En Biddeford: cómo fue la muerte del colombiano en un tiroteo que involucra al ICE

El hombre se dirigía a su lugar de trabajo al momento del suceso, según informó la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine en su sitio web. La organización destacó que el joven contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y poseía un número de Seguro Social, aunque las autoridades federales no confirmaron estos detalles.

De acuerdo con CNN, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó al senador por Maine Angus King que el hombre tenía una orden pendiente para abandonar el país. Sin embargo, en actualizaciones posteriores, la oficina de King precisó que el hombre no era objetivo de detención de los agentes del ICE en la operación de este lunes.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron oficialmente la identidad del ciudadano colombiano. Según cifras oficiales citadas por medios de Maine, unas 200 personas fueron detenidas durante el operativo “Catch of the Day”, lanzado en enero de 2026; de ellas, solo 11 tenían condenas penales, pese a que las autoridades federales habían señalado que buscaban a “los peores entre los peores”.

Biddeford posee una pequeña comunidad inmigrante, ya que cerca del 3,5% de sus habitantes nació fuera de EE.UU. A nivel estatal, viven aproximadamente 28.400 personas no ciudadanas, lo que equivale al 2% de los 1,4 millones de residentes de Maine.

Contexto de los operativos del ICE en Maine

En enero de 2026, funcionarios federales iniciaron la operación “Catch of the Day” en Maine, lo que generó un estado de alerta en ciudades del estado como Portland y Lewiston, según The Washington Post. El alcalde Mark Dion señaló en ese momento que la creciente presencia del ICE mantenía a la comunidad con gran tensión.

Ante esta situación, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine reportó en una publicación de redes sociales un aumento del 35% en las llamadas de auxilio a sus líneas telefónicas dedicadas a denunciar la presencia de agentes migratorios.

La gobernadora del estado, Janet Mills, cuestionó en ese momento la transparencia de estos operativos y exigió explicaciones a la administración Trump sobre las tácticas utilizadas. “Si su plan es venir aquí para provocar y socavar los derechos civiles de los residentes de Maine, no se equivoquen: esas tácticas no son bienvenidas aquí”, dijo en un video publicado en redes sociales.

Casos de migrantes mexicanos: antecedentes de muertes que se vincularon al ICE

Esta muerte en Maine ocurre luego de que, días atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentara denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y fiscalías estatales por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en operativos migratorios.

La mandataria subrayó que su administración busca ir más allá de las notas diplomáticas tras casos como el de Lorenzo Salgado, quien murió por disparos de un agente de ICE en Houston. Sheinbaum enfatizó que la protección de los mexicanos en el exterior es una causa nacional frente a las presuntas violaciones de derechos humanos.

El gobierno de México ya comunicó formalmente sus preocupaciones al embajador estadounidense sobre la situación en los centros de detención.

Qué resolvió la Junta de Apelaciones de Inmigración sobre el DHS y el acuerdo con Ecuador

La resolución surgió a partir del caso Matter of N-E-R-S-, que involucra a una familia venezolana que pidió protección en EE.UU. el 5 de noviembre de 2025. El DHS argumentó que esas solicitudes podían ser rechazadas porque existía un acuerdo vigente con Ecuador como tercer país seguro para procesar determinadas peticiones de asilo.

Inicialmente, un juez de inmigración rechazó esa postura al considerar que el gobierno debía presentar un instrumento adicional donde figuraran los procedimientos operativos del acuerdo. Este 10 de julio, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés) aclaró que cualquier manual o plan administrativo para implementar el traslado no es parte del acuerdo en sí mismo, por lo que no es necesario que el DHS lo presente para demostrar que el acuerdo es válido y aplicable.

La BIA argumentó que lo único que vincula legalmente y que el juez debe considerar es lo que aparece en el Registro Federal. Como esos manuales de operación interna no están publicados allí ni forman parte de las excepciones oficiales del acuerdo, el juez no tiene autoridad para basar su decisión en la ausencia de esos documentos, por lo que tendrá que limitarse a verificar si existe un acuerdo de “tercer país seguro” y si el solicitante cumple con los requisitos generales para ser procesado.

Cómo cambia el proceso para los solicitantes venezolanos

La resolución endurece la posibilidad de que el DHS solicite la desestimación de casos de asilo mediante la aplicación de la denominada restricción de tercer país seguro. Si el organismo comunica que una persona será enviada a Ecuador bajo el acuerdo, la carga de demostrar que esa medida no corresponde pasa al propio solicitante.

En ese escenario, el inmigrante deberá acreditar, mediante una preponderancia de la evidencia, que el acuerdo no le resulta aplicable o que reúne alguna de las excepciones previstas por la normativa vigente. Entre las salvedades, el acuerdo establece que el gobierno de EE.UU. no trasladará a menores no acompañados.

El acuerdo estipula que todas las acciones deben realizarse de conformidad con las obligaciones internacionales de ambos países. Esto implica protecciones legales adicionales que el solicitante podría invocar:

• Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y su protocolo de 1967.
• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
• Ecuador se compromete expresamente a no enviar de regreso a ninguna persona a su país de origen o de residencia habitual hasta que se haya tomado una decisión final sobre sus solicitudes de protección pendientes.

Cómo funciona el acuerdo entre EE.UU. y Ecuador

La estrategia del DHS consiste en utilizar el acuerdo para derivar a determinados solicitantes hacia Ecuador, donde los inmigrantes podrían tramitar su pedido de protección en lugar de hacerlo en territorio estadounidense.

De acuerdo con el criterio ratificado por la BIA, el gobierno tampoco debe demostrar durante cada proceso judicial que Ecuador aceptará previamente a una persona específica. Esa verificación forma parte de la implementación administrativa del convenio y no constituye un requisito para invocar el acuerdo ante el tribunal.

Beneficios concretos para los migrantes bajo la Ley de Dignidad

• El eje central de la iniciativa consiste en el denominado Programa de Dignidad, que tiene una duración total de siete años.
• La medida propone que los migrantes que logren su admisión obtengan una protección frente a la deportación.

Según explicó Salazar, quien volvió a impulsar el proyecto en un comunicado, este marco legal otorga autorización para trabajar de forma regular dentro del territorio estadounidense. Los beneficiarios también tendrían la posibilidad de viajar bajo el amparo de la ley.

Para acceder a estos beneficios, los solicitantes deben cumplir con requisitos de entrada. El registro ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es obligatorio.

A su vez, el proceso exige presentar información biométrica completa y superar verificaciones de antecedentes. Los aspirantes deben demostrar que no existe historial criminal previo.

Ley de Dignidad: qué impacto tendría en beneficiarios de DACA y asilo

La propuesta incorpora disposiciones específicas para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Bajo la propuesta de Salazar, estas personas podrían acceder a un estatus de residencia permanente condicional por diez años.

A su vez, el texto contempla la opción de avanzar posteriormente hacia la residencia permanente definitiva y, si se cumplen condiciones adicionales, los beneficiarios podrían solicitar la ciudadanía estadounidense.

Por otro lado, la iniciativa modifica el sistema de asilo al crear campus humanitarios en la frontera. Los solicitantes permanecerían en estas instalaciones mientras sus expedientes reciben atención oficial.

En ese marco, el proyecto establece un plazo máximo de 60 días para resolver los casos de asilo. Este esquema pretende sustituir la práctica actual de captura y liberación por un procedimiento más veloz.

En materia de control, el plan incluye el despliegue de tecnología avanzada para la vigilancia fronteriza. El despliegue abarca radares, drones y sensores para cubrir toda la extensión del límite sur.

La ley también presenta el incremento del personal activo de la Patrulla Fronteriza. Además, impone la implementación obligatoria del sistema E-Verify para supervisar la elegibilidad laboral en todo el país norteamericano.

Qué necesita la Ley de Dignidad para ser aprobada en EE.UU.

Para ser aprobado, el proyecto, registrado como H.R. 4393, todavía debe completar el proceso legislativo federal. La iniciativa necesita la aprobación de la Cámara de Representantes y, posteriormente, del Senado.

En caso de que obtenga el visto bueno de ambas entidades, luego debería ser firmada por el presidente de EE.UU.

Actualmente, el Congreso mantiene el debate sobre los términos del proyecto: su última acción se registra el 16 de julio de 2025, cuando la propuesta fue remitida al Subcomité de Seguridad y Aplicación de la Ley Fronteriza.

Salazar defendió la iniciativa como un mecanismo basado en el cumplimiento de requisitos específicos y rechazó las críticas que indican que su proyecto se trata de una amnistía para migrantes.

“Si queremos seguir siendo el ejército número uno del mundo, necesitamos seguir siendo la economía número uno del mundo. Y si no tenemos manos para hacer que esa economía crezca, no estoy segura de cómo vamos a lograrlo”, declaró la congresista durante una conferencia de prensa en abril.

El financiamiento del programa de la Ley de Dignidad proviene del aporte de los participantes por un total de 7000 dólares. El esquema distribuye este pago a lo largo de los siete años de duración.

Los siete países cuyos beneficiarios del TPS conservan vigente el EAD

Las actualizaciones publicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) el 10 de julio precisan que la extensión de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) solo alcanza a determinados beneficiarios del TPS. El permiso estará vigente hasta las fechas fijadas en cada resolución judicial.

La prórroga alcanza únicamente a determinados beneficiarios de siete países cuyos EAD presentan las fechas de vencimiento enumeradas por el Uscis:

• Haití
• Siria
• Birmania (Myanmar)
• Etiopía
• Sudán del Sur
• Yemen
• Somalia

En el caso de Haití, los permisos de trabajo continúan con su validez hasta el 24 de julio por orden judicial.

Esta prórroga aplica exclusivamente a los EAD que tengan fechas de vencimiento incluidas por Uscis en su actualización oficial:

• 3 de febrero de 2026
• 3 de agosto de 2025
• 3 de agosto de 2024
• 30 de junio de 2024
• 3 de febrero de 2023
• 31 de diciembre de 2022
• 4 de octubre de 2021
• 4 de enero de 2021
• 2 de enero de 2020
• 22 de julio de 2019
• 22 de enero de 2018
• 22 de julio de 2017

Para los beneficiarios de Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania (Myanmar), la extensión automática del EAD se mantiene hasta el 17 de julio. Esto también aplica para los documentos con fechas de expiración específicas establecidas por la agencia migratoria como:

• 12 de junio de 2024 y 12 de diciembre de 2025 (Etiopía).
• 30 de septiembre de 2025, 31 de marzo de 2024, 30 de septiembre de 2022 o 31 de marzo de 2021 (Siria).
• 17 de marzo de 2023, 17 de septiembre de 2024 y 17 de marzo de 2026 (Somalia).
• 3 de noviembre de 2023, 3 de mayo de 2025 o 3 de noviembre de 2025 (Sudán del Sur).
• 3 de marzo de 2026, 3 de septiembre de 2024 o 3 de marzo de 2023 (Yemen).
• 25 de noviembre de 2025, 25 de mayo de 2024 o 25 de noviembre de 2022 (Birmania —Myanmar—).

Estas extensiones no modifican el estado definitivo del TPS. Según el Uscis, la medida representa un alivio limitado para quienes aún conservan autorización para trabajar mientras los tribunales adaptan sus órdenes al criterio fijado por la Corte Suprema en el caso Mullin v. Doe, resuelto el 25 de junio.

El fallo de la Corte Suprema que limita las demandas contra la cancelación del TPS

La resolución del máximo tribunal fortaleció la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para decidir sobre la continuidad o cancelación del TPS.

Con una votación de seis a tres, la Corte concluyó que estas determinaciones forman parte de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo.

Además, el fallo limita la intervención de los tribunales inferiores para revisar las decisiones del DHS relacionadas con el programa. En consecuencia, las demandas presentadas por beneficiarios tendrán un margen más reducido para impedir la terminación del TPS mediante medidas cautelares.

El precedente afecta directamente a personas protegidas por este programa. Además, podría influir en futuros procesos vinculados con otros países cuyos ciudadanos permanecen bajo el mismo esquema migratorio.

Cómo completar el formulario I-9 para trabajadores con EAD extendido por orden judicial

Uscis también publicó instrucciones para las empresas que emplean trabajadores beneficiarios del TPS alcanzados por estas prórrogas. En la sección uno del formulario I-9, el empleado debe consignar la expresión “según orden judicial” en el espacio correspondiente a la fecha de vencimiento del documento.

En la Sección 2, el empleador deberá registrar la nueva fecha de expiración aplicable según el país de origen del trabajador. La fecha del 24 de julio corresponde a Haití y la del 17 de julio, a Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania.

El organismo migratorio recomendó incorporar una anotación sobre la extensión judicial y conservar la notificación oficial correspondiente junto con el formulario. Las empresas que utilizan E-Verify deberán ingresar esas mismas fechas al validar o actualizar los registros laborales de los empleados alcanzados por la medida.

María Elvira Salazar reafirma su respaldo a la Ley de Dignidad

De acuerdo con Salazar, la propuesta ha ganado espacio en el debate público gracias a su presencia en cientos de publicaciones y menciones en medios de comunicación de alcance nacional, estatal y local. La legisladora sostuvo que esa difusión refleja el interés por encontrar una respuesta legislativa al funcionamiento actual del sistema migratorio.

En ese contexto, la congresista afirmó en un comunicado que la ley reunió apoyos de distintos sectores de la sociedad. Entre ellos mencionó organizaciones religiosas, empresarios, agricultores, educadores, alcaldes y veteranos, quienes coinciden en la necesidad de “arreglar el sistema de inmigración estadounidense, que está obsoleto“.

¿Qué propone la Ley de Dignidad?

La iniciativa, registrada en el Congreso como H.R. 4393 y presentada el 15 de julio de 2025, plantea una reforma basada en varios ejes. Entre ellos se encuentran:

• El fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur
• La actualización del sistema de asilo
• La protección del mercado laboral estadounidense
• La creación de un mecanismo de regularización para inmigrantes que cumplan condiciones específicas

Uno de los puntos centrales es el denominado “Programa de Dignidad”, diseñado con una duración de siete años. Quienes sean aceptados obtendrían protección frente a la deportación y autorización para trabajar y viajar dentro del marco legal, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la propuesta.

Para acceder al programa, los solicitantes deberán registrarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), presentar información biométrica, superar verificaciones de antecedentes y no contar con historial criminal. Además, deberán mantenerse al día con sus obligaciones tributarias y realizar pagos de restitución durante el período previsto.

Financiamiento, dreamers y cambios en el sistema de asilo

El proyecto establece que los participantes del Programa de Dignidad aporten un total de US$7000 distribuidos a lo largo de siete años. Esos recursos serían destinados al American Worker Fund, un fondo orientado a la capacitación y actualización laboral de trabajadores estadounidenses. La propuesta también contempla un gravamen del 1% sobre los ingresos de los beneficiarios para cubrir los costos del programa, sin recurrir a fondos públicos.

La legislación incorpora disposiciones para los beneficiarios de DACA. En estos casos, se plantea la posibilidad de acceder a un estatus de residencia permanente condicional durante diez años, con la opción de avanzar posteriormente hacia la residencia permanente y, si cumplen los requisitos establecidos, solicitar la ciudadanía estadounidense.

Otro apartado modifica el sistema de asilo mediante la creación de campus humanitarios en la frontera sur. Allí permanecerían los solicitantes mientras sus expedientes son analizados en un plazo estimado de 60 días. La propuesta busca reemplazar el esquema conocido como “captura y liberación” por un procedimiento con resolución más rápida.

Seguridad fronteriza y el futuro del proyecto en el Congreso

En materia de control migratorio, la Ley de Dignidad incluye el despliegue de tecnología para la vigilancia de la frontera, como radares, drones y sensores, además de infraestructura física y un incremento del personal de la Patrulla Fronteriza. También establece la implementación obligatoria del sistema E-Verify para verificar la elegibilidad laboral de los trabajadores en todo el país norteamericano.

Salazar sostuvo que el proyecto no representa una amnistía, sino un mecanismo basado en el cumplimiento de requisitos, el pago de impuestos y la permanencia dentro del marco legal. La legisladora consideró que la propuesta ofrece una alternativa para abordar la situación de millones de inmigrantes sin abandonar las políticas de control fronterizo.

“Si queremos seguir siendo el ejército número uno del mundo, necesitamos seguir siendo la economía número uno del mundo. Y si no tenemos manos para hacer que esa economía crezca, no estoy segura de cómo vamos a lograrlo”, dijo durante una conferencia de prensa en abril. “Cubriremos y protegeremos a cada uno de los estadounidenses, independientemente de su afiliación política”, señaló.

Para convertirse en ley, la iniciativa todavía debe completar el proceso legislativo federal. Primero necesita ser aprobada por la Cámara de Representantes, luego por el Senado y, finalmente, recibir la firma del presidente de EE.UU.

Ley de Dignidad de María Elvira Salazar: 5 preguntas clave

• ¿Qué es la Ley de Dignidad y quién la impulsa? Es un proyecto bipartidista (H.R. 4393) presentado por la representante republicana María Elvira Salazar el 15 de julio de 2025, que propone reformar el sistema migratorio de EE.UU. con medidas de seguridad fronteriza, asilo, empleo y un mecanismo de regularización para indocumentados.
• ¿Cómo funciona el “Programa de Dignidad” para regularizar el estatus migratorio? Tiene una duración de siete años y otorga protección frente a la deportación, además de autorización para trabajar y viajar, siempre que el solicitante se registre ante el DHS, presente datos biométricos, no tenga antecedentes penales y esté al día con sus impuestos.
• ¿Cuánto deben pagar los beneficiarios del Programa de Dignidad? US$7000 distribuidos a lo largo de siete años, destinados al American Worker Fund, además de un gravamen del 1% sobre sus ingresos para cubrir los costos del programa sin usar fondos públicos.
• ¿Qué pasaría con los beneficiarios de DACA bajo esta ley? Podrían acceder a una residencia permanente condicional durante diez años, con la posibilidad de avanzar luego hacia la residencia permanente y, si cumplen los requisitos, solicitar la ciudadanía estadounidense.
• ¿En qué etapa se encuentra el proyecto y qué le falta para ser ley? Todavía debe completar el proceso legislativo: aprobación en la Cámara de Representantes, luego en el Senado y, finalmente, la firma del presidente de EE.UU.

Categorías para obtener la green card a través de la familia

De acuerdo con la información disponible en el sitio web del Uscis, los lazos familiares son una de las categorías a través de las cuales un extranjero puede solicitar la tarjeta de residente permanente. En todos los casos debe existir una relación familiar reconocida por la ley migratoria, ya sea con ciudadanos estadounidenses o con quienes ya sean titulares de una green card.

La residencia permite vivir, trabajar y eventualmente convertirse en ciudadano estadounidense. Esta categoría aplica para quienes pueden demostrar los siguientes parentescos:

• Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses: incluye a cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos que tengan al menos 21 años de edad.
• Categorías preferenciales basadas en la familia: para hijos solteros mayores de 21 años e hijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidenses de al menos 21 años. También incluye a cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes legales.
• Otras condiciones familiares: prometidos de ciudadanos estadounidenses con visas K-1 e hijos con visas K-2. También aplica para viudos de ciudadanos con quienes estaban legalmente casados al momento del deceso y autopeticionarios bajo la ley VAWA, es decir, víctimas de abuso o crueldad extrema por parte de ciudadanos estadounidenses.

Los requisitos específicos para cada uno de los casos pueden consultarse directamente en la página del Uscis.

Cuáles son las categorías para tramitar la residencia a través del empleo

La residencia permanente también puede obtenerse mediante el empleo. En ese sentido, el Uscis establece las clasificaciones de preferencia para trabajadores extranjeros e inversionistas.

Estos son los criterios:

• Primera preferencia: para profesionales con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, empresas o deportes. También aplica para profesores o investigadores destacados y gerentes o ejecutivos multinacionales.
• Segunda preferencia: para profesiones que requieren un título de posgrado o equivalente, personas con habilidades extraordinarias en ciencia, artes o empresas y también para aquellos que soliciten una exención por motivos de interés nacional.
• Tercera preferencia: para trabajadores con al menos dos años de capacitación o experiencia, profesionales con título universitario y empleados en labores que no requieren demostrar años de trayectoria.
• Médicos e inversionistas: los profesionales de la salud pueden obtener una exención por interés nacional si aceptan trabajar a tiempo completo en áreas de poco acceso a servicios sanitarios. A su vez, los inversionistas deben aportar un capital mínimo de US$1.050.000 en áreas de interés y las nuevas empresas comerciales deben generar al menos 10 puestos de trabajo calificados a tiempo completo.

Estatus migratorios que permiten solicitar la green card en EE.UU.

En algunos casos, el Uscis permite a los migrantes que ya se encuentran en territorio estadounidense con estatus legal aspirar a la residencia permanente.

Esta categoría agrupa a perfiles con condiciones laborales, humanitarias o de cooperación internacional específicas, por ejemplo:

• Trabajadores religiosos vinculados a una organización sin fines de lucro.
• Jóvenes inmigrantes especiales que incluye a menores desamparados, abusados o abandonados bajo tutela judicial.
• Nacionales afganos o iraquíes que fungieron como traductores o empleados del gobierno de EE.UU.
• Representantes de medios de comunicación internacionales.
• Personal jubilado o familiares de organizaciones internacionales o de la OTAN.
• Migrantes que fueron admitidos en el país como refugiados pueden realizar su solicitud al cumplir un año bajo dicho estatus.
• Programa de visas de diversidad para personas seleccionadas en la Lotería de visas del Departamento de Estado.

Proceso PERM para la green card y los controles que podrían aumentar

El procedimiento exige que el empleador demuestre ante el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) que no encontró trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, calificados y disponibles o calificados para cubrir la vacante antes de contratar a un trabajador extranjero. De acuerdo con Olmedo, vicepresidente y asesor global de inmigración de Univision, la revisión oficial pondrá especial atención en la documentación presentada por las empresas.

Uno de los aspectos que recibirán mayor supervisión será el reclutamiento realizado por el empleador. Las autoridades analizarán los currículums recibidos durante la búsqueda de candidatos y revisarán los motivos por los que fueron descartados los ciudadanos o residentes que se postularon al cargo.

“Ahora va a haber más escrutinio por parte del gobierno", explicó Olmedo a Univision. “Y se anticipa que haya un cambio también en lo que sería la determinación salarial“, agregó. Esa evaluación toma como referencia la ocupación y la zona geográfica donde el trabajador desempeñará sus funciones.

Además, señaló que el Proceso de Certificación Laboral (PERM, por sus siglas en inglés) mantiene requisitos establecidos hace años. Entre ellos figura la obligación de publicar avisos laborales en periódicos impresos, un mecanismo que podría ser reemplazado por herramientas digitales si se concreta una actualización de la normativa.

"Tienen que modernizarlo ya que nadie lee un periódico en papel, todo tiene que ser electrónico", señaló el especialista. “Entonces, vamos a ver qué tipo de modernización aplican”, indicó.

Cuánto demora el proceso PERM para obtener la green card laboral

El programa PERM fue creado para agilizar la certificación laboral mediante un sistema electrónico. Sin embargo, Olmedo explicó que los tiempos actuales de procesamiento rondan un año y medio, muy por encima de los plazos previstos cuando fue implementado.

La certificación laboral constituye la primera etapa del proceso migratorio. Una vez que el DOL aprueba la solicitud, el empleador puede presentar la petición de inmigrante ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), organismo encargado de evaluar la residencia permanente.

Este procedimiento suele aplicarse a trabajadores que ingresaron al país norteamericano con visas temporales de empleo, como H-1B, O-1 o TN, y cuyos empleadores deciden iniciar el patrocinio para obtener una green card. “Este es el proceso a través del cual se le muestra al gobierno que no encontraron a residentes ciudadanos, por lo tanto, el empleador manifiesta la necesidad de contar con ese extranjero”, explicó Olmedo.

Cómo afectarían los cambios del PERM a empresas y trabajadores extranjeros

Olmedo indicó que el sector tecnológico concentra una parte importante de estas solicitudes debido a la demanda de profesionales especializados. En ese contexto, muchos empleados provenientes de India y China dependen del sistema PERM para avanzar hacia la residencia permanente.

No obstante, incluso quienes ya cuentan con una certificación laboral aprobada pueden enfrentar importantes esperas por la disponibilidad limitada de visas dentro de las categorías migratorias basadas en empleo. “Miles y miles de personas aguardan. Hay una espera, por ejemplo, en el caso de la India, de hasta casi diez años“, indicó el especialista.

Ante este escenario, Olmedo recomendó que tanto las empresas como los trabajadores preparen expedientes completos y con documentación suficiente para responder a las nuevas revisiones. El incremento de los controles administrativos podría extender los tiempos de análisis y elevar las exigencias durante cada etapa del proceso.

La nueva prioridad en las entrevistas de ajuste de estatus del Uscis

Durante las entrevistas migratorias, los oficiales ya no se limitan a verificar que el solicitante reúna los requisitos legales. Ahora también analizan si existen fundamentos suficientes para justificar que la persona obtenga la residencia sin salir del país norteamericano.

De acuerdo con Telemundo, en ese contexto, una pregunta pasó a ocupar un lugar central en las entrevistas: por qué el extranjero decidió permanecer en EE.UU. para solicitar la green card en lugar de realizar el trámite consular desde su país de origen.

El cambio responde a un memorando de política identificado como PM-602-0199, firmado el 21 de mayo, que redefine el ajuste de estatus como un beneficio sujeto a la discrecionalidad de la autoridad migratoria y no como un trámite administrativo que se concede de manera automática.

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en EE.UU. y desee obtener la green card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, indicó Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado.

Por esa razón, los funcionarios deben valorar toda la información disponible antes de decidir si corresponde autorizar el beneficio al considerar las circunstancias individuales de cada expediente.

Qué deben demostrar ahora los solicitantes de ajuste de estatus

Las nuevas directrices indican que la carga de presentar elementos favorables recae sobre el solicitante; ya no alcanza únicamente con acreditar que se cumplen las condiciones de elegibilidad previstas por la legislación migratoria.

Durante la entrevista, los oficiales pueden solicitar explicaciones y documentación destinada a respaldar por qué el caso merece una evaluación favorable. El análisis contempla tanto los aspectos positivos como cualquier elemento que pueda jugar en contra de la solicitud.

Entre los factores que pueden fortalecer un expediente figuran:

• Los vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes
• El historial de cumplimiento de las normas migratorias
• La conducta del solicitante
• Razones humanitarias o sociales
• Circunstancias que demuestren que conceder la residencia resulta compatible con el interés de EE.UU.

Permanecer en EE.UU. ahora tiene mayor peso en la evaluación del ajuste de estatus

Las instrucciones también establecen que la decisión de permanecer en territorio estadounidense para evitar el proceso consular puede ser considerada un aspecto desfavorable dentro del análisis migratorio.

Los oficiales revisan si esa permanencia guarda relación con una intención previa de establecerse de forma permanente en el país norteamericano. Esto surge especialmente cuando la persona ingresa con una visa temporal destinada a otro propósito, como estudios, turismo o empleo por tiempo limitado.

En los casos donde existan antecedentes que puedan afectar la solicitud, el interesado deberá aportar razones adicionales que compensen esos factores y convenzan al Uscis de ejercer su facultad discrecional a favor de la aprobación.

Por qué el Uscis modificó el criterio para otorgar la residencia

La agencia sostuvo que estas medidas buscan restablecer el funcionamiento previsto por la legislación migratoria. Con la aplicación de las nuevas pautas se prioriza el procesamiento consular como vía principal para obtener la residencia permanente.

Según el organismo, este esquema permite que las solicitudes sean atendidas desde el país de origen del extranjero. Esto reduce la cantidad de personas que permanecen en EE.UU. después de una decisión negativa sobre su residencia.

Además, el Uscis consideró que concentrar los casos de green card en el proceso consular facilita la distribución de sus recursos para otras áreas de competencia, entre ellas las solicitudes de naturalización y determinados programas migratorios especiales.

Los dos niveles de revisión que la CBP puede hacer en un celular

El 1° de enero de 2026 entró en vigor la directiva de la CBP N° 3340-049B titulada “Búsqueda fronteriza de dispositivos electrónicos”.

En el documento se explican las pautas y procedimientos operativos que permiten la revisión, copia, retención e intercambio de la información contenida en equipos como celulares de viajeros que ingresan o salen de EE.UU.

Según la normativa, cuando los agentes fronterizos tienen sospechas o consideran necesario profundizar en la investigación de un pasajero, ya sea ciudadano o extranjero, pueden solicitarle su dispositivo electrónico e iniciar alguno de los dos niveles de búsqueda con los siguientes alcances y diferencias:

• Búsqueda básica: se trata de una inspección manual de contenidos que residen directamente en el dispositivo. Esto incluye aplicaciones, archivos, fotografías, correos electrónicos, mensajes, entre otros.
• Búsqueda avanzada: este nivel de investigación se inicia cuando existen sospechas de que el viajero representa una amenaza para la seguridad nacional por terrorismo, pornografía infantil, contrabando de drogas, armas o dinero. Los agentes pueden conectar equipos técnicos externos al dispositivo para copiar la totalidad o parte de los contenidos en el teléfono y realizar un análisis forense digital.

Qué pueden hacer los agentes de la CBP con la información de los celulares de los viajeros

En caso de que los agentes de la CBP encuentren en el celular alguna información que consideren relevante, tendrán el derecho y la obligación de documentar y registrar en los sistemas internos cualquier observación, texto o dato de interés vinculado a asuntos de inmigración o seguridad.

La normativa establece que únicamente en el caso de búsquedas avanzadas se puede utilizar un software especializado para eludir contraseñas, romper el cifrado o traducir automáticamente textos almacenados en el celular.

Cuánto tiempo guarda la CBP la información de un dispositivo electrónico

La CBP recordó que la revisión de dispositivos electrónicos no se limita a los celulares; también se puede solicitar al viajero otros equipos como computadoras, tabletas, memorias, relojes inteligentes, reproductores de música, entre otros.

Una vez que la agencia tiene acceso al contenido, la regulación indica lo siguiente:

• Retención temporal: las copias solo pueden almacenarse por un máximo de 21 días, tiempo para evaluar si existe una razón legal para conservarlas.
• Eliminación de la información: si luego de 21 días no existe razón para sospechar del viajero, todos los registros deben ser eliminados con base en los manuales de seguridad informática de la agencia.
• Envío a otras agencias de seguridad: si la CBP detecta violaciones a las leyes federales, la información que obtenga a partir de los dispositivos electrónicos se enviará a los archivos oficiales o se transferirá a otras agencias de seguridad como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Finalmente, se explica que el propietario de un dispositivo electrónico está obligado a entregarlo y facilitar la inspección si así lo solicita un agente.

En caso de que la persona se niegue a participar en el proceso, su dispositivo puede ser retenido y, si se trata de un extranjero, se le puede negar el ingreso a EE.UU.

El alcance de la extensión del TPS para ciudadanos del Líbano

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) oficializó una medida que impacta directamente a los migrantes originarios de Líbano. Según lo publicado en el Registro Federal, la designación para este país fue extendida de manera automática.

Esta decisión responde a una disposición legal que protege a los beneficiarios cuando el Secretario de Seguridad Nacional no logra determinar, con al menos 60 días de antelación al vencimiento, si las condiciones del país de origen aún justifican la permanencia del estatus.

Debido a eventos críticos desarrollados durante marzo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no pudo completar una evaluación exhaustiva a tiempo, lo que resultó en la extensión automática del beneficio desde el 28 de mayo hasta el 27 de noviembre de 2026.

Situación de los beneficiarios del TPS y documentos de trabajo

La extensión no requiere de un nuevo proceso de registro para quienes ya cuentan con el estatus. Sin embargo, es fundamental comprender cómo esta prórroga afecta la documentación laboral:

• Se extiende automáticamente la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) previamente emitidos bajo la designación de Líbano hasta el 27 de noviembre de 2026.
• Los beneficiarios que posean un EAD con fecha de vencimiento original del 27 de mayo no necesitan realizar ningún trámite adicional para validar su permiso de trabajo durante este semestre extra.
• Quienes deseen obtener un nuevo EAD con la fecha de expiración actualizada impresa en la tarjeta pueden presentar el Formulario I-765, abonando las tarifas correspondientes.

Mientras los migrantes mantengan su elegibilidad, podrán permanecer en el país norteamericano sin riesgo de deportación y conservar su autorización laboral. No obstante, el Uscis recuerda que esta es una medida temporal sujeta a revisión constante por parte del gobierno de Estados Unidos.

Preparativos ante el vencimiento del 27 de noviembre para los ciudadanos del Líbano

El 27 de noviembre representa una fecha límite inamovible en el calendario actual. La administración fue enfática al señalar que, previo a este día, se llevará a cabo una revisión profunda de las condiciones prevalecientes en Líbano.

Ante este escenario, el Uscis aconseja a los actuales beneficiarios que aprovechen este periodo de gracia para evaluar sus opciones a largo plazo.

Estas son las recomendaciones puntuales:

1. Gestionar documentos de viaje actualizados ante las autoridades de su país de origen.
2. Explorar si existen otras vías legales de inmigración disponibles para permanecer en territorio estadounidense tras la expiración del plazo.
3. Mantenerse informados a través de los canales oficiales del Uscis respecto a cualquier resolución futura sobre el TPS.