismos para hacerlo: la iniciativa popular, la consulta popular, las audiencias públicas, el acceso a la información pública, la elaboración participativa de normas y, en numerosos municipios, los presupuestos participativos, las consultas vecinales y los consejos asesores. Ninguno sustituye a la democracia representativa; la fortalece.

La transparencia, la lucha contra la corrupción y la protección de derechos son, en gran medida, el resultado de ciudadanos y organizaciones que investigan, denuncian y exigen respuestas cuando el Estado las demora o, en el peor de los casos, las retacea.

En ese sentido, resultan oportunas las palabras de Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano: “La participación ciudadana no es un complemento de la democracia: es parte constitutiva de ella. Y, en democracia, a nadie hay que pedirle permiso para ejercerla”.

La transparencia y la rendición de cuentas no consiste solo en publicar información cuando las decisiones ya fueron adoptadas. También exige abrir canales para que la sociedad pueda intervenir en esos procesos. Sin embargo, con frecuencia los gobiernos, invocando falazmente la eficiencia administrativa o la simplificación de procedimientos, reducen los mecanismos de control ciudadano. La historia demuestra que cambian las administraciones, pero persiste esa nefasta tentación de limitar el escrutinio público cuando resulta incómodo.

Nuestro país necesita más ciudadanos involucrados, más instituciones abiertas, más deliberación pública y mayores controles sobre quienes ejercen el poder. Reducir esos espacios no constituye un avance institucional. Muy por el contrario, se pierden oportunidades únicas para construir una democracia más transparente, responsable y sólida.

Cerrar la puerta a la ciudadanía genera un costo que no se mide económicamente, sino en pérdida de calidad de las instituciones, de derechos y de libertades.