Cuánto cayó la inmigración legal y qué miden las cifras

Según los cálculos de Bier, las vías autorizadas explican el 73% de la reducción conjunta contabilizada: una caída 2,7 veces mayor que la correspondiente al indicador de inmigración irregular. Se trata de diferencias en flujos mensuales, no del total de extranjeros que viven en Estados Unidos.

La comparación requiere una precisión: el informe reúne emisiones de visas y admisiones legales, mientras utiliza arrestos de la Patrulla Fronteriza para aproximar los movimientos irregulares.

El investigador del Cato Institute advierte que estas detenciones incluyen personas expulsadas inmediatamente, por lo que tampoco representan exclusivamente ingresos de quienes permanecieron en el país.

Además, una visa emitida y una entrada efectiva constituyen actos diferentes. El Departamento de Estado explica que el documento permite viajar a un puerto de entrada y solicitar admisión; la decisión corresponde a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP, por sus siglas en inglés).

Qué muestran los datos sobre visas familiares, estudiantiles y laborales

Las visas K, destinadas a prometidos y determinadas categorías de cónyuges de ciudadanos estadounidenses, disminuyeron un 61% entre febrero de 2024 y febrero de 2026, según Cato. Ese porcentaje corresponde a esa categoría específica y no puede extenderse a todas las visas de reunificación familiar.

Para las familias hispanas con integrantes en el extranjero, la distinción entre categorías resulta relevante. Según el Departamento de Estado, la K-1 permite que el prometido extranjero viaje para casarse con el ciudadano patrocinador dentro de los 90 días posteriores a su llegada; después puede solicitar el ajuste a residente permanente.

En el mismo período, las emisiones de visas estudiantiles cayeron un 42%, mientras que las H-1B y H-4 registraron conjuntamente un descenso del 78%, de acuerdo con Bier.

Las primeras corresponden a profesionales especializados y las segundas a familiares elegibles; el informe mide documentos expedidos, sin establecer una caída equivalente del empleo o de la matrícula universitaria.

Qué restricciones alcanzaron a solicitantes latinoamericanos

Entre las medidas examinadas figura la pausa de emisión de visas de inmigrante para nacionales de 75 países, que comenzó el 21 de enero de 2026. La lista oficial incluyó a Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, entre otros países de América Latina y el Caribe.

El Departamento de Estado indicó que podían continuar las solicitudes y entrevistas, aunque quedaba suspendida la emisión. También aclaró que esa disposición no revocaba visas de inmigrante previamente otorgadas, excluía las visas turísticas y contemplaba una excepción para personas con doble nacionalidad que utilizaran un pasaporte válido de un país ajeno a la lista.

El antecedente fronterizo completa la lectura: según Cato, los arrestos mensuales en la frontera suroeste ya habían disminuido un 81% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, antes del regreso de Trump.

El análisis documenta así una contracción de las vías legales junto con la continuidad de una tendencia descendente previa en las detenciones fronterizas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

Qué se sabe de las detenciones de la CBP en los aeropuertos de EE.UU.

• Más de 400 personas superaron las 72 horas de detención en aeropuertos internacionales desde enero de 2026, según una investigación de San Francisco Chronicle
• Entre ellas había 146 residentes permanentes legales
• SFO registró la mayor proporción de residentes con green card: 19 de 25 casos
• Los 19 fueron trasladados luego a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)

Detención a residentes en los aeropuertos

• Según abogados citados por el San Francisco Chronicle, seis residentes permanentes estuvieron detenidos seis días o más desde el verano boreal de 2025. Ninguno habló con un abogado en el aeropuerto
• Solo dos tuvieron llamadas diarias con familiares, de hasta cinco minutos
• Un residente de 67 años con diabetes dijo que pasó ocho días en la sala y no pudo controlar su glucosa

El reclamo de San Francisco a la CBP

• El fiscal de la ciudad, David Chiu, y el director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, enviaron una carta a la CBP. Allí, escribieron que retener personas durante días en esas condiciones es “inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad”
• En ese sentido, piden controles médicos, medicamentos, teléfonos, ropa limpia y espacios para dormir con menos luz
• Asimismo, solicitaron registros sobre el uso de la sala y una respuesta antes del 15 de octubre

Respuesta de la CBP y la visita del senador Alex Padilla

• El portavoz de la CBP, Jaime Ruiz, dijo que el tiempo de procesamiento varía según los registros, la coordinación con otras agencias y la logística de traslado, según lo citado por San Francisco Chronicle
• La agencia sostiene que el Aeropuerto Internacional de San Francisco ofrece alojamiento adecuado y servicios médicos cuando hacen falta
• El senador demócrata por California, Alex Padilla, visitó la sala el 1° de octubre. Afirmó que el espacio “no está pensado para ser un centro de detención de largo plazo”

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La decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para venezolanos

En su sitio web, el máximo tribunal publicó una nueva actualización para el expediente 26-48: “Sentencia anulada y caso remitido para su posterior consideración”.

La Corte Suprema aceptó la petición de certiorari presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al dejar sin efecto la sentencia que había dictado el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El máximo tribunal aplicó el procedimiento conocido como “Grant, Vacate, Remand” (GVR) que puede traducirse como conceder, anular y remitir. Esta decisión no resolvió de manera definitiva si los venezolanos conservarán o perderán el TPS, sino que estableció que el tribunal inferior debe reconsiderar el caso y tener en cuenta el precedente establecido por la Corte Suprema.

TPS de Venezuela: el precedente que deberá analizar el Noveno Circuito

La nueva revisión deberá incorporar lo establecido en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324 (2026), fallo emitido el 25 de junio. El gobierno federal sostuvo que esa decisión modificó el marco jurídico que debe utilizarse para evaluar determinados límites de la revisión judicial sobre decisiones relacionadas con el TPS.

Con la orden del 5 de octubre, la resolución previa del Noveno Circuito deja de operar como decisión vigente dentro del expediente.

Ese tribunal tendrá que analizar nuevamente la disputa y determinar qué consecuencias tiene el precedente de la Corte Suprema sobre los argumentos presentados por las partes.

Cómo comenzó la disputa por el TPS venezolano que llegó a la Corte Suprema

Venezuela fue incluida en el programa de TPS en marzo de 2021. Posteriormente, la protección fue prorrogada en octubre de 2023 y nuevamente el 17 de enero de 2025, extensión que estableció para determinados documentos una vigencia hasta el 2 de octubre de 2026.

Más adelante, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, decidió dejar sin efecto esa extensión que aplicaba bajo la designación de 2023 y avanzar hacia la finalización del programa para todos los venezolanos. La National TPS Alliance y otros beneficiarios cuestionaron la medida ante los tribunales.

El conflicto se centró en la facultad del DHS para revertir una extensión que ya se había aprobado. En septiembre de 2025, un tribunal de distrito falló a favor de los demandantes y en enero, el Noveno Circuito confirmó esa decisión y sostuvo que la secretaria del DHS no tenía autoridad legal para cancelar de manera retroactiva la prórroga.

El DHS llevó el expediente sobre el TPS ante la Corte Suprema

Después del fallo del Noveno Circuito, el gobierno federal apeló y el caso llegó a la Corte Suprema. El 9 de julio, el procurador general John Sauer solicitó que el máximo tribunal utilizara el procedimiento GVR a partir del nuevo precedente establecido en Mullin v. Doe.

La administración federal argumentó que esa decisión debía ser considerada para determinar el alcance de la revisión judicial en el litigio sobre el TPS venezolano. La National TPS Alliance comunicó en agosto que no se oponía a la solicitud de GVR bajo ese nuevo escenario jurídico.

Los jueces analizaron el expediente durante una conferencia privada el 28 de septiembre, antes de emitir la orden publicada el lunes 5 de octubre. El alcance final de la decisión para los ciudadanos venezolanos dependerá de la nueva resolución del Noveno Circuito y de las medidas judiciales que puedan adoptarse posteriormente.

Qué se sabe de los registros electorales a los que accedió el ICE

El reporte fue informado por la organización Democracy Forward tras solicitar los datos a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del ICE en el marco de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Según el escrito de 169 páginas, la agencia federal obtuvo más de 100 millones de registros electorales a través de diferentes vías:

• 50.6 millones de datos aportados por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), que contienen listas no redactadas entregadas por más de una docena de estados gobernados por republicanos.
• 48.4 millones de datos reunidos por Heather Honey, asesora sénior del Director de ICE y del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Con relación a los datos brindados por Heather Honey, incluye listas públicas de votantes en estados como California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada.

“La información revelada en los documentos debería preocupar a todos los estadounidenses y constituye una prueba más de un alarmante intento del poder ejecutivo por socavar nuestras elecciones”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

Qué hizo el ICE con los registros electorales recibidos

Tras acumular millones de padrones electorales, el ICE comenzó una iniciativa para investigar el presunto voto de personas no ciudadanas y supuestas irregularidades electorales.

Al contrastar los registros con archivos del Uscis, la agencia federal generó más de 1500 pistas de investigación distribuidas a sus oficinas regionales en todo el país.

De igual modo, introdujo los padrones en la herramienta ELITE de la empresa Palantir. Esta es utilizada para identificar, priorizar y ubicar a extranjeros que cumplen criterios de deportación.

“Este conjunto de documentos ofrece nuevas perspectivas sobre el alcance y la profundidad de los esfuerzos de la administración Trump-Vance para perseguir acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado”, señaló.

Qué se sabe sobre la presencia del ICE en los centros de votación

De cara a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, la dirección del ICE aseguró que no había planes para desplegar agentes u oficiales en los centros de votación.

Según el documento del HSI, la agencia aclaró que no poseía autoridad para supervisar los comicios. “ICE lleva a cabo la aplicación de la ley civil y penal. No hay razón para que nos despleguemos en un centro de votación”, advirtió.

Green card: 19 residentes permanentes estuvieron detenidos más de 72 horas

De acuerdo con una investigación de San Francisco Chronicle, al menos 25 personas permanecieron durante más de tres días en una sala de SFO utilizada por la CBP.

De ese grupo, 19 eran residentes permanentes legales y posteriormente fueron trasladados a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El informe llevó al fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, y al director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, a enviar una carta a responsables locales de la CBP.

En el documento expresaron su preocupación por las condiciones en las que permanecen las personas bajo custodia federal.

“Retener personas durante días en las condiciones descritas en los informes públicos es inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad”, señalaron Chiu y Nakornkhet en la carta.

Los funcionarios también reclamaron que la CBP garantice el respeto de los derechos y la dignidad de las personas que llegan o transitan por SFO.

Residentes con green card denunciaron problemas de salud y acceso a abogados

Uno de los casos citados por San Francisco Chronicle es el de un residente permanente de 67 años con diabetes, quien aseguró que permaneció ocho días en la sala de espera.

Según su relato, durmió sentado en una silla, con las luces encendidas, y durante ese período no tuvo una forma adecuada de controlar sus niveles de glucosa.

El hombre también afirmó que no recibió ropa interior ni prendas limpias mientras permaneció bajo custodia.

La investigación recogió además los testimonios de abogados que representan a seis residentes permanentes detenidos en SFO durante seis días o más desde el verano de 2025.

Según esos profesionales, ninguno de esos seis clientes pudo comunicarse con un abogado durante su permanencia en el aeropuerto. Solo dos tuvieron llamadas diarias con familiares, de un máximo de cinco minutos.

Ante estos testimonios, las autoridades de San Francisco pidieron a la CBP que las personas retenidas tuvieran acceso a controles médicos, profesionales de la salud, medicamentos recetados y teléfonos para comunicarse con abogados y familiares.

También solicitaron ropa de cama y vestimenta limpia, además de espacios separados para dormir en los que las luces puedan reducirse durante la noche.

Qué respondió CBP sobre las detenciones en SFO

LaCBP sostuvo que está comprometida con hacer cumplir las leyes migratorias y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y el bienestar de las personas bajo su custodia.

“El tiempo y la naturaleza de ese procesamiento pueden variar dependiendo de diversos factores, incluidos los registros necesarios, la coordinación con otras agencias gubernamentales y la logística de transporte o viaje”, afirmó el portavoz de la CBP, Jaime Ruiz.

La agencia también aseguró que las instalaciones de SFO cuentan con alojamiento adecuado y acceso a servicios médicos cuando son necesarios.

Las normas de CBP establecen que, por lo general, las personas bajo custodia no deberían permanecer más de 72 horas en una instalación de detención y que debe procurarse el menor tiempo posible. La investigación del San Francisco Chronicle encontró que más de 400 personas permanecieron durante períodos superiores a ese plazo en aeropuertos internacionales desde enero de 2026. Entre ellas había 146 residentes permanentes legales.

SFO registró el segundo mayor número de casos de este tipo, detrás de Miami. Además, tuvo la mayor proporción de residentes con green card entre las personas identificadas, con 19 de los 25 casos registrados en el aeropuerto.

La visita de Alex Padilla y el reclamo de la ciudad

El senador demócrata por California Alex Padilla visitó la sala de detención de SFO el 1° de octubre. Después de la visita, cuestionó que un espacio concebido para recibir y procesar pasajeros sea utilizado durante períodos prolongados para mantener a personas bajo custodia.

“Esto no está pensado para ser un centro de detención de largo plazo. Y, en ocasiones, ha sido tratado como tal”, afirmó Padilla, según San Francisco Chronicle.

La visita se produjo mientras crecía la preocupación de funcionarios locales y abogados por las condiciones de las personas que permanecen durante varios días en esa sala.

Las autoridades de San Francisco solicitaron a CBP registros relacionados con el uso de ese espacio y pidieron una respuesta antes del 15 de octubre.

El Formulario I-797C y la prohibición de su uso como prueba de estatus legal

• Las autoridades federales de transporte prohibieron a las agencias estatales del DMV la aceptación del Formulario I-797C, Notificación de Acción, emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
• La normativa precisa que este documento no es válido para acreditar la presencia legal de un solicitante en Estados Unidos

Según la Fmcsa, el Formulario I-797C es aceptado únicamente como un recibo de trámite que confirma la recepción de una solicitud ante el Uscis.

Por este motivo, los DMV no pueden tomar esta notificación de forma individual ni en combinación con otros documentos para otorgar permisos comerciales.

El documento que sí pueden aceptar los DMV

En contraste, las agencias de licencias sí aceptan el Formulario I-797A cuando el solicitante lo presenta junto a un pasaporte extranjero no expirado.

Esto se debe a que ese documento incluye un registro I-94 de reemplazo que detalla la fecha de estancia autorizada para las categorías permitidas.

En ese marco, el documento I-797A debe mostrar las fechas válidas de inicio y fin del estatus o la indicación de duración de estatus. Asimismo, el formulario requiere certificar de forma explícita que la persona pertenece a una de las clasificaciones laborales autorizadas.

Las categorías de visado que pueden acceder a la licencia comercial

La regla final de la Fmcsa limita el acceso a la licencia comercial no domiciliada a tres categorías de visado de empleo temporal. Únicamente los trabajadores agrícolas H-2A, los trabajadores no agrícolas H-2B y los inversionistas E-2 califican para el trámite.

El marco regulatorio excluye a todas las demás categorías migratorias, como los dependientes E-2S y los beneficiarios de asilo. Las autoridades federales cerraron la elegibilidad para cualquier otro grupo de residentes temporales en el territorio estadounidense.

Qué pasa si un migrante con licencia de conducir comercial pierde su estatus legal

La reglamentación fija un límite de vigencia máxima de un año para todas las licencias de conducir comerciales no domiciliadas.

La duración de la credencial no puede superar la fecha de vencimiento anotada en el registro I-94 del conductor o un año calendario, la opción que venza primero.

Las agencias estatales tienen la obligación legal de completar el proceso de degradación de la licencia en un plazo máximo de 30 días si el titular pierde su estatus legal.

Este procedimiento implica la remoción inmediata del privilegio comercial del registro del conductor en el sistema federal.

• Los titulares de estas licencias deben presentarse en persona ante las oficinas del DMV para gestionar duplicados, cambios de domicilio o restablecimientos de la credencial.
• La norma prohíbe el otorgamiento de permisos comerciales temporales o interinos durante la revisión de los documentos de inmigración.
• Las credenciales impresas deben exhibir la leyenda “no domiciliado” de forma visible y clara en el frente del plástico.

La Fmcsa prohibió el uso de términos sustitutos como “limitado” o “temporal” en las licencias expedidas por los estados.

El cubano que votó en más de 13 elecciones federales de EE.UU.

• García emigró a EE.UU. desde Cuba durante su infancia y obtuvo la residencia permanente en 2009. Sin embargo, en 2004, se inscribió en el padrón electoral del condado de Cass, Missouri, afirmando que era ciudadano estadounidense.
• En 2013, declaró de nuevo que era estadounidense para mantener su registro electoral. Con esta condición, participó en al menos 15 elecciones durante los últimos 20 años, de las cuales 13 fueron federales.

En Missouri, la ley prohíbe a los residentes permanentes legales votar en elecciones federales, así como en elecciones estatales o locales del estado.

“Cuando una persona que no tiene autorización legal para votar emite su voto, se socava la confianza pública en nuestras elecciones”, dijo R. Matthew Price, fiscal federal del Distrito Oeste de Missouri, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

“Nuestra oficina hará cumplir las leyes electorales federales y exigirá responsabilidades a cualquiera que interfiera con la integridad del proceso electoral”, agregó.

A qué cargos se enfrenta Andrés García por voto ilegal como extranjero

La Fiscalía del Distrito Oeste de Missouri acusó a García de dos cargos federales de voto ilegal siendo extranjero. Dicha imputación corresponde a los sufragios que emitió en las elecciones federales de noviembre de 2022 y noviembre de 2024.

Por cada uno de los cargos, enfrenta una pena de hasta un año de prisión y una multa máxima de US$100 mil dólares. La sentencia definitiva será fijada por el tribunal según las directrices federales de sentencia.

“La integridad electoral es innegociable. Quienes violen a sabiendas las leyes federales de votación socavan la confianza pública en el proceso democrático y rendirán cuentas ante la justicia”, señaló Rick Sabatini, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Kansas City.

Otros casos de voto ilegal siendo extranjero en Estados Unidos

El caso de Andrés García no es la única investigación en curso por presunto voto ilegal de ciudadanos extranjeros. Danubis Bernat, una venezolana residente en Nueva Jersey, declaró falsamente en sus formularios de registro de votantes que era norteamericana.

Bernat votó en las elecciones generales 2024, en las que el actual presidente, Donald Trump, derrotó a Kamala Harris. Tras participar en los comicios, presentó el Formulario N-400 para obtener la ciudadanía.

En dicho formulario, que exige juramento bajo pena de perjurio, afirmó que nunca se habían registrado para votar ni habían votado en elecciones federales.

La decisión de otorgar millones a Pinellas para cooperar con el ICE

• La decisión administrativa modifica la subvención de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas con un incremento de US$9,29 millones.
• Este ajuste presupuestario eleva el financiamiento total de la agencia local de US$95.809 a una suma revisada de US$9,38 millones.

La oficina policial destinará la mayor parte de estos recursos a la adquisición de equipos tecnológicos, sistemas de hardware y herramientas de software. El personal del sheriff utilizará estos insumos para respaldar los procedimientos de apoyo al ICE.

De acuerdo con N+ Unvision, el programa estatal autoriza la utilización de estos fondos en diversas tareas relacionadas con la fiscalización migratoria. La regulación permite financiar la participación en grupos de trabajo del acuerdo 287(g), el transporte de personas bajo custodia federal y el alojamiento de detenidos.

Asimismo, la normativa estatal aprueba el pago de incentivos económicos y bonos para los agentes y funcionarios penitenciarios que ejecutan estas labores. La junta estatal ratificó esta asignación el 29 de septiembre dentro de un paquete global de US$88 millones.

Cuándo estarán disponibles los fondos para la oficina del sheriff en Pinellas

Las agencias policiales locales no disponen de manera inmediata de los recursos económicos aprobados por la junta estatal. Cada solicitud de subvención requiere completar el proceso de revisión formal establecido en las leyes del Estado del Sol.

El paquete presupuestario de septiembre requiere superar el trámite de revisión legislativa antes de la transferencia definitiva del dinero a la oficina del sheriff. Las autoridades del estado emitirán las subvenciones únicamente cuando el proyecto concluya esa etapa de control presupuestario.

Las agencias beneficiarias deben cumplir de forma obligatoria con los requisitos estatales de recopilación y entrega de datos oficiales sobre sus intervenciones. Estas exigencias imponen el registro de cada interacción policial con personas consideradas posibles inmigrantes no autorizados.

Con US$250 millones: el programa estatal de subvenciones migratorias

El programa de financiamiento estatal cuenta con una autorización legal para administrar hasta US$250 millones en subvenciones. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) gestiona la distribución de estos recursos entre los condados participantes.

La Junta Estatal de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración mantuvo reuniones periódicas en febrero, junio y septiembre de 2026 para asignar fondos. En la sesión de septiembre, el organismo autorizó siete nuevas subvenciones por US$9,9 millones y 42 modificaciones presupuestarias.

La Oficina del Sheriff de Pinellas figura entre las cinco agencias policiales del estado de Florida que recibieron mayores incrementos en sus fondos. El estado mantiene este mecanismo presupuestario para incentivar la participación activa de los condados en la aplicación de las leyes migratorias. Los registros oficiales del FDLE muestran el detalle de cada partida asignada a los centros de detención del territorio estatal.

Quiénes reciben el EAD (c)(40), según Uscis

• La medida figura en el Manual de Políticas, actualizado el pasado 2 de octubre.
• Corresponde a personas con una petición de buena fe pendiente del I-914.

• El EAD inicial y la renovación tienen el mismo tope: cuatro años.
• Cuatro años es el máximo que se puede conceder. No es una duración fija.

Formulario I-94 y pruebas para el permiso

• Según el Manual de Políticas del Uscis, la evidencia puede incluir visas, el Formulario I-94 (Registro de Llegada y Salida) y constancias como el Formulario I-797.
• Si el solicitante no indica su categoría en el Formulario I-765, el Uscis puede emitir una solicitud de evidencia (RFE, por sus siglas en inglés).

Cómo se calcula la vigencia del EAD

• Cuando el plazo se fija en años, el Uscis emite el documento por el tiempo permitido menos un día.
• La validez inicial empieza en la fecha de aprobación.
• Si el permiso depende de un período de admisión o estatus, la duración puede coincidir con ese lapso.

Aprobación o rechazo del Formulario I-765

• La aprobación no otorga un estatus migratorio. Solo autoriza a trabajar.
• De igual modo, el rechazo no tiene apelación, pero el solicitante puede pedir reabrir o reconsiderar el caso.

Cómo avanza la solicitud para obtener la categoría (c)(40)

• La categoría (c)(40) es para quienes ya presentaron el I-914 y esperan una respuesta. El permiso se pide con el Formulario I-765.
• Antes de aprobarse, el Uscis debe revisar que la solicitud esté completa y que se haya pagado la tarifa. Asimismo, debe reunir las pruebas desde el inicio: el I-94, la visa si la tiene y el I-797 del trámite pendiente.

Si la agencia rechaza el I-765, el solicitante puede presentar una moción con el Formulario I-290B. El plazo es de 30 días desde la denegación, o 33 si la notificación llegó por correo.

También puede volver a presentar la solicitud si demuestra que cumple los requisitos, según el Manual de Políticas.

Para renovar, el Uscis no extiende el EAD en las solicitudes presentadas desde el 30 de octubre de 2025. En ese sentido, conviene pedir la renovación con anticipación.

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La advertencia del Uscis sobre las solicitudes enviadas desde el 16 de octubre

• La notificación del organismo establece que todos los trámites migratorios con matasellos del 16 de octubre de 2026 o posterior deben incluir el pago de las tarifas ajustadas.
• El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aplica este incremento anual en cumplimiento del mandato de la ley H.R. 1.

• Las autoridades federales fijaron esta fecha de inicio para otorgar un margen adecuado al público y adaptar sus peticiones e importes.
• La agencia mantendrá este criterio de fiscalización en todos sus centros de procesamiento dentro del país.
• De acuerdo con el aviso de la agencia, esta actualización regulatoria garantiza que las tarifas de los beneficios mantengan el ritmo de la inflación acumulada durante el período anterior.

Las autoridades del DHS publicaron los detalles del procedimiento en la edición oficial del Registro Federal.

El Uscis lo advirtió: el error en el pago de la tarifa que provoca el rechazo de la solicitud

El error principal que genera el rechazo automático de la solicitud consiste en enviar la petición postmarcada desde el 16 de octubre sin la tarifa exacta ajustada. En esos casos, la agencia devolverá sin procesar cualquier beneficio migratorio que carezca del pago adecuado correspondiente al nuevo año fiscal.

Los solicitantes que adjunten los montos anteriores al 16 de octubre sufrirán la cancelación del trámite y la devolución de sus expedientes.

El organismo advirtió que no otorgará excepciones ni plazos de gracia para las solicitudes que ingresen con pagos incompletos o erróneos.

El DHS confirmó que esta política de rechazo asegura el cobro equitativo de los costos regulatorios autorizados por el Congreso. Por ello, los usuarios deben verificar los montos vigentes en el portal institucional antes de efectuar el despacho de sus documentos.

La falta de pago de la tarifa correcta impedirá la obtención de la fecha de recepción oficial del trámite. Esto afectará el cómputo de los plazos legales de los solicitantes ante las autoridades migratorias.

Cuánto aumentaron las tarifas de cada trámite para el año fiscal 2027

El ajuste tarifario refleja una subida general del 3,36% que proviene del cálculo de la inflación registrado entre julio de 2025 y julio de 2026. La ley H.R. 1 indica redondear las cifras hacia abajo al múltiplo de 10 dólares más cercano en la mayoría de las solicitudes.

Los principales cambios son:

• Solicitud inicial de Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) sube US$10. Pasa de US$560 a US$570.
• La tarifa del Formulario I-821 para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) incrementa de US$510 a US$520.
• El trámite del Formulario I-131 para el permiso de parole registra un incremento de US$30 para fijarse en un costo total de US$1050.
• La tarifa anual para la solicitud de asilo pendiente, Formulario I-589, sube US$3 y alcanza los US$105.

Otros trámites conservan su valor actual debido a las reglas de redondeo legal que impiden aumentos en ciertos rangos monetarios. La autoridad de inmigración recomienda consultar la tabla oficial de costos antes de emitir cheques o giros postales.

Qué confirmó el DHS sobre los agentes del ICE en las midterm 2026

Según informó Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que no prepara operaciones migratorias dirigidas en los establecimientos electorales.

El anuncio ratificó una posición que el gobierno federal expresó meses atrás. De acuerdo con Reuters, la funcionaria del DHS Heather Honey aseguró el 25 de febrero que las versiones sobre una presencia del ICE en los centros electorales eran falsas.

Posteriormente, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, ofreció más detalles sobre las circunstancias excepcionales. En una entrevista con CNN del 18 de septiembre, afirmó: “No estaremos en los centros de votación salvo que exista una amenaza que requiera nuestra presencia”.

La explicación del funcionario estableció los dos casos en los que el DHS no descarta la presencia de agentes del ICE: una intervención ante un peligro para la seguridad pública o la ejecución de una orden de arresto contra una persona específica.

Elecciones sin el ICE: qué dice la ley sobre la presencia de agentes armados

La legislación federal contempla restricciones para el despliegue de personal armado en los establecimientos electorales. Una norma vigente desde la Guerra Civil estadounidense prohíbe la presencia de tropas u hombres armados, salvo cuando resulte necesario repeler a enemigos armados de EE.UU.

El abogado David Becker, exintegrante del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y responsable del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral, sostuvo ante Associated Press que el ingreso de personas armadas a los lugares de votación podría desencadenar acciones judiciales inmediatas.

Por su parte, Jonathan Diaz, director de defensa del voto y alianzas de Campaign Legal Center, cuestionó incluso las excepciones que mencionó Mullin. El especialista argumentó que la legislación no contempla permisos especiales para realizar tareas policiales habituales dentro de esos establecimientos.

La demanda contra el despliegue del ICE durante las elecciones 2026

El 7 de octubre, Common Cause anunció una ampliación de la demanda presentada contra la administración Trump. La nueva versión incorporó otros argumentos legales, demandantes y acusados.

El condado de Hennepin, Minnesota, se sumó a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver, Colorado.

Los demandantes incorporaron un reclamo basado en la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a las personas durante los procesos electorales.

Las organizaciones solicitaron a la justicia que haga cumplir las protecciones federales contra la intervención de agentes armados.

Por qué los votantes latinos temen la presencia del ICE en las elecciones

Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, sostuvo que incluso una aparición aislada del ICE podría generar temor entre los votantes.

En declaraciones recogidas por Associated Press, señaló que la presencia de estos agentes dentro o alrededor de los centros electorales podría disuadir a integrantes de su comunidad de acudir a las urnas.

El dirigente también advirtió sobre la velocidad con la que una noticia acerca de un operativo puede difundirse a través de las redes sociales. A su juicio, un incidente en un establecimiento podría influir en la decisión de ciudadanos de otras localidades.

Elecciones 2026: EE.UU. investiga el voto de extranjeros

La discusión sobre la presencia de oficiales migratorios también se relaciona con las investigaciones del ICE sobre el presunto voto de personas sin ciudadanía.

Durante su entrevista con CNN, Mullin afirmó que el DHS tenía 1620 investigaciones abiertas y había efectuado más de 151 arrestos por presuntas infracciones vinculadas con la participación electoral de personas sin ciudadanía estadounidense.

Organizaciones preparan medidas de protección para las midterm 2026

Thu Nguyen, directora de OCA-Asian Pacific American Advocates, explicó a Associated Press que su organización recluta observadores para supervisar el proceso electoral.

Algunos integrantes, pese a ser ciudadanos norteamericanos, manifestaron temor por antecedentes de detenciones de estadounidenses o por sus vínculos familiares con personas sin estatus legal.

Otra iniciativa es VoteSafe, un programa impulsado por una coalición no partidista de organizaciones críticas de la administración Trump. Su objetivo es reforzar la confianza de los votantes en comunidades con una importante presencia de minorías.

El programa prevé actividades en Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio, cuatro estados con contiendas competitivas por el Senado estadounidense.

La propuesta contempla la participación de referentes comunitarios para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y reducir el temor a encontrarse con agentes armados.

Qué propone el proyecto S.5490 para los beneficiarios del TPS

La propuesta fue presentada el 23 de septiembre por los senadores Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), Lisa Murkowski (republicana por Alaska), Chris Coons (demócrata por Delaware) y Bill Cassidy (republicano por Luisiana). El texto plantea establecer una nueva designación desde el 20 de octubre del año en curso hasta el 1° de julio de 2029.

La S.5490 exige que los solicitantes hayan residido de manera continua en EE.UU. desde la promulgación de la ley y que también hayan mantenido presencia física continua en el territorio. Además, deberán cumplir con las condiciones de admisibilidad migratoria y superar las verificaciones de antecedentes correspondientes.

Entre las causales que podrían impedir el acceso se encuentran aquellas que también generan inelegibilidad para el TPS, como determinados antecedentes penales o cuestiones relacionadas con seguridad.

Los interesados deberán completar el proceso de registro al seguir las instrucciones establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La iniciativa incluye una disposición retroactiva: si el Congreso aprobara la medida después del 20 de octubre, sus efectos comenzarían a partir de esa fecha. De esta manera, el proyecto busca impedir que los beneficiarios queden sin protección durante el período comprendido entre el vencimiento de la designación vigente y la eventual entrada en vigor de la nueva medida.

“Los ucranianos que buscan refugio aquí huyen de horrores inimaginables en su país. Obligarlos a regresar a condiciones tan crueles sería la máxima inhumanidad”, cuestionó Blumenthal en un comunicado.

“Agradezco a los senadores Murkowski, Coons y Cassidy que se hayan unido a mí para presentar una ley que protegerá a los ucranianos que buscan asilo de ser enviados de vuelta a una brutalidad y un derramamiento de sangre”, sumó.

Permisos de trabajo por TPS: el plazo de 90 días que S.5490 impondría al DHS

Otro de los puntos centrales está relacionado con los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

La autorización de empleo asociada al TPS de Ucrania puede mantenerse hasta el 19 de octubre de 2026 para los beneficiarios elegibles, aunque la fecha impresa en determinados EAD puede ser anterior, de acuerdo con la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El proyecto S. 5490 establece que el DHS debería resolver las solicitudes de TPS y de autorización de empleo dentro de un período máximo de 90 días desde su recepción. La medida busca reducir el tiempo de espera para quienes necesitan acreditar su derecho a trabajar legalmente en EE.UU.

La extensión propuesta hasta julio de 2029 permitiría que los beneficiarios mantengan la protección y puedan renovar sus autorizaciones laborales durante ese período. La aplicación retroactiva prevista también pretende evitar interrupciones en el estatus migratorio y en la autorización para trabajar si la aprobación legislativa se produce después del 20 de octubre.

Qué ocurre con los viajes y cuál es el argumento de los senadores

El proyecto contempla además la posibilidad de obtener autorización previa para viajar fuera de EE.UU. en situaciones de emergencia o ante circunstancias extremas debidamente justificadas. La salida del país norteamericano bajo esas condiciones no implicaría automáticamente la pérdida de la protección contemplada por la propuesta.

Los cuatro senadores que impulsaron la iniciativa sostuvieron que la situación en Ucrania impide un regreso seguro para quienes permanecen bajo el programa. Blumenthal, Murkowski, Coons y Cassidy señalaron que el conflicto y los ataques contra población e infraestructura mantienen las condiciones que dieron origen a la protección migratoria.

“El pueblo ucraniano está en la primera línea de la libertad, luchando por su democracia y su futuro. Debemos apoyarlos en todo lo que podamos, incluso extendiendo la protección a quienes buscaron refugio en EE.UU. huyendo de la guerra de agresión ilegal e injustificada de Putin”, dijo Coons.

“Es inconcebible que los enviemos de vuelta a los horrores que podrían enfrentar en su país, especialmente con el invierno a la vuelta de la esquina”, agregó.

El TPS fue otorgado a ciudadanos ucranianos en abril de 2022, después del ataque militar ruso a gran escala iniciado en febrero de ese año. Se trata de un mecanismo migratorio temporal destinado a personas que no pueden regresar de manera segura a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Cuánto puede demorar el trámite de la residencia permanente de un asilado

Según los datos históricos de procesamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) recopilados hasta el 31 de julio del año en curso, la mediana nacional para este trámite alcanzó los 19,7 meses.

El período equivale a aproximadamente 590 días y superó el promedio de 10.3 alcanzado el año pasado.

El comportamiento de los últimos años mostró variaciones relevantes:

• En 2021, la mediana era de 12.9 meses
• En 2022, llegó a 22.6 meses
• En 2023, la mediana fue de 22.9 meses
• En 2024, llegó a 13.4 meses

Las cifras corresponden a los registros históricos utilizados por la agencia para informar sobre la duración de los procesos.

¿El año de presencia física es un requisito para la green card?

El solicitante debe haber permanecido físicamente en EE.UU. durante al menos un año después de recibir el asilo. La agencia evalúa este requisito cuando toma una decisión sobre el formulario I-485, no necesariamente en la fecha en que el trámite fue iniciado.

Sin embargo, el organismo recomienda en su sitio web esperar hasta completar ese año antes de presentar el ajuste de estatus. Enviar el trámite antes de cumplir el período requerido puede derivar en una Solicitud de Evidencia y agregar tiempo al proceso.

Además, la persona debe encontrarse físicamente en EE.UU. al presentar el I-485 y mantener las condiciones que dieron lugar a su estatus. La concesión de asilo no debe ser cancelada o revocada y el interesado no debe establecerse de manera permanente en otro país.

El proceso también contempla requisitos relacionados con la admisibilidad. Si existe una causal que impida la admisión, puede ser necesario solicitar una exención mediante el formulario I-602. El Uscis también debe determinar que corresponde conceder el beneficio de manera discrecional.

Documentos necesarios para solicitar la residencia en Estados Unidos

El paquete de ajuste debe incluir el formulario I-485 en la edición vigente y aceptada por el Uscis, junto con la prueba de que se concedió el asilo. Esta evidencia puede incluir la carta de aprobación, una orden emitida por un juez de inmigración o el formulario I-94 que permita demostrar la fecha correspondiente.

También se debe acreditar el período de presencia física requerido y presentar documentación de identidad. Entre los permitidos pueden encontrarse:

• Identificación emitida por una autoridad gubernamental
• Certificado de nacimiento cuando esté disponible
• Fotografías recientes con formato de pasaporte

El expediente debe incorporar además el formulario I-693, correspondiente al examen médico y al registro de vacunación, realizado por un profesional autorizado. El interesado debe pagar la tarifa correspondiente o, si reúne los requisitos, presentar una solicitud de exención mediante el I-912.

El organismo publicó el 18 de septiembre una nueva edición del I-485 relacionada con las disposiciones sobre carga pública. Las solicitudes presentadas con versiones anteriores pueden ser rechazadas. Para determinados solicitantes también permanece disponible la presentación electrónica, que permite cargar documentos digitalmente.

Trabajo y viajes mientras el I-485 permanece pendiente

Los asilados cuentan con autorización para trabajar desde el momento en que se les concede el estatus. El formulario I-94 puede utilizarse como evidencia de autorización laboral y no existe una obligación general de presentar una tarjeta EAD para demostrar ese derecho.

La situación es diferente cuando se trata de salir fuera de EE.UU. Una persona con un I-485 pendiente que necesite salir de ese país debe solicitar previamente un Documento de Viaje para Refugiados mediante el formulario I-131.

El Uscis indica en su sitio web que el I-131 debe enviarse por separado y no dentro del mismo sobre utilizado para presentar el I-485. Si la solicitud de viaje se presenta después del ajuste de estatus, debe incluirse una copia del aviso de recibo I-797 que confirme que el trámite de residencia permanece pendiente.

Los migrantes que llegaron a EE.UU. como refugiados y ahora demandan al DHS

Agnes Mukantagara llegó a territorio estadounidense en 2005 acompañada por su hijo menor de edad, Ebenezer Shyaka, bajo el programa de protección a refugiados. Sin embargo, dos años después, el Uscis congeló su estatus e inició una investigación que concluyó en 2016 con la revocación de su estatus de refugiada bajo la cláusula legal conocida como la “barra de perseguidores”, según consta en la demanda Mukantagara v. Mullin.

Para revocar su estatus, las autoridades federales alegaron una presunta participación de Mukantagara en el genocidio ruandés de 1994. La mujer negó las acusaciones en su contra y sostuvo que las declaraciones se basaron en testimonios falsos impulsados por motivaciones políticas vinculadas al partido gobernante de Ruanda.

La cancelación del estatus desencadenó procedimientos de remoción contra ambos. En los tribunales de inmigración, un juez halló creíble el testimonio de Mukantagara y le otorgó el asilo.

Pese a este giro positivo, la corte denegó la protección a su hijo Shyaka debido a que había superado el límite de edad (21 años) durante los más de 10 años que duró la investigación gubernamental. Si bien el juez le negó la protección migratoria, Shyaka presentó una petición de revisión ante el Décimo Circuito, pero su recurso fue suspendido hasta que se resuelva la demanda principal.

La batalla legal contra el DHS y el fallo del Décimo Circuito

Ante la pérdida de su protección inicial y la orden de remoción en curso, la madre y el hijo demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Uscis en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Utah. La medida se ampara en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) para impugnar la revocación de su estatus original.

Inicialmente, el tribunal de distrito desestimó el caso al considerar que la legislación federal prohibía la revisión judicial de decisiones discrecionales de la agencia migratoria.

No obstante, el 5 de octubre, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito revirtió la desestimación en su decisión sobre el caso Mukantagara v. Mullin. El juez de circuito Gregory A. Phillips, en representación de la mayoría, estableció que el proceso para revocar el estatus de refugiado consta de dos pasos diferenciados:

1. Un análisis obligatorio y no discrecional: determinar si la persona realmente no cumplía con la definición legal de “refugiado” al momento de su ingreso al país.
2. Una decisión discrecional: decidir si, luego de un fallo en el criterio anterior, la agencia opta por retirar el estatus o mantenerlo.

Qué sigue para Agnes Mukantagara en su demanda contra el DHS

Dado que Mukantagara y Shyaka cuestionaron únicamente el primer paso de carácter no discrecional al sostener que la conclusión sobre el genocidio fue errónea y que sí eran refugiados legítimos al ingresar, el Décimo Circuito concluyó que la ley no prohíbe la revisión de los jueces. Con esta resolución, la demanda regresa al tribunal de distrito para ser analizada en cuanto al fondo del asunto.

En este proceso judicial, Mukantagara y su hijo solicitan que la justicia federal anule la decisión del Uscis que le revocó su estatus de refugiada. Ahora que la corte de apelaciones determinó que los tribunales sí tienen competencia jurídica para evaluar la decisión del Uscis, el juez de distrito de Utah deberá examinar el fondo del asunto para determinar si las pruebas demostraban legalmente que Mukantagara no era una refugiada legítima cuando entró a EE.UU. en 2005.